3 de diciembre de 2024
En sesión. La Cámara de Diputados durante el debate del proyecto sobre prevención de ludopatía.
Foto: NA
Como establece la Constitución Nacional, el 30 de noviembre cerró el año parlamentario. En paralelo, se abrió un debate acerca de si el Gobierno convocaría a sesiones extraordinarias, fundamentalmente porque no fue aprobado el proyecto de presupuesto nacional, es decir, la ley más importante que debe tratar cada año el Parlamento, porque el Gobierno exige que sea aprobado a libro cerrado.
Va de suyo que los distintos bloques, cada uno con sus matices, no aceptan esa discrecionalidad. Precisamente, teniendo en cuenta que en el presupuesto se debate la masa de todos los bienes y servicios y los ingresos que generan el sistema productivo y la sociedad desde sus más diversos afluentes, lo determinante es el modo en que se asignan esos recursos generados por el conjunto de la sociedad. Así es que resulta inevitable que haya un gran debate político y consecuentemente una negociación que posibilite su aprobación.
En caso de que se materialice la decisión del Gobierno de prescindir de esta ley estaríamos asistiendo a un rasgo claramente antidemocrático, ya que no hay antecedentes en la historia nacional que durante dos períodos consecutivos el Gobierno administrara los recursos del Estado sin aprobación parlamentaria del presupuesto.
O sea que, al cabo de un año de gestión del presidente Javier Milei, el Gobierno va recortando el rol del Parlamento tal como lo viene impulsando desde el primer día. Vale recordar que el presidente de la Nación brindó su discurso al asumir la gestión de espaldas al Congreso Nacional, en un hecho simbólico sin precedentes en la historia argentina. Además, manifestó en febrero de este año que el Parlamento «es un nido de ratas».
División de poderes
Por su parte, el uso del veto es otro elemento a analizar, ya que, si bien es una facultad constitucional, no escapa a una ponderación política. En este período hubo veto en contra de un aumento de 15.000 pesos para 7 millones de jubiladas y jubilados, y se vetó en contra de la actualización del presupuesto universitario. En cambio, el Congreso no rechazó el decreto presidencial 70/23, que implica la modificación de centenares de leyes, y finalmente aprobó la superley Bases, enviada por el Poder Ejecutivo, más allá de que una parte de su contenido original quedó en el camino.
Consecuentemente, queda claro que este rasgo de subestimación del Parlamento ha venido acentuándose a lo largo del año, lo cual implica una gran preocupación, ya que en el esquema democrático de división de poderes, no puede haber desequilibrios entre un poder del Estado y otro.
En caída. El consumo de carne en nuestro país solo alcanza los 47 kilos por persona por año.
Foto: Horacio Paone
Es dable destacar también que el tercer poder, el judicial, está muy cuestionado por el conjunto de la sociedad, por su inclinación permanente a actuar de consuno con los intereses del Poder Ejecutivo. O sea que también hay una suerte de neutralización del Poder Judicial.
Pese al contexto adverso, sostenemos la convicción de que las reservas democráticas existentes nuestro país y en el propio Congreso Nacional defenderán su rol, así como resulta imprescindible que la vida parlamentaria, a su vez, esté cada vez más asociada a la participación ciudadana, con el propósito de que el sistema se enriquezca en una conjunción entre el protagonismo de la sociedad y el debate parlamentario.
La paradoja de las vacas
El último mes del año se inicia con un nuevo brote de aumentos generalizados. En estos días retoman la carrera alcista los combustibles, los alquileres, el agua (supera el 317% de aumento anual), las boletas de luz y gas, el cable e internet (222% en el año) y, como siempre, las empresas de medicina prepaga con sus incrementos superiores a la inflación.
Quizás el tema más preocupante sea el de la carne. La suba de precios en las carnicerías ronda el 12% y está previsto que la tendencia alcista de noviembre se sostenga en diciembre. Así es que por un kilo de peceto habrá que pagar 10.000 pesos y por un kilo de asado, 8.000 pesos.
Así es que se genera una enorme paradoja. Los argentinos, que tenemos las vacas y los campos, caemos en el mínimo histórico de consumo de 47 kilogramos por año por persona, mientras la clase media china, con poder adquisitivo en alza, consume en forma creciente los mejores cortes de las carnes argentinas. Una vez más, en esta carrera entre los monopolios formadores de precios y los consumidores, que son nuestros ciudadanas y ciudadanos, ya sabemos que estos últimos serán los perdedores.