14 de abril de 2025
En sintonía. Milei y Caputo anunciaron las medidas cambiarias y el acuerdo con el FMI el viernes 11.
Foto: NA
Una vez más, los acontecimientos en nuestro país se presentan vertiginosos. Esta semana está marcada por la decisión del Gobierno argentino de modificar el tipo de cambio y otras reglas económicas, con su consecuente impacto en diversos aspectos de la macroeconomía y en la vida de la sociedad.
Cierto es que veníamos de otros destacables acontecimientos, como el rechazo por parte del Parlamento a dos iniciativas importantes del Poder Ejecutivo, que le significaron una derrota política al Gobierno, y la movilización y el paro general convocado por las centrales sindicales el pasado jueves.
Resulta imprescindible destacar la visita del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien se decidió a dejar por unas horas el tembladeral de su país para venir al nuestro, con el propósito de brindar un apoyo contundente al presidente Javier Milei y a su modelo económico, en momentos en que este se encuentra en una situación crítica por la caída de reservas.
Para comprender la trascendencia de este viaje es imprescindible contextualizarlo: días antes, se había realizado en Honduras una cumbre de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) con la presencia de diez presidentes y veinte cancilleres del continente, donde se expresó la determinación de confirmar la autonomía de los países americanos de la potencia hegemónica. Ese aislamiento estadounidense explica el apoyo al mandatario argentino, uno de sus pocos aliados irrestrictos en la región.
Otro elemento determinante en el marco de la contienda estratégica entre las dos grandes potencias del mundo –EE.UU. y China–, es la voluntad de ejercer presión sobre nuestro país en pos de un distanciamiento de las relaciones comerciales con China. Un ejemplo de ello fue la exigencia perentoria planteada días atrás por el enviado del Departamento de Estado para Latinoamérica, Mauricio Claver-Carone, de terminar con el swap de monedas que Argentina suscribió con la potencia asiática. Ese propósito por ahora resulta incumplible, ya que generaría una caída de nuestras reservas en un momento de fuerte restricción, por lo tanto, la semana pasada el Banco Central anunció la renovación por un año de un tramo de 5.000 millones de dólares del swap que debían comenzar a cancelarse desde junio de este año.
Volviendo al visitante ilustre, trascendió que llegó con otras exigencias, entre ellas la eliminación de la tasa de estadísticas del 3% a las importaciones, que se destinan a financiar el Inta y el Conicet. Requeriría también la aceptación del ingreso de maquinaria agrícola usada y neumáticos recauchutados, que hasta ahora estaba prohibido, y el restablecimiento de la propiedad intelectual en favor de los laboratorios estadounidenses, lo cual dañará severamente a nuestra industria farmacéutica.
Los efectos de siempre
Para lograr el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el Gobierno se vio obligado a aceptar una devaluación que oscilará entre el 10% y el 30%, a pesar de que no era esa su voluntad, tal como habían expresado en reiteradas oportunidades tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo.
Trascendió que en la negociación el Gobierno planteaba que el extremo superior de la banda fuera de 1.200 pesos, pero terminó siendo de 1.400. Resulta necesario aclarar que se niega desde el ámbito oficial la palabra devaluación, por su desprestigio, y se la reemplaza por términos como «deslizamiento», «flexibilidad cambiaria» o «flotación entre bandas».
En este punto, lo principal es que el efecto en la sociedad argentina será perjudicial, ya que los formadores de precios han actuado con la consabida remarcación preventiva, típica de estas situaciones. La inflación fue del 3,7% en marzo y se prevé que en abril se acercaría al 5%. Se profundiza de este modo la distancia entre el valor del salario y las jubilaciones y el ritmo de aumento de precios, es decir, si la situación actual se proyecta en los próximos meses, se acentuará la transferencia de ingresos de las mayorías hacia las grandes corporaciones empresarias y los núcleos de las finanzas.
Restaría señalar otro punto central: la Argentina, que viene de un gran endeudamiento a partir del crédito tomado por el expresidente Mauricio Macri con el FMI en 2018, sufrirá, a partir del nuevo acuerdo, un incremento de su deuda externa, lo cual acentúa la dependencia de la economía nacional y del sistema productivo con las clásicas políticas ortodoxas de reducción del gasto social (salud, educación, obra pública, universidades, jubilaciones, entre otros rubros).
El ajuste, como es habitual, responde a la necesidad de acumular los dólares para afrontar el pago del capital e intereses de esa deuda, ahora acrecentada a un nivel tal que resulta poco imaginable cómo se puede pagar sin transitar por una situación de incremento de la conflictividad social, consecuencia de las restricciones presupuestarias que impactan en la vida de la gran mayoría de la población.
En este contexto, se presenta un escenario paradójico. El establishment empresario y mediático apoya al Gobierno y la denominada «tercera fase» de su plan económico; por otro lado, sectores de la vida política, social y cultural toman distancia de estas políticas económicas que afectan la vida cotidiana y el futuro de diversas franjas de nuestra sociedad.
