21 de febrero de 2025
Maquinaria ociosa. En diciembre, el uso de la capacidad instalada fabril se ubicó por debajo del 57%, el segundo peor nivel desde 2008.
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No hacían falta nuevos ejemplos sobre la concepción de Estado que sostiene el Gobierno libertario y las vías elegidas para resolver los urgentes requerimientos productivos y sociales. Sin embargo, surgen claros elementos de análisis en el caso que involucra al presidente Javier Milei en el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, en medio de la profunda recesión que sigue afectando a la industria y a las pymes.
Milei señaló inicialmente que el nuevo instrumento incentivaría el «crecimiento de la economía nacional, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos», pero ningún dispositivo volátil y riesgoso, surgido de la especulación, puede servir para financiar la economía real. Además, el anonimato de quienes participan de estas operatorias y la ausencia de justificación del origen de los fondos habilitan la posibilidad de llevar a cabo operaciones de lavado de dinero proveniente de delitos como el narcotráfico.
En la lógica libertaria se promueven herramientas inadecuadas para fomentar el desarrollo de inversiones productivas de un país, al mismo tiempo que un reciente decreto presidencial establece la transformación del Banco Nación en sociedad anónima, como antesala de su privatización. Justamente, la entidad rectora de la banca pública, que concentra gran parte del financiamiento a las pequeñas y medianas empresas.
Lo cierto es que, a diferencia de instrumentos de supuesto apoyo a emprendedores y pymes, la operatoria de las entidades financieras debe enmarcarse dentro de las normativas establecidas a través del Banco Central y diversos entes de control. Entre otros requerimientos, se exige presentar documentación que respalde la fuente de los fondos que depositan sus clientes.
Rubros. El sector de cemento y vidrio encabezó la pronunciada caída interanual de la producción industrial.
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Derivaciones
Más allá de las repercusiones internacionales y de la deriva judicial del caso de $LIBRA, queda en evidencia hasta qué punto el modelo libertario está dispuesto a dejar en manos privadas, aun en las menos transparentes, todos los recursos y las decisiones económicas. Rumbo en el cual las prioridades pasan solo por la rentabilidad de las inversiones y no por los servicios que brindan a la sociedad.
En este marco, desde nuestro bloque parlamentario hemos hecho un pedido de juicio político para dilucidar las responsabilidades de quienes integran el Gobierno en esta controvertida operación, que generó pérdidas para una mayoría e importantes ganancias para unos pocos.
Aclaremos que el rol del Congreso es distinto al del Poder Judicial. Este último considerará si hubo delito. Al Parlamento le atañe determinar si los funcionarios públicos violaron alguna de las leyes que hacen a sus obligaciones, al incentivar a la ciudadanía a invertir en estas «memecoins».
Frente a este episodio, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APyME) emitió un comunicado titulado «La estafa es el modelo», en el que confronta el argumento presidencial de presunta búsqueda de «fondeo» para las pymes con las políticas de ajuste y desguace del Estado, achique del mercado interno mediante la destrucción del poder adquisitivo de las mayorías y apertura irrestricta de importaciones.
El resultado de esa orientación no podía ser otro que fuertes aumentos de costos en insumos y tarifas para las empresas pequeñas y medianas, y un «daño irreparable» a la actividad manufacturera.
El Índice de Producción Industrial (IPI) mostró en estos días que todos los rubros sufrieron caídas, lo cual redundó en la fuerte baja del 9,4% interanual en el nivel general durante 2024. Retrocesos superiores a los de 2020 (-7,5%) y 2019 (-6,3%), años de pandemia y de crisis del Gobierno de Mauricio Macri, respectivamente.
Los mayores descensos se anotaron en la producción de cemento y vidrio (-24,3%), muebles (-18,6%), acero y aluminio (-17,5%) y maquinaria y equipo (-18,6%).
Así, en diciembre el uso de la capacidad instalada fabril se ubicó por debajo de 57%, el segundo peor nivel desde 2008 (año afectado por la crisis financiera internacional); el desaprovechamiento de las estructuras productivas solo fue superado por diciembre del año pasado, luego de la megadevaluación del 118%.
Frente a este panorama, quiero recordar que hace pocos meses presenté un proyecto de ley, acompañado por varios diputados y diputadas del bloque Unión por la Patria, de Declaración de emergencia y medidas de protección a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs).
La iniciativa propone declarar la «emergencia productiva, fiscal, laboral, financiera y tarifaria de las MiPyMEs». Alienta, asimismo, incentivos a la creación de nuevos empleos estables a través de reducciones impositivas, la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y la instrumentación de prórrogas para el pago de obligaciones impositivas y de la seguridad social.
Para ello se contempla, mientras se extienda la emergencia, un incremento del 30% en términos reales de las partidas presupuestarias asignadas en 2023 correspondientes a políticas públicas nacionales de protección y apoyo a las MiPyMEs.
En definitiva, mientras la destrucción del Estado como garante de la regulación de la economía es uno de los ejes principales de la gestión libertaria, el proyecto de ley aludido va en sentido opuesto. Parte de la lógica de un Estado presente, con herramientas y recursos para fomentar el desarrollo de las pequeñas empresas en un escenario local e internacional adverso.
Ese es el modelo que genera desarrollo y redistribución del ingreso para que redunde en beneficio de toda la sociedad. Todo lo contrario a un modelo privatista y especulativo que deriva prioritariamente en el enriquecimiento de unos pocos.
