2 de agosto de 2025

El veloz deterioro de la relación entre las dos potencias económicas del continente americano, Estados Unidos y Brasil, tiene a las big tech como animadoras. La imposición de aranceles del 50% a las exportaciones brasileñas decretada por Donald Trump a partir de la primera semana de agosto tiene una explicación oficial y causas que la desbordan.

La «carta bomba» de Trump de principios de julio dirigida a Lula da Silva, que declara la guerra comercial, afirma que es en represalia por presuntas violaciones a la libertad de expresión en redes sociodigitales por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Brasil, así como por una supuesta persecución que, según Trump, habría contra el expresidente Jair Bolsonaro en la investigación por su participación en el intento de Golpe de Estado contra Lula de enero de 2023.

Sin embargo, el castigo de Trump a Brasil obedece a causas concurrentes con las enunciadas en su misiva, pero que son más amplias. Las big tech estadounidenses conformaron un grupo de presión que diseñó un programa de hostilidades contra el gigante sudamericano como reacción a políticas del Gobierno brasileño, a sentencias del poder judicial y a proyectos del Congreso y de la gestión de Lula que moderan la concentración de poder de las plataformas. Estas políticas, inspiradas en las adoptadas por la Unión Europea en los últimos años, se inscriben en una agenda de soberanía digital que distingue a Brasil del resto de Latinoamérica.
Otra piedra en el zapato de la geopolítica que quiere troquelar Trump es el protagonismo que, en estas cuestiones, asume Brasil dentro del bloque de los BRICS, en cuya última cumbre emitió dos documentos que respaldan la autonomía y soberanía de los Estados para regular los entornos digitales (se trata de la «Declaración sobre la Gobernanza Global de la IA» y el «Entendimiento sobre la Gobernanza de la Economía de Datos»).

Lobby en la vereda de enfrente
Financiado por las big tech como Google, Meta, Microsoft, Amazon, Uber, Apple, Pinterest e E-Bay, entre otras, el grupo de lobby llamado Computer & Communications Industry Association (CCIA) aplaudió la decisión arancelaria de Trump en el marco de la Sección 301 de la ley de comercio estadounidense (de 1974), relativa a prácticas comerciales desleales. Trump se escuda en esa norma para su embestida antibrasileña.

La CCIA recopiló leyes sobre protección de datos personales en Brasil y sobre impuestos a compras internacionales por Internet, proyectos con estado parlamentario sobre Inteligencia Artificial, violencia digital y tributación de las grandes plataformas, así como decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil que afectaron a redes sociodigitales como X, de Elon Musk (cuya resistencia temporal a designar un representante comercial en el país motivó la suspensión de la ex-Twitter durante un par de meses en 2024) o Rumble (que desoyó la orden judicial de eliminar cuentas de usuarios involucrados en operaciones de desinformación, según el juez supremo Alexandre de Moraes), incitando al Gobierno estadounidense a tomar revancha en defensa de sus intereses (los de los conglomerados tecnológicos).

Sin inmunidad
En junio pasado, para mayor irritación de las big tech, el TSJ estableció que los conglomerados dueños de redes digitales pueden ser responsabilizados por publicaciones delictivas de sus usuarios. Así, mientras que en EE.UU. gozan del privilegio de la inmunidad frente al contenido que las plataformas editan y organizan con su programación algorítmica (por la famosa y desactualizada Sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones), en Brasil pueden ser demandadas por contenidos ilícitos de terceros, incluso si no media una orden judicial que lo requiera.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia modifica parcialmente una ley considerada modelo en materia de reconocimiento de derechos en entornos virtuales, como es el Marco Civil de Internet, sancionado por el Congreso durante la presidencia de Dilma Rousseff en 2014. Esa norma reconocía la exención de responsabilidad de las plataformas en Brasil, que solo eran responsables de daños causados por material ofensivo si incumplían una orden judicial para eliminarlo.

La década que transcurrió desde entonces, con la programación de las redes amplificando contenidos violentos, operaciones de desinformación y consignas antidemocráticas, junto a la falta de transparencia de los conglomerados tecnológicos y a la concentración excesiva de los mercados digitales motivó el cambio de temperamento de los magistrados del máximo tribunal.

Ahora el TSJ resolvió que, en actos ilegales y cuentas falsas, las plataformas deberán eliminar el contenido cuando reciban una notificación privada (por ejemplo, de una víctima de doxing), sin previa intervención de un juez. Además, en los casos de anuncios pagados y bots, las empresas son responsables incluso si no fueron notificadas de la ilegalidad del contenido, a menos que demuestren que actuaron con diligencia y dentro de un plazo razonable para inhabilitar la publicación.

De este modo, las tecnológicas deben crear canales para denuncias y monitorear activamente los contenidos (cosa que realizan con fines comerciales y/o políticos a través de los sistemas de recomendación que nutren su modelo de negocios).

Que sea la conducción judicial brasileña la que esté moviendo el avispero de las coordenadas geopolíticas del país más grande de América Latina en su vínculo nada menos que con EE.UU. es motivo de interpretaciones diversas y preocupa a la diplomacia del continente. De hecho, el lobby de las big tech logró detener la tramitación legislativa de proyectos que evaluaba negativos (como el PL 2630 en 2024), pero su influencia en despachos gubernamentales y del Congreso no se extiende a la judicatura. El temor a un efecto contagio de la experiencia brasileña a otros países de la región, dado el liderazgo e importancia estratégica de Brasil, es otra de las causas que tiene el castigo aplicado por Trump, para disciplinar al «patio trasero» y disuadir reflejos rebeldes.

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