14 de julio de 2025
56 a 0. Una de las votaciones del jueves 10 en el Senado.
Foto: Enrique García Medina
La que pasó fue una semana muy crítica en términos políticos. El presidente Javier Milei sufrió, quizás, la derrota parlamentaria más importante desde que inició su mandato. En el Senado se expresó un nuevo momento político, ya que se aprobaron por amplias mayorías proyectos que van en sentido contrario a la línea política y económica del Gobierno, de contenidos diversos, todos ellos trascendentes, especialmente los que determinan mejoras en la situación de jubilados, discapacitados y poblaciones afectadas por desastres climáticos.
Un rasgo determinante de lo ocurrido fue que los votos afirmativos no provinieron solo de la primera minoría de la cámara, es decir, del bloque de Unión por la Patria (UxP), sino que confluyeron prácticamente todos los representantes de las provincias que no responden a los postulados de la derecha, expresada por el oficialismo nacional y su aliado principal, el PRO.
Ese cambio político cualitativo fue determinante para la convocatoria de la sesión en contra de la voluntad del Gobierno, que impulsó todo tipo de maniobras para evitar el debate, y la posterior aprobación de los proyectos. Algunos fueron resueltos de forma unánime, tras el retiro de la bancada oficialista.
Quedó atrás el «realismo» de algunos gobernadores, mediante el cual explicaban su acompañamiento, con sus respectivos votos y el apoyo a los vetos del presidente, a diversos proyectos gubernamentales, incluyendo algunos de dudosa constitucionalidad, entre ellos, el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) que implica concesiones totalmente desgravadas y por la eternidad de nuestras riquezas naturales; las facultades extraordinarias otorgadas al Poder Ejecutivo; la liquidación de organismos públicos y leyes sociales y culturales; y un mayor endeudamiento del país que coloca a esta temática en una situación crítica.
Antecedentes y amenazas
La histórica «liga de gobernadores» salió de su pasividad, acompañando la posición opositora consecuente que mantuvo durante los últimos 18 meses el bloque de UxP.
Es importante señalar que la derrota parlamentaria del Gobierno estuvo precedida por luchas gremiales, sociales y políticas en la calle, incluyendo la reacción, manifestada en plazas de todo el país, en rechazo a la condena contra la expresidenta Cristina Fernández.
Jubilados. Cada miércoles reclaman por sus haberes. El presidente prometió vetar la ley que establece un aumento.
Foto: NA
En este contexto, el presidente amenaza con seguir utilizando el recurso constitucional del veto, avisa que si no lo logra sostener, judicializará la situación y, por último, advierte que «aplastará» a la oposición en las elecciones. En suma, Milei anticipa que no cumpliría con lo decidido por el Parlamento ya que, sostiene, compromete su estrategia principal de mantener el superávit fiscal sin contemplar consecuencias ni costos sociales.
Asimismo, vale aclarar, el Gobierno no está solo. El gran empresariado lo sigue sustentando en forma silenciosa o explícita, como ya lo formuló en su momento la AMCHAM, la Cámara que representa los intereses de las compañías estadounidenses. También se expresa en los foros empresarios en los que se presenta Milei y es aplaudido con entusiasmo por el auditorio. Más allá de los exabruptos y desprolijidades presidenciales, los hombres de negocios sostienen su apoyo porque continúan privilegiando la potenciación de sus ganancias.
La preocupación que aparece ante este panorama es que el funcionamiento del sistema democrático, con sus equilibrios imprescindibles a partir del funcionamiento de los tres poderes constitucionales, debe ser respetado, ya que de lo contrario el país se iría deslizando hacia un estado de excepción, lo cual a todas luces resultaría inaceptable en términos de convivencia política.
Asoma en el horizonte un trascendente proceso electoral. La mayoría de las fuerzas políticas están cerrando sus alianzas y candidaturas, lo cual posibilita un nuevo momento que interpelará a la ciudadanía para que se exprese en el marco de las diversidades partidarias e identitarias de las diversas corrientes que se presentarán al evento electoral. La participación popular debe ser un antídoto frente a los avances antidemocráticos que formulan partidarios y funcionarios oficialistas que no trepidan en descalificar a quienes no comparten sus ideas.
