12 de noviembre de 2024
El envío al Senado de 150 pliegos para cubrir puestos en juzgados, fiscalías y defensorías abre un tiempo de negociaciones entre oficialismo y oposición. Un tercio del total de los cargos están libres.
Tribunales. El Poder Ejecutivo. Propone un «intercambio de nombres».
Foto: Jorge Aloy
El Gobierno de Javier Milei anunció el envío de 150 pliegos de jueces, fiscales y defensores al Senado de la Nación para buscar su designación. Se trata del 15% del total de cargos de la Justicia nacional y federal. A través de esta decisión, la Casa Rosada invita a negociar a la oposición, sobre todo al peronismo y a gobernadores, porque no tiene los votos para los nombramientos. En esa negociación se incluyen los pliegos de los candidatos del Ejecutivo para la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Si la propuesta de los 150 cargos no da resultados, Milei analiza designar a sus postulantes al Tribunal Supremo por decreto. En esa línea, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó por primera vez en una entrevista que esa vía es una alternativa que no hay que descartar.
Para aprobar los pliegos de los 150 postulantes para distintos cargos de juez, fiscal y defensor se requiere una mayoría simple en el Senado que el oficialismo no reúne. Según adelantaron desde el Gobierno, irán enviando distintas tandas de ese centenar y medio de pliegos para llegar a acuerdos con los distintos sectores de la oposición. Está claro que la intención en Balcarce 50 es negociar con el bloque peronista que tiene 33 de los 72 senadores e incluir en esas tratativas a sus candidatos para la Corte. En el peronismo, por ahora, se muestran reticentes a cualquier designación. Como el PRO tiene 7 legisladores en la Cámara Alta, por ahora no es parte de las conversaciones, lo que provocó una nueva tensión entre La Libertad Avanza y el macrismo.
Los cargos a cubrir son de los más variados. Incluyen integrantes de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de La Plata, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico; y juzgados federales de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Chaco, Salta, Entre Ríos, Mendoza, Tucumán y Santa Fe.
Según el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, la gestión mileísta heredó un déficit del 30% en cargos de jueces y del 50% en fiscales. De acuerdo a datos del Consejo de la Magistratura, de los 1.002 cargos que hay en la Justicia nacional y federal, 300 están vacantes. De ese total, 161 están para ser cubiertos por el Poder Ejecutivo (54%), lo que implica que los concursos concluyeron y las ternas fueron aprobadas en el Consejo de la Magistratura. Las restantes 139 vacantes tramitan en el Consejo (46%), es decir, se están concursando o se van a concursar.
Otro dato que agregan desde el Consejo de la Magistratura es que de las 300 vacancias, 274 son cargos que están habilitados mientras que 26 aún no lo están porque son cargos nuevos –como un juzgado en una jurisdicción que no tenía ninguno– que aún no entraron en funciones.
A paso lento
¿Qué implica que el 30% de los cargos de la Justicia nacional y federal estén vacantes? Una de las consecuencias más evidentes es la demora en la resolución de casos. Porque donde hay una vacante hay una subrogancia, es decir, un juez o fiscal que está cumpliendo una doble función. Esto ralentiza los procesos. También implica una mayor concentración de poder. Por ejemplo, Lijo, el candidato del Gobierno a la Corte, en la actualidad está a cargo de 2 de los 12 juzgados de Comodoro Py. Julián Ercolini, otro magistrado del mismo edificio, donde tramitan las causas políticas más sensibles, lo mismo. Entre Lijo y Ercolini concentran el 33 % de las causas que se tramitan en los tribunales federales de Retiro.
Francos. EL jefe de Gabinete anticipó la intención del Gobierno de designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte.
Foto: NA
Entre las 300 vacantes se cuentan tres cargos clave en la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país que revisa lo que sucede en todas las causas penales federales. Es el que puede revertir lo resuelto en un juicio como el de Vialidad, donde fue condenada Cristina Fernández, por ejemplo. Se trata de una cámara con 13 sillones de los cuales en la actualidad hay 10 cubiertos. Cinco de esos cargos los designó Mauricio Macri durante su presidencia. La Casación es la instancia penal previa a la Corte.
También está vacante desde finales de 2017 el cargo de Procurador General de la Nación, el jefe de todos los fiscales. Para nombrar al titular del Ministerio Público Fiscal se requieren los mismos votos que para un ministro cortesano: los dos tercios de los votos del Senado. Son varios los nombres que circulan para este puesto. Por lo pronto ninguno confirmado.
En la Corte Suprema en la actualidad hay una vacante, la de Elena Highton, quien renunció en 2021, a los 78 años. Pero el Gobierno de Javier Milei se apuró en jubilar a Juan Carlos Maqueda, actualmente en funciones, quien el 29 de diciembre cumplirá 75 años, la edad límite para ejercer el cargo de juez. Un magistrado puede extender 5 años sus funciones si se solicita una prórroga a propuesta del presidente y el Senado la aprueba. Milei bloqueó esta posibilidad en marzo pasado. Decidió postular a su reemplazante 9 meses antes de que el abogado cordobés llegara al límite etario para ejercer la magistratura. En su lugar, el Ejecutivo propuso a Manuel García Mansilla. Lijo es el candidato para ocupar la vacante de Highton. Esto implica que a finales de este año la Corte quedará con tres integrantes: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Como el Gobierno requiere de los dos tercios de los votos en el Senado para designar a los ministros cortesanos y no los tiene, los 150 pliegos que se anunciaron parecen encajar en una estrategia de negociaciones «amplias» para intentar avanzar con los nombramientos puntuales que desea el Ejecutivo. Propone un «intercambio de nombres».
Si esa maniobra fracasa, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó que podrían designar a García Mansilla y Lijo por decreto. «Esto se hizo anteriormente durante el Gobierno del presidente Macri como una cuestión transitoria y es una alternativa que habrá que ver si es necesaria porque tampoco es razonable que la Corte esté durante tanto tiempo con menos integrantes de lo que corresponde. Por eso los fallos se demoran tanto», afirmó Francos en declaraciones radiales. Y añadió: «Esa alternativa se ha utilizado en la Argentina en el período del receso del Congreso. Es un tema que puede ser considerado». Lo que no dijo el jefe de ministros es que cuando Macri propuso a Rosatti y a Rosenkrantz por decreto fue tal el escándalo que se produjo que tuvo que retrotraer su decisión y terminó nombrando a ambos cortesanos por la vía reglamentaria, con apoyo del Senado.
En este contexto, la propuesta del Gobierno de negociar 150 pliegos asoma como uno de los últimos intentos por intentar destrabar en el Senado la designación de sus dos candidatos para la Corte.
