8 de octubre de 2024
Mendoza. En la capital cuyana, como en decenas de lugares de todo el país, miles de personas se manifestaron contra el veto a la ley universitaria.
Foto: Claudio Gutierrez
Luego de la multitudinaria segunda marcha federal universitaria, que se pronunció en contra del veto presidencial a la ley aprobada por amplias mayorías en el Congreso nacional para asegurar los fondos para los salarios, se generó un debate acerca del sentido ideológico y cultural del evento.
El elemento más destacable es que se repitió la masividad y amplitud de la anterior, con el agregado de la participación más protagónica en esta oportunidad de sindicatos, organizaciones de la cultura, núcleos feministas, entre otros. Sin embargo, los editorialistas de los grandes medios hegemónicos salieron inmediatamente a intentar fijar una lectura y un sentido particular a lo ocurrido el pasado miércoles.
El argumento principal es que las manifestaciones en todo el país fueron «menos interpelantes que la anterior por la presencia predominante de los sindicatos docentes», o bien, en el otro caso, reconociendo que fue masivo, pero de menor alcance que el 23 de abril.
Queda claro que se intenta limitar a lo cuantitativo en la búsqueda de rebajar la importancia política que tuvo esa extraordinaria manifestación pública, que no solo se propuso defender a la universidad y la educación, sino que, en realidad, es una defensa más extendida de todo lo público, cuestionado abiertamente por el Gobierno mileísta.
Una causa noble
La universidad no es el único objetivo de reducción de lo público por parte del Ejecutivo, su mira apunta al conjunto de los servicios que brinda el Estado nacional, incluyendo sus empresas más representativas, que el Gobierno tiene la intención de privatizar. Vale recordar que en la Ley Bases original se habían incluido 48 empresas estatales que serían privatizadas, aunque quedaron solo 5 tras los debates legislativos que derivaron en su aprobación. También resulta imprescindible aclarar que el Gobierno, mediante un decreto, avanzó hace pocos días sobre la voluntad del Poder Legislativo, al disponer que Aerolíneas Argentinas está «sujeta a privatización». De esta manera se desconoce la voluntad del Congreso nacional de sostenerla como línea de bandera del Estado nacional.
El otro elemento de la narrativa para relativizar el valor político de la movilización fue el de asignarle a la expresidenta Cristina Fernández y a «un nuevo frente de izquierda populista» la responsabilidad de las masivas marchas, desconociendo su autenticidad. La convocatoria pasó por el Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea a los rectores de todo el país, las organizaciones estudiantiles, los sindicatos docentes y no docentes, y además fue rodeada por numerosos y diversos núcleos democráticos de la sociedad.
Una vez más queda demostrado que la universidad, al igual que la educación pública en general, expresa un rasgo determinante de la sociedad argentina, que posibilitó el progreso y la mejora en la vida de vastos sectores sociales humildes y de las clases medias, justamente a través de la educación y la salud pública.
No al cierre. Trabajadores y trabajadoras del Hospital Laura Bonaparte hicieron un abrazo simbólico al centro de salud.
Foto: NA
La crítica al masivo encuentro fue coronada por el presidente Javier Milei, quien luego de que su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificara como golpistas a los manifestantes, los acusó de «prostituir una causa noble».
Cierre de hospitales
Coincidentemente con este acontecimiento es importante registrar la crítica de la Pastoral Social de la Iglesia advirtiendo sobre las consecuencias que tiene para los sectores medios y humildes el actual plan económico, así como su preocupación por que se afiance la justicia social «para impedir la proliferación del descarte humano y material que va dejando a su paso violencia y desolación».
En este sentido, resulta imprescindible registrar un nuevo propósito del Gobierno: el cierre de un hospital público, como es el Laura Bonaparte, dedicado a las adicciones y la salud mental, así como restringir el presupuesto del Hospital Garrahan, referencia nacional de la atención pediátrica. Pocas veces hemos visto en la historia argentina tal grado de deshumanización de una política que llega a proponer cerrar hospitales públicos, dejando a decenas de miles de pacientes sin atención y a sus trabajadores sin empleo. La conclusión es clara: todo es sacrificable en el altar del superávit fiscal.
La reciente manifestación masiva del pueblo argentino en todo el país exhibe la enorme reserva democrática de la sociedad y el reclamo por constituir un programa político progresista que salga al encuentro de esta gravísima emergencia social.
