10 de septiembre de 2025
Una serie de medidas adoptadas por decreto retrotraen las políticas públicas que buscaban el desarme de la población y el control de las armas de fuego en los civiles. Un mercado peligroso y sin control.
Hombres. Son quienes, en su mayoría, cuentan con la credencial de legítimo usuario vigente. La franja de entre 41 y 50 años concentra el mayor número, con 78.887 usuarios legítimos.
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Lentamente, pero sin pausa, se hace realidad aquella frase expresada por la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien en 2018 señaló: «El que quiera estar armado, que ande armado. El que no quiera estar armado, que no ande armado. La Argentina es un país libre».
Podría decirse que el camino se inició en diciembre de 2024, cuando mediante el decreto 1081/2024 se estableció la reducción de la edad mínima para la tenencia legítima de armas de fuego, que pasó de 21 a 18 años. Aunque no fue solo esa acción la que cambió la lógica que hasta entonces la Argentina seguía en materia de protección de la sociedad civil frente a la violencia que implica la falta de control de las armas de fuego en el país, luego llegaría la flexibilización de la adquisición y tenencia de fusiles semiautomáticos, usualmente utilizados en tiroteos masivos y masacres escolares, mediante otro decreto, el 397/2025.
También se gestó la campaña pública de la «tenencia express», un nuevo sistema digitalizado implementado, cuando aún existía, en mayo de 2025, por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), cuyo objetivo es agilizar los trámites para adquirir un arma en los comercios habilitados.
En diálogo con Acción, quienes conocen de cerca la problemática aportan su mirada sobre las nuevas decisiones y advierten sobre la necesidad de que todo el arco político se oponga a las actuales medidas.
Proliferación
A fines de mayo de 2022, cuando el actual presidente Javier Milei se desempeñaba como diputado, señaló públicamente que estaba a favor de la libre portación de armas, por esto todas las acciones de su Gobierno en esta materia no sorprenden, aunque vayan a contrapelo del consenso social argentino.
Encuestas recientes señalan que el 77,3% de los argentinos rechazan esta medida, un dato no menor si se considera que, de acuerdo con datos oficiales, en la Argentina 6 de cada 10 homicidios son perpetrados con armas de fuego. En los últimos años se logró construir un consenso social y político respecto a los riesgos que representa la proliferación de armas de fuego en la sociedad civil, esto estuvo acompañado de una serie de iniciativas que tenían que ver con el lanzamiento del Programa Nacional de Entrega Voluntaria –que fue premiado a nivel internacional y que logró en poco tiempo recabar una buena cantidad de armas– y también con la creación de la Anmac.
«La reforma actual impacta negativamente, porque al retrotraer la Agencia, que tanto costó crear, al viejo Registro Nacional de Armas de Fuego (Renar) es volver a los 70, a un órgano cuyo único objetivo es solamente registrar la cantidad de armas que circulan en nuestro país, de manera deficiente, como siempre lo ha hecho», señala a Acción Aldana Romano, politóloga e integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y de la Red Argentina para el Desarme, RAD.
En lo concreto, la disolución de la Agencia implica la eliminación de todas las funciones de control y reducción de las armas de fuego, así como la política de destrucción de materiales entregados, secuestrados o incautados. A su vez, se concluyen las políticas de prevención de la violencia armada, además de echar por tierra su autarquía financiera y operativa, convirtiéndolo en un organismo totalmente dependiente del Ministerio de Seguridad y su voluntad política coyuntural.
«El control de la circulación de armas de fuego en el país y su destrucción, en la que intervenía el Programa de Entrega Voluntaria, también estaba dado por la Ley 25.938, que es una norma que obliga a que aquellas armas que han sido decomisadas, que no se utilizan en causas judiciales abiertas, se destruyan. Hoy el destino de esas armas es un gran interrogante», alerta Romano.
Desde 2007 –cuando fue creado– y hasta 2020, el Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, según datos de la Anmac, recepcionó unas 206.178 armas de fuego y 2.032.932 municiones.
Cuestión de género
Cuando se observan las cifras de armas en el país, claramente se advierte que la cuestión de género es transversal: quienes cuentan con la credencial de legítimo usuario vigente son en su mayoría hombres. La franja etaria de entre 41 y 50 años concentra el mayor número, con 78.887 usuarios legítimos; mientras que las mujeres de 41 a 50 años, unas 3.714 son usuarias, y de 31 a 40 años, 3.299.
Datos oficiales. En la Argentina 6 de cada 10 homicidios son perpetrados con armas de fuego. Las víctimas de ese tipo de violencias residen en los centros urbanos más importantes.
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Es decir, no son usuarias, aunque sí víctimas. En el caso de los femicidios, datos del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, permiten observar que el 18,4% son llevados a cabo bajo esta modalidad, antecedida por el uso de armas blancas (28,6%). A nivel nacional, de acuerdo con datos de la Oficina de la Mujer, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 20% de los femicidios son cometidos con armas de fuego.
«Nuestro informe de femicidios señala que la ciudad de Rosario y del Gran Rosario aportan la mayor cantidad de víctimas relacionadas con los enfrentamientos de bandas vinculadas con las economías delictivas, como el narcotráfico. El 100% de las víctimas de ese tipo de violencias que se dan en los centros urbanos más importantes, donde claramente Rosario aporta el dato significativo en términos nacionales, fue asesinada con un arma de fuego», sostiene Gabriela Sosa, presidenta del Observatorio «Mujeres, Disidencias y Derechos» de la organización MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana).
Además, las víctimas bajo esta modalidad no solo se relacionan con el delito. Según Sosa, en promedio en la última década, un 10% de los femicidios son perpetrados por integrantes de las fuerzas de seguridad nacionales o provinciales, prefectos, gendarmes, agentes penitenciaros o policías. «Hemos tenido casos muy recientes, el último femicidio en la provincia de Santa Fe, un policía retirado por problemas de salud mental se restituye a la Fuerza, le entregan un arma y asesina a su esposa. Efectivamente, el uso de armas de fuego genera estos posibles desenlaces, por eso alentamos el desarme».
De acuerdo con los datos aportados por Romano, en la Argentina hay 1.500.000 armas autorizadas por el Estado, de las cuales el 65% tiene la credencial vencida; el 7,1% de la población tiene un arma de fuego en su entorno. Además, en el mercado ilegal circulan entre 2 y 3 millones de armas.
«A partir de ahora nos vamos a encontrar con un organismo que lo único que hace es registrar, pero su función de hacer campañas y de prevenir la violencia por el uso de armas de fuego desaparece. Esperamos que el decreto sea rechazado, porque esta ley nació en el Congreso, no hubo ningún proyecto del Poder Ejecutivo, la Anmac se creó después de años de discutir el problema», sostiene.
Para Sosa, es muy importante que el Estado tenga y fortalezca instituciones que puedan controlar el origen de las armas, su trazabilidad, tanto de las legales como de las ilegales. «En una sociedad donde se están sembrando altos niveles de violencia, portar armas configura un riesgo latente de mayor cantidad de víctimas fatales, lo que hace el Gobierno nacional es atentar contra la convivencia pacífica de la sociedad», concluye.
