12 de septiembre de 2025

El presidente Javier Milei presentará el lunes al país el proyecto de Presupuesto de la Administración Pública Nacional para 2026, a través de una grabación que se emitirá en cadena nacional. Es decir, sin concurrir al Congreso. Todo un símbolo que puede entenderse como «darle nuevamente la espalda» al Parlamento.

Muy probablemente vuelva a insistir allí en la necesidad de «redoblar» el rumbo emprendido en materia económico-financiera, como ya hiciera la noche del domingo pasado, pese a la contundente derrota sufrida en los comicios de la provincia de Buenos Aires.

Aunque el jefe libertario prometió correcciones en «aquellas cosas en que nos hayamos equivocado», en los días siguientes dio pistas de un camino invariable. Tales fueron los vetos a las leyes sobre Financiamiento Universitario, Emergencia Pediátrica y Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Es decir, sin importar lo que diga la ciudadanía (en este caso, el rechazo en las urnas a las políticas económicas vigentes), el déficit fiscal cero no se toca y se seguirán haciendo todos los recortes que hagan falta.

La hoja de ruta gubernamental, con su secuela de deterioro de las condiciones de vida y pérdida de derechos de las mayorías, no se modificará. Al contrario, lo que está en la agenda, a gusto del poder real -es decir, del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del «círculo rojo» del gran empresariado-, es la persistencia del ajuste, la desregulación laboral, la baja de impuestos y la reforma previsional.

No es extraño entonces que la vocera del FMI, Julie Kozack, haya ratificado el pasado martes la colaboración «estrecha» del organismo con las autoridades argentinas en la implementación de su plan para, supuestamente, afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento. «Apoyamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación», expresó Kozack.

Más allá de ese respaldo externo al modelo en curso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que «los resultados de la macroeconomía no llegaron a la gente».

Queda claro al respecto que la relativa baja de la inflación no alcanza para compensar el deterioro de la situación de una mayoría de los argentinos y las argentinas, que sufren fuertes caídas en su poder adquisitivo, el cierre de empresas y la destrucción de puestos de trabajo.

La perspectiva de la suba de precios no parece muy favorable, luego del aumento en el nivel minorista del 1,9% en agosto (similar al de julio) y tras la reciente depreciación de la moneda nacional.

A esa situación hay que sumarle el incremento en las tasas de interés y la volatilidad cambiaria ocasionada por los cambios de política financiera y monetaria, que seguirán afectando la evolución de los distintos sectores productivos.

En la primera licitación de deuda del mes, el Gobierno refinanció el 91% de sus compromisos, al colocar títulos que vencen después de las elecciones de octubre. Pero continuó aceptando tasas muy elevadas.

Las Lecap, con el vencimiento más próximo (31 de octubre) se colocaron a una tasa efectiva mensual del 3,97%, más baja que en la anterior licitación (4,8%), pero muy por encima de los valores previstos de inflación.

Se convalidan así altos retornos a los inversores que terminan repercutiendo negativamente en las finanzas públicas, sea por la vía de los mayores intereses o del aumento de la deuda, en el caso de las letras capitalizables.

Mientras tanto, la actividad de la industria se redujo en julio por segundo mes consecutivo: cayó un 2,3% mensual en la serie desestacionalizada, luego de la merma del 1,6% en junio. También la actividad de la construcción se achicó durante julio, un 1,8% respecto del mes previo.

Provincias
En este marco, la negociación que el Gobierno abrió con mandatarios de tres provincias afines marca, desde mi perspectiva, el comienzo de una estrategia que busca mantener la discrecionalidad en la asignación de recursos y conseguir los votos (tanto en las próximas elecciones como en el Congreso) para no poner en riesgo el «ancla fiscal».

Se busca alcanzar acuerdos con gobernadores que en su momento «dieron todas las herramientas», pero a quienes se les hace difícil seguir apoyando a la Administración Nacional, dada sus respectivas urgencias territoriales.

Aunque el veto reciente a la ley sobre ATN no facilitaría esas tratativas, el Gobierno pretende asegurarse, como mínimo, el tercio de legisladores que le dé sostenibilidad a sus recortes y garantice las mayorías que le permitan seguir haciendo uso de vetos y decretos, herramientas predilectas en este primer tramo del mandato.

Vale aclarar que hoy no se está discutiendo un nuevo proyecto de país, cuestión que se va a dirimir en las elecciones de 2027. Lo que sí está en discusión ahora es si la institucionalidad es capaz de generar una fuerza tal que permita que uno de los poderes del Estado le ponga límites al avance de la motosierra y a la implementación de reformas que van en contra de amplios sectores de la ciudadanía.

Desde el Poder Legislativo no se puede gobernar, pero se le pueden poner límites al accionar del Ejecutivo para atenuar los impactos de las reformas que quiere llevar adelante.

De allí que se precisa que el polo opositor se siga fortaleciendo y que octubre, a nivel nacional, sea una continuidad de lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires. Nuestro espacio y el resto de la oposición podrían así tener más representación parlamentaria. Entonces, al Gobierno se le dificultaría mantener y profundizar la implementación de este modelo.

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