4 de octubre de 2024
Reclamo masivo. Movilizaciones en todo el país en defensa de la recomposición de recursos a universidades.
Foto: Javier Corbalán
La visión presidencial sobre el rol del Congreso, en el cual los diputados representan directamente al pueblo argentino y los senadores a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, vuelve a poner en tensión el libre juego democrático. Esta vez, mediante el decreto de veto a la Ley 27.757 de Financiamiento Universitario, respuesta inmediata de la Casa Rosada apenas horas después de la multitudinaria marcha federal en defensa de la educación superior pública, gratuita y de calidad.
Frente a esa masiva manifestación plural y popular, el veto incluyó entre sus fundamentos la supuesta necesidad de «limitar la discrecionalidad del Poder Legislativo Nacional». Según el presidente Javier Milei, el Parlamento «debe actuar con sensatez institucional, de forma responsable».
Es decir, a juicio del mandatario, los legisladores deberían cuidarse de «no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto Nacional». Una observación sobre esta última frase. La referencia corresponde al proyecto enviado al Parlamento, ya que el Presupuesto definitivo será el que surja del tratamiento y la aprobación de la iniciativa por ambas Cámaras, si el Poder Ejecutivo no la veta.
Lo cierto es que no se alcanza a percibir ninguna discrecionalidad ni insensatez en la aprobación de una ley que apenas procura actualizar las partidas para cubrir gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios a las que concurren para formarse profesionalmente cientos de miles de jóvenes. La ley en cuestión solo busca que los recursos no sufran la erosión inflacionaria de los últimos meses y dispone un mecanismo de ajuste bimestral.
Tampoco parece excesivo plantear, para los salarios del personal, docente y no docente, una recomposición desde el 1º de diciembre pasado y una actualización mensual que acompañe al aumento del costo de vida.
La razonabilidad del veto queda claramente en duda, si se considera que entre enero y agosto pasados las transferencias a las universidades cayeron en términos reales (descontando la inflación), un 33,5% respecto de idéntico período de 2023.
Parate productivo. El Índice General de Actividad descendió en agosto un 0,6% mensual.
Foto: Getty Images
Esta poda, de acuerdo con los planes oficiales, continuaría en 2025. El proyecto de Presupuesto prevé que las transferencias a las universidades se limiten al 0,5% del PIB, el menor nivel de los últimos 20 años.
A falta de argumentos más sólidos y en respaldo del drástico ajuste de gastos estatales que se viene ejecutando, el jefe de Estado sostiene que el proyecto aprobado «no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al Gobierno políticamente».
Milei insiste en que «no se puede gastar más de lo que ingresa», cuando el impacto fiscal de la recomposición del presupuesto universitario sería de solo el 0,14% del PIB. Mucho menos que los ingresos cedidos a los contribuyentes de mayor patrimonio al reducir las alícuotas del impuesto a los Bienes Personales.
Recesión en aumento
Cada día queda más en evidencia la reconfiguración de las reglas de juego que busca consolidar el Gobierno nacional. Un intento que no trepida en propiciar una clara redistribución regresiva de los ingresos y una recesión productiva aún lejos de concluir, con su reflejo más preocupante en el salto del desempleo, la pobreza y la indigencia.
Según la consultora OJFerreres, el Índice General de Actividad descendió en agosto un 0,6% mensual (en términos desestacionalizados). Durante julio, las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas cayeron un 13,2% interanual, mientras los niveles de facturación fueron un 11% inferiores a los de noviembre del año pasado.
La baja del consumo tiene su correlato con los niveles salariales, pese a cierto repunte reciente, debido a que las paritarias van recuperando una parte mínima de la inflación pasada.
En realidad, los salarios se muestran aún en niveles muy inferiores a los de 2023: los del sector privado registrado presentan una retracción interanual real del 10,6% en el primer semestre (último dato conocido del Indec) y los de empleados estatales retrocedieron un 24%.
Tampoco llegan las inversiones: las industrias, con la mitad de su capacidad instalada ociosa, no renuevan sus bienes de capital y la construcción sigue sin recuperación por el freno en la obra pública, mientras no mejoran todavía las expectativas empresariales.
El círculo vicioso y de retroceso sin fin al que apuesta el Gobierno para bajar la inflación, sin detenerse en el perjuicio ocasionado a la mayor parte de la población y a los mayoritarios agentes productivos (las micro, pequeñas y medianas empresas), no luce como un modelo sustentable. Y menos aún cuando el camino que se propone a los y las jóvenes es el de una educación de menor alcance y excelencia.
