15 de agosto de 2025

El supuesto «éxito» que el Gobierno nacional exhibe en el frente de la lucha contra la inflación, y que justificaría la aplicación de políticas recesivas y contrarias a las necesidades populares, va perdiendo credibilidad mes a mes.

Ante la suba de 1,9% en julio, informada por el Indec, los funcionarios prefirieron resaltar el registro de la llamada «inflación núcleo», la que no contempla precios regulados y estacionales, que arrojó un alza de 1,5% contra junio.

Pero la realidad del bolsillo para la mayor parte de la población es otra, como se puede ver en las alzas de 1,9% en Alimentos y de 2,8% en Transporte.

La medición en el Gran Buenos Aires, el mayor conglomerado poblacional del país, arrojó resultados más preocupantes: el precio de los alimentos creció 2,2% el mes pasado, debido en gran parte a los incrementos del 8,5% en frutas y del 6,4% en verduras.

En líneas generales, si bien no se verificó un traspaso de la reciente devaluación a los precios, dado que los picos de tensión cambiaria se dieron en la última semana de julio y en lo que va de agosto, sería de esperar mayores valores del IPC en el mes actual.

Debe considerarse, además, la desactualización del método de cálculo, ya que la canasta de rubros monitoreados minimiza la ponderación, por ejemplo, de los servicios públicos (agua, luz, gas, telefonía) que son los que más se encarecieron en lo que va de esta gestión gubernamental.

Promesas
Lo cierto es que la estabilidad macroeconómica sigue siendo una promesa, mientras es cada vez más evidente el impacto regresivo de las herramientas elegidas para contener el repunte inflacionario.  

Analistas de la coyuntura destacan que la relativa recuperación de la producción industrial iniciada en el segundo semestre del año pasado está mostrando cierto amesetamiento en los últimos cinco meses. El Observatorio Pyme, por su parte, advirtió sobre la debilidad de la demanda local y señaló el efecto negativo de las importaciones, en particular de bienes de consumo. Una de cada cinco empresas (el 22%) sustituye insumos nacionales por extranjeros, mientras una de cada diez (el 10%) reemplaza producción interna por externa, alertó el Observatorio.

La resultante de esa tendencia no puede ser otra que una merma en el empleo sectorial y claras dificultades en las condiciones de funcionamiento de miles de pequeñas y medianas empresas.

No obstante, en la Casa Rosada insisten en profundizar el camino iniciado y esperan que el resultado electoral en octubre permita, entre otras, concretar la meta libertaria de la reforma laboral, que implicaría formalizar empleos con derechos suprimidos y con un mayor deterioro relativo del salario.

Todo eso, por supuesto, en un marco de mayor «alivio fiscal». En este sentido, un reciente documento de la Fundación Mediterránea planteó la necesidad de eliminar impuestos como Ingresos Brutos, al cheque, los derechos de exportación, sellos y tasas municipales sobre las ventas, hasta arribar a una quita equivalente al 7,6% del PBI. 

La pregunta es cuántas partidas en salud, educación, obras públicas, jubilaciones, ciencia y tecnología, sufrirán si se realiza semejante traslado de recursos en beneficio de una minoría que incluye a grupos oligopólicos locales y multinacionales.

El esquema que se presenta como solución a los problemas de la economía y la sociedad pasa, además, por un mayor endeudamiento y un fuerte apretón monetario, en el que coinciden funcionarios y el Fondo Monetario Internacional.

En este último aspecto, la suba del 5% en los encajes (recursos que el sistema bancario debe mantener inmovilizados, según normas del Banco Central) reduce la capacidad de préstamos a familias y empresas. La previsible suba de las tasas de interés interbancarias agrava el cuadro recesivo al elevar el costo de los préstamos. 

Como elemento adicional, el propio Gobierno padece el ahogo financiero. En la licitación de letras y bonos emitidos por el Tesoro, el miércoles pasado, se renovó solo el 61% de los vencimientos de títulos públicos, lo cual generó una emisión de pesos importante, con el riesgo de que ese dinero se vaya al dólar y termine impactando en la inflación.

En resumen, como sostuve en la Cámara de Diputados durante la última reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la situación descripta se agravará si se amplían las políticas actuales, que desatienden el gran problema de la falta de un mercado interno solvente e ingresos que dinamicen la economía.  

Los próximos comicios darán la clave sobre el futuro inmediato. De un lado, el Gobierno espera obtener una mayoría que impida que el Parlamento sea un freno a la profundización del modelo. En tanto, la alternativa requiere conformar una oposición con la solidez suficiente para que no se puedan vetar las leyes que apruebe el Congreso. De este modo, el equilibrio de poderes permitirá que, en los próximos dos años, hasta que concluya el actual mandato presidencial, se verifique un rumbo menos perjudicial para los intereses de la gran mayoría de los argentinos y las argentinas.

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