11 de noviembre de 2024
Firme contra el pueblo. El Parlamento, un blanco de los discursos y las prácticas del Gobierno.
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El presidente de la Nación no oculta su fervor por el triunfo de su amigo Donald. Siente que ha ganado su apuesta, esperanzado en que nuevamente el presidente de Estados Unidos lo favorecerá influyendo sobre el Fondo Monetario Internacional. Esto va unido a su proverbial personalismo, que se expresa en aquello de «Trump y yo somos los dos líderes más grandes del mundo».
Ahora bien, la victoria del republicano lo toma en pleno momento de ofensiva contra el sistema institucional y la vida democrática del país. Ese propósito lo lleva a cabo con un estilo típico de los proyectos autoritarios con un componente de odio a quienes se le oponen.
Lo más significativo es el ataque permanente al Congreso Nacional, al que descalifica como institución, y a sus integrantes, a quienes desde el primer día les dio la espalda y los califica de «nido de ratas». Una conducta similar manifiesta hacia los partidos políticos, las organizaciones sindicales, estudiantiles, universitarias, a las que incluye en la categoría de «casta que debe ser destruida».
El esquema cierra con una neutralización del Poder Judicial, al que ya había sometido a su voluntad mayoritariamente el expresidente Mauricio Macri. Hoy ese pacto se expresa en un punto central de la vida política argentina como es el enjuiciamiento a la expresidenta Cristina Fernández por los jueces de Comodoro Py, lo cual incluye no investigar a los inspiradores y financistas del intento de magnicidio contra ella. En tal sentido, el miércoles será un día de alto voltaje político, ya que se espera la ratificación de la condena mientras en las calles habrá manifestaciones de apoyo a Cristina Fernández.
Sobrevuela la experiencia de Lula en Brasil, quien fue absurdamente descalificado por los tribunales de ese país y encarcelado con el objetivo de proscribirlo como candidato presidencial. Fue la propia Justicia la que a posteriori resolvió que en los fallos en su contra había intencionalidad política, a partir de lo cual debió ser liberado de las acusaciones y logró su ulterior triunfo electoral.
El Gobierno argentino pondera la utilización de otra variante, como es designar durante el receso de verano a dos jueces en la Corte. Una pirueta que, a diferencia de lo que ocurrió con Macri en 2016, podría ser menos complicada, habida cuenta de que tanto el presidente del Supremo Tribunal como otro de los magistrados habían aceptado esa forma de llegar al cargo. Dos de tres sobran para articular una medida semejante. Si se agrega la desregulación y anuncio de privatización del Correo Central, se acrecientan las dudas sobre la transparencia de las futuras elecciones por el papel decisivo que cumple esa institución en el proceso electoral argentino.
Los límites de lo posible
La estrategia del presidente Milei de restricción del sistema democrático obliga a las grandes mayorías sociales y sus partidos políticos a defender la institucionalidad ante el avance de la derecha. Sin embargo también se impone revisar el sentido de época de la propia democracia, ya que la dirigencia política se fue deslizando a la aceptación del estrecho límite a los cambios que toleran los poderes económicos locales y los grandes centros financieros internacionales, con el argumento de que no hay condiciones que hagan posibles transformaciones que favorezcan una auténtica distribución de la riqueza y mejoren la vida de la sociedad.
El amigo americano. «Trump y yo somos los dos líderes más grandes del mundo», dijo Milei.
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Esa opción implica un conflicto político, social y cultural, punto que es debatido en diversos lugares del planeta. Es interesante registrar los dichos del senador de izquierda estadounidense Bernie Sanders, quien se mostró muy crítico de los dirigentes del Partido Demócrata expresando: «Hemos abandonado a la clase trabajadora». Luego añadió: «Vivimos en una nación rica que no puede garantizar el derecho a la salud. Tenemos más desigualdad de ingresos y riquezas que nunca y los salarios son en promedio los más bajos en 50 años». Finalmente expresó que «aquellos que nos preocupamos por las raíces de la democracia y la justicia económica necesitamos tener una seria discusión política».
Cómo se aprecia, las críticas en otros puntos del planeta coinciden con la formulada por nuestros representantes, que vienen afrontado un debate político sobre las diversas causales de la aceptación, en parte de la ciudadanía, del discurso de ultraderecha. La lucha por preservar la democracia es imprescindible como parte de la defensa de los derechos de pueblo, pero se debe incorporar una cuestión central que es superar la parte formal del sistema y poner el acento en generar mejores condiciones de vida para las grandes mayorías.
Se debe tener en cuenta que tanto en la experiencia política nacional como internacional, las grandes corporaciones capitalistas relativizan sus escrúpulos ideológicos sobre los rasgos autoritarios de los Gobiernos de ultraderecha. Lo determinante siempre es defender su poder económico y potenciarlo.
La actitud antidemocrática no trepida en dejar sin aprobar el Presupuesto 2025, a partir de lo cual el Estado debería funcionar con una asignación discrecional de las partidas a fuerza de vetos y decretos. Este esquema llevaría dos años sin ley de leyes, lo que va a configurando un estado de excepción.
