Mientras se suceden fallos y pronunciamientos trascendentes, se mantienen importantes puestos vacantes en la Justicia federal, donde se dirimen las causas de mayor impacto político. El gobierno avanza con designaciones y traslados.
13 de junio de 2018
Sede. El emblemático edificio de la zona portuaria alberga los juzgados federales. (Jorge Aloy)
La Justicia se convirtió desde hace tiempo en un terreno más de disputa política. Por eso, desde que asumió, el presidente Mauricio Macri hizo especial hincapié en la necesidad de reformarla. En junio de 2017 no dudó en afirmar: «Los jueces tienen que saber que queremos saber la verdad o vamos a buscar otros que nos representen». En esa «búsqueda», el oficialismo ya desarticuló la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal (Cámara Federal), instancia revisora de los juzgados federales de Comodoro Py, y se apresta a avanzar sobre la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país. Por allí tramitan las causas que más preocupan al gobierno.
El fallo de la Cámara Federal en el caso Nisman fue una clara manifestación de esta nueva relación de fuerzas. Los únicos dos magistrados que quedaron en el tribunal tras la avanzada amarilla (hay cuatro vacantes) emitieron una controvertida resolución el 1º de junio que se ajusta a los deseos del macrismo y compromete a la expresidenta Cristina Fernández.
Sin elementos de peso en otro tipo de procesos judiciales, los camaristas Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun aseguraron que la muerte del titular de la UFI AMIA, quien fue encontrado sin vida la noche del 18 de enero de 2015 en su departamento de Puerto Madero, se trató de un homicidio y que estuvo directamente relacionado con la denuncia que realizó Alberto Nisman contra la exmandataria y otros funcionarios, a quienes acusó de encubrir el atentado contra la AMIA mediante la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. También sostuvieron que hubo un complot para ocultar el crimen. La decisión pareció a pedir de boca del Ejecutivo. Tomándose de esta afirmación, el oficialismo retomó en la Cámara Alta el intento de desafuero de Cristina Fernández, que no prosperó y por ahora quedó en suspenso.
Bruglia, que provenía de un tribunal oral, llegó a la segunda instancia de Comodoro Py de forma polémica. El 15 de marzo pasado Cambiemos y aliados aprobaron su designación como camarista en el Consejo de la Magistratura. Macri lo confirmó por decreto, publicado en el Boletín Oficial el 9 de abril. Poco importó que no hubiera concursado y que se hubieran burlado las reglas de competencia para su traslado. Ni siquiera hubo un sorteo entre otros magistrados de tribunales orales para ocupar la vacante.
Desde que asumió Macri solo quedó en pie en la Cámara Federal uno de los cuatro jueces que estaban en funciones a diciembre de 2015 (fueron desplazados Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero). Se trata del mentado Irurzun, hacedor de la doctrina judicial que permitió encarcelar funcionarios del gobierno kirchnerista sin condena.
Irurzun es uno de los jueces con más poder en Comodoro Py. Lugarteniente de Ricardo Lorenzetti en los tribunales de Retiro, también está a cargo de la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial, encargada de las escuchas telefónicas.
Su hermano Ignacio, de acuerdo con el portal Chequeado, dirige el estudio jurídico familiar y defendió, entre otros, a Jorge Macri, intendente de Vicente López y primo del presidente.
Nuevos pliegos
Según fuentes judiciales, pronto aterrizará en la Cámara Federal otro magistrado nombrado por Cambiemos: Mariano Llorens.
En Casación Penal el escenario no es muy distinto. El Senado debate por estos días la aprobación de los pliegos de Daniel Petrone, Diego Barrotaveña y el exministro de María Eugenia Vidal, Carlos Mahiques (quien está en funciones en Casación desde 2017, pero su designación fue tan polémica que debe ser ratificado en el Congreso para evitar impugnaciones). Si el peronismo acompaña con sus votos, los tres elegidos por Macri se transformarán en jueces «naturales» de la máxima instancia penal del país.
A ellos se podrían sumar Guillermo Yacobucci, cuyo pliego ya fue girado al Parlamento, y, según afirman en Comodoro Py, Carlos Carbajo. Con los cambios por implementar, durante su gestión el líder del PRO sumará cinco camaristas en Casación a los ocho que ya estaban (y de los cuales cinco suelen pronunciarse en sintonía con sus intereses, al menos por ahora).
Por estas dos cámaras tramitan causas con mucha densidad política: desde los casos Nisman u Odebrecht hasta la pata penal del Correogate y las investigaciones de corrupción que afectan a distintos funcionarios de Cambiemos. Además, claro, de todos los expedientes que involucran a dirigentes kirchneristas.
