25 de septiembre de 2013
La situación de Taringa! y Cuevana, mientras en todo el mundo se debate el sistema legal vigente y la circulación de discos, libros y películas en la Web. Opinan los especialistas.
Comunidad virtual. En las oficinas del sitio, Botbol analiza el panorama judicial. (Horacio Paone)
En abril de 2013, durante el Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA), los responsables de Taringa! firmaron una carta de intención con algunas de las principales entidades de protección de la propiedad intelectual, con el propósito de trabajar juntos en pos de llegar a un nuevo marco que reconozca la existencia y necesidades de todos los actores involucrados. La firma del acuerdo fue anunciada en una conferencia de prensa en la cual también estuvo presente Rodolfo Hamawi, director del área de Industrias Culturales de la Secretaría de Cultura de la Nación.
Taringa! es uno de los dos sitios locales que están involucrados en causas legales relevantes alrededor del tema de la propiedad intelectual. El otro es Cuevana, cuyo responsable, Tomás Escobar, ha optado por un perfil bajo. A fines de 2011, coincidiendo con el pico de popularidad del portal, gigantes como HBO, Turner y Telefé le iniciaron demandas. Simultáneamente, el servidor Telecentro
–pese a no haber sentencia definitiva, ni nada parecido– le imponía un bloqueo impidiendo el acceso por parte del público. El mismo no duró más de un día, pero los usuarios de ese proveedor siguieron quejándose durante meses sobre la repentina lentitud de Cuevana.
La causa se unificó en Córdoba, lugar donde se radicó la primera denuncia, mientras que en Chile un administrador local del sitio era apresado y luego liberado. En 2013, la Cámara Federal Porteña rechazó un pedido de bloqueo por parte de HBO, mientras Cuevana denunciaba que el proveedor del grupo Vila-Manzano (Artlink) venía obstaculizando la utilización de la página desde hacía seis meses.
En el marco de estos conflictos, el acuerdo presentado en el MICA se revela como un camino distinto, incluso a nivel internacional, para resolver las tensiones existentes. En comparación, Francia derogó en junio su ley Hadopi, pero el proyecto que la reemplazaría mantendría la misma línea conceptual dura; España, en tanto, aprobó en marzo la ley Lasalle, cuyo aspecto más conflictivo es que llega a la penalización de lo que se considera una de las bases del funcionamiento de Internet, como lo es el compartir enlaces.
Vacío legal
Creado en 2004 por el estudiante secundario Fernando Sanz, Taringa! se autodefine como una «comunidad virtual» en la que sus usuarios comparten e intercambian información y contenidos (discos, libros, películas). Fue adquirido en 2006 por Alberto Nakayama y los hermanos Hernán y Matías Botbol. Actualmente y según el ranking Alexa, una compañía especializada en información sobre la web, es uno de los sitios más visitados de Argentina y Latinoamérica, al tiempo que sigue expandiéndose. Luego de sumar Taringa! Música, Taringa! Solidaridad, Poringa! y Socialphy, la versión de la comunidad en inglés, este año anunciaron el lanzamiento de un sello discográfico propio.
En paralelo con el crecimiento, Nakayama y los Botbol arrastran desde 2009 una demanda por infracción a derechos de autor, iniciada por escritores y editoriales de 29 obras jurídicas y 12 libros de computación. La causa fue confirmada por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional en 2011 y, si bien las partes llegaron a un acuerdo, siguió avanzando. En octubre del año pasado, Taringa! levantó el recurso de apelación, según declararon, «para que el juicio finalice lo antes posible». En agosto último, la Corte Suprema confirmó el camino hacia el juicio oral.
En las oficinas del sitio web el clima es relajado y hay jóvenes trabajando en las computadoras. «Realizamos una actividad que no está legislada», dice Matías Botbol. Sin ley, dice, «no tenés sobre qué justificar las cosas que hacés, qué está bien y qué está mal». Para acercar posiciones, Botbol explica que desde Taringa! vienen buscando «concientizar a las empresas, a las organizaciones que están relacionadas con derechos de autor, que Internet no es su enemigo sino una herramienta que ellos deberían saber aprovechar, para generar nuevos modelos de negocios».
Como una forma de mostrar su voluntad de aplicar modificaciones, desde hace un tiempo el portal comenzó a implementar un sistema de denuncias basado en el DMCA (Digital Millennium Copyright Act) de Estados Unidos. «Nosotros habilitamos un formulario donde cualquier persona o empresa que ve violado un derecho puede solicitar y completar. Después de evaluarlo, si entendemos que tiene coherencia la denuncia y que lo que está denunciando es correcto, damos de baja ese contenido».
Para Rodolfo Hamawi, director de Industrias Culturales de la Secretaría de Cultura de la Nación, la carta de intención firmada representa «un reconocimiento mutuo por parte de dos sectores que hasta el día de hoy estaban en una situación de pugna, y yo diría también de desconocimiento del valor y el espacio del otro». Asimismo, Hamawi subraya que desde el Estado el acento ha estado puesto en plantear que «ninguna política de penalización del consumidor era una política correcta».
Para Beatriz Busaniche, integrante de la Fundación Vía Libre, activista, docente y especialista en la cuestión, existen aspectos positivos e interrogantes en el convenio firmado por Taringa!. En particular, sus reparos apuntan al último punto de la carta. Este reza que, en función de proteger los «derechos que asisten a los titulares originarios o derivados de derechos de autor y/o conexos» se promoverán «mecanismos que posibiliten la supervisión y el control de la información utilizada por los usuarios». Busaniche remarca los riesgos en cuanto a libertad de expresión que implica el método de control por el que actualmente opta Taringa!, el mismo que utiliza YouTube.
En parte en línea con Busaniche, el investigador del Conicet Martín Becerra agrega que «la ley estadounidense no me parece garante de la circulación de contenidos en Internet. Entiendo perfectamente y, además, comparto que tiene que haber algún tipo de aviso del autor. Lo que pasa es que no siempre se trata del autor, en general se trata de quien posee los derechos exclusivos de reproducción».
A su turno, Botbol detalla que las tres patas del debate son «las empresas de Internet, las empresas que reclaman sobre derechos de autor y todas las asociaciones que representen a los usuarios. Porque el usuario es, al fin y al cabo, el que hace Internet». Según Hamawi, tomar en cuenta el lugar ocupado por las empresas ligadas con la conectividad en el nuevo mapa es entender «que acá no hay ninguna discusión entre cultura gratuita y cultura paga, eso es mentira, porque se pagan 9.000 millones de pesos por ese servicio. No hay nada gratis en Internet».
El árbol y el bosque
Juicios emblemáticos incluyeron a la pionera videocasetera Sony Betamax, primero por la posibilidad de grabar programas de televisión y, más tarde, en tiempos de Napster, por brindar las herramientas para compartir música entre usuarios de Internet. Más recientemente, en operativos dignos de una superproducción de Hollywood, Kim Dotcom –dueño del difunto servicio web de almacenamiento online Megaupload, con ya nueva vida en Mega– y Gottfrid Svartholm –de The Pirate Bay– fueron detenidos y acusados penalmente en 2012. «Toda esta discusión siempre está agarrada del tema de la piratería. O sea, “piratería”: acceso a las obras de una manera alternativa», dice Botbol.
El mundo está cambiando y toda crisis implica tensiones entre los viejos y los nuevos actores. Mientras algunos buscan identificar a perdedores y ganadores, Becerra observa que, en cambio, «a medida que se diseminan más las tecnologías digitales de copia y socialización de contenidos en red, al mismo tiempo los grandes grupos que operan como intermediadores y las industrias culturales tienen mejores ingresos». El académico y docente asimismo señala que «a la vez aparecen nuevos intermediarios que pujan por el reparto de ese incremento de beneficios, por ejemplo Google o Taringa!. Entonces, ahí hay una disputa clarísima entre intermediarios de la circulación masiva de cultura por ver quién se apropia de una parte mayor de la renta».
Busaniche apunta que el clima «belicoso» habrá de calmarse a medida que se vayan consolidando nuevos modelos de negocios, no obstante, el problema de fondo es que «el sistema de propiedad intelectual así como está no puede seguir funcionando». Hamawi, por lo pronto, cree en el derecho de autor, pero piensa que la extensión de la protección (en 2010 el Congreso la extendió a 70 años luego del fallecimiento del autor) es exagerada y que lo que genera «es que se limita la circulación. Las obras no circulan y no gana ni el derechohabiente ni la población, porque no tiene acceso a esa producción». Para ejemplificar, cita el caso las obras liberadas de Roberto Arlt u Horacio Quiroga, que vieron estimuladas su reedición y su difusión por la Web.
El debate que avanza no sólo involucra las reglas comerciales, sino que también apunta a qué rol debe o puede asumir el Estado a la hora de la gestación de políticas públicas, ambos aspectos a su vez condicionados por las presiones de las grandes corporaciones de la industria cultural. Desde la Secretaría de Cultura, por su parte, han creado PLUA (Portal del Libro Universitario Argentino) y PAM (Plataforma Argentina de Música) para promover la difusión de la producción local así como para estimular a los sellos a compartir sus contenidos online. En sintonía con esos pasos, Hamawi concluye que «nosotros, como región sudamericana, deberíamos avanzar en determinadas discusiones y acuerdos legislativos como para no ir atrás de las decisiones que, en muchos casos, defienden el status quo».
—Diego Braude
