18 de octubre de 2024

Cristian Carrillo

La emblemática empresa metalúrgica mendocina será el caso testigo para la venta de compañías públicas impulsada por el Gobierno. Rescate, estatización y después.

La compañía Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA), emblemática para Mendoza en el rubro de la metalmecánica, pasará pronto a tener su control mayoritario en manos privadas, que ya estaba previsto en los planes de lo que fuera su «rescate» en 2021 con estatización mayoritaria entre Nación y la provincia cuyana.

Hasta la llegada del Gobierno privatizador de Javier Milei se especulaba con la posibilidad de que quedara en manos locales la acción de oro. Sin embargo, la principal interesada en comprar las acciones es la firma estadounidense ARC Energy, de la industria del Oil and Gas, que busca sanear la deuda de US$ 500 millones y garantizar la continuidad de las operaciones dentro y fuera del país.

La compañía nacional IMPSA juega un papel central en sectores clave para el desarrollo, entre ellos las energías renovables, la hidráulica y la nuclear. Luego de un guiño esencial del Gobierno de Mendoza, ahora solo resta la presentación de una oferta privada que le permita a la administración libertaria desprenderse de la firma.

El Ministerio de Economía, a través de la secretaría de Coordinación de Producción, que conduce Juan Alberto Pazo, llamó a la licitación pública nacional e internacional para la venta del 100% de las acciones clase C (estatales) de IMPSA. El plazo para la presentación de ofertas está abierto desde el 1 de octubre y se cierra el 31 de octubre. El Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) y la provincia de Mendoza, que poseen el 63,7% y 21,2% del capital social, respectivamente, pusieron a la venta oficialmente la totalidad de sus acciones clase C de IMPSA, que conforman el 84,9% del capital social.

Orígenes
Los orígenes de IMPSA se remontan a 1907, cuando Enrique Epaminondas Pescarmona fundó sus Talleres Metalúrgicos en Mendoza para la fabricación de piezas de repuestos de material de fundición de hierro, equipos para la industria vitivinícola y compuertas para los canales de irrigación. En los 80 la empresa se conviritó en un referente mundial en la construcción de grúas portuarias y centrales hidroeléctricas bajo la modalidad «llave en mano», llevando adelante una política agresiva de Investigación y Desarrollo (I+D) con la construcción de un Centro de Investigaciones Tecnológicas propio. Ya en los 90 se consolidó en el mercado de la energía como desarrollador de proyectos hidroeléctricos, obteniendo dos importantes contratos bajo la modalidad B.O.T. (Build Operate and Transfer): Potrerillos, en Argentina, y CBK, en Filipinas. Mientras, comenzaban las investigaciones sobre energía eólica. En el año 2000 nació la unidad de negocios Wind con la que IMPSA apostó fuerte a la energía eólica con aerogeneradores de alta tecnología. En ese momento obtuvo la adjudicación del contrato para construir la Central Hidroeléctrica Tocoma, en Venezuela, con las turbinas Kaplan de mayor potencia jamás construidas. Al tiempo, firmó contratos con la Rioja, bajo modalidad EPC, para proveer doce aerogeneradores con diseño IMPSA del tipo IWP-83 de 2,1 MW clase II, para el proyecto Arauco I. En este proyecto, IMPSA también tuvo a su cargo la operación y mantenimiento del parque. A su vez, logró la adjudicación de Arauco Etapa III.

En su época de esplendor, la empresa llegó a contar con 1.300 trabajadores, operar con más de un centenar de pymes y exportar el 85% de su producción a 40 países, para los que produjo turbinas, torres eólicas, puentes grúas, generadores para la industria nuclear, energía eólica y solar fotovoltaica. Pero la compañía también sufrió altibajos y periodos de desgracia, especialmente en la primera mitad de la década de 2010, cuando comenzaron las turbulencias, al no poder cobrar importantes sumas de dinero por proyectos energéticos en Brasil y Venezuela. La crisis coincidió además con el colapso de su subsidiaria en Brasil, Wind Power Energy (WPE), que acumuló una deuda total de US$ 850 millones, sumándose a los US$ 250 millones que ya arrastraba. En agosto de 2020 IMPSA pidió asistencia al Ejecutivo, ante la imposibilidad de reestructurar su deuda. Tres meses más tarde, pudo lograrlo y acordó con los acreedores cancelar los pasivos con un período de gracia hasta 2025. Además, consiguió una reducción significativa de los intereses al 1,5%, en tanto que los pagos de capital quedaron postergados a 2028. Desde entonces, avanzó un plan de rescate de estatización de las acciones de clase C, plasmado finalmente entre marzo y mayo de 2021.

A fines de septiembre se anunció la apertura de la licitación que se inicia el 1 de octubre para terceros y actuales accionistas que adquieran el pliego y cumplan con las condiciones establecidas. El pliego puede ser adquirido por $1.000 en la Ciudad de Buenos Aires, se presentan las ofertas y la apertura de sobres será el mismo 31 de octubre.

Compartir