8 de noviembre de 2017

La lucha contra la nueva Ley de Riego, en Uruguay, comienza a intensificarse. Aprobada en el Congreso sin asesoramiento de especialistas y en sintonía con informes del Banco Mundial, la normativa causó malestar, ya que implica no solo la privatización del riego de cultivos, sino un ataque al medioambiente. Por otro lado, va en contra de la Constitución porque «avanza sobre la creación de un mercado del agua que se instrumentará a través de agentes privados de gestión», como explica Anahit Aharonian, firmante de una carta de científicos opositores a la ley. Según se denunció en una marcha que encabezó la Asamblea Permanente en Defensa de la Tierra, el Agua y los Bienes Naturales, se está promoviendo la creación de embalses que contaminarán los cursos de agua alojando restos de fertilizantes.