2 de diciembre de 2025
La «modernización» del sistema de jubilaciones y pensiones que propone el Gobierno no es más que otra quita de derechos que profundiza la desigualdad social.
Sin descanso. El nuevo esquema llevaría la edad de retiro a los 70 años para todos los sexos.
Foto: Enrique García Medina
Bajo el argumento de la «sostenibilidad» del sistema previsional, el Gobierno, en el marco de las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), impulsa una reforma del régimen jubilatorio que implicaría elevar la edad mínima de retiro hasta los 70 años para todos los géneros, revisar la fórmula de cálculo de los haberes, limitar derechos −como las pensiones por viudez− y allanar el camino a los modelos mixtos de capitalización privada. La propuesta se enviaría cuando esté cristalizada la renovación legislativa, ya que el oficialismo amplió su presencia luego de las elecciones del 26 de octubre.
El principal punto de la reforma, aunque no el más dañino, pretende «elevar de manera escalonada la edad mínima para jubilarse hasta los 70 años para ambos géneros, es decir, la edad jubilatoria más alta a nivel mundial». El comienzo de ese aumento tendría su primer mojón en 2027, con edades previstas de 66 años para hombres y 62 años para mujeres, culminando en 2030 con los 70 años. Pero aún más grave, son las propuestas de reformas profundas, como la reducción de la tasa de sustitución (del porcentaje del último salario que se reemplaza como jubilación), el fin de la moratoria previsional, el cambio en las pensiones por fallecimiento y la posibilidad de habilitar un sistema mixto de capitalización individual similar al antiguo sistema de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).
El argumento oficial reitera que el sistema está «quebrado», que el gasto previsional se volvió insostenible y que las expectativas de vida –así como la estructura demográfica– exigen un replanteo. Mientras tanto, acelera la informalidad laboral y la reducción de aportes, que impulsa una mayor desfinanciación del sistema previsional.
De hecho, el propio presidente Javier Milei había asegurado en los primeros meses del año que la reforma previsional debía llevarse adelante después de las modificaciones en el sistema laboral. Sin embargo, se ventilaron algunos puntos de la futura reformas.
Protestas. Cada miércoles, frente al Congreso, los jubilados reclaman que sus ingresos no sean la variable de ajuste.
Foto: Getty Images
Principales ejes
Entre los principales cambios que plantea la reforma del sistema jubilatorio nacional sobresalen, en primer lugar, la edad de jubilación. En la actualidad en Argentina la edad de jubilación es de 60 años para mujeres y 65 para hombres (con 30 años de aportes). El nuevo esquema llevaría a ambos géneros a 70 años. Si esto se aprueba, Argentina se convertiría en el país con la edad jubilatoria más alta del planeta, junto con Dinamarca, pero una década antes. Dinamarca alcanzará los 70 años recién en 2040. Le sigue la tasa de sustitución, el porcentaje del último salario que una persona recibe como jubilación tras retirarse. Hoy, los trabajadores de menores ingresos reciben cerca del 96% de su salario al jubilarse, mientras que los de mayores ingresos reciben alrededor del 50%. La nueva propuesta, según lo que circula, implicaría una fuerte caída de ese porcentaje, reduciendo dramáticamente el poder adquisitivo en la vejez. También habría modificaciones en las pensiones por viudez y derechos conexos. Se plantea la posibilidad de que los cónyuges o convivientes jóvenes pierdan el derecho vitalicio a la pensión por viudez, pasando a un esquema temporal o condicionado laboralmente. Esto implicaría una reducción de cargas para el Estado, pero plantea un gran impacto social. Mientras que la moratoria previsional, el mecanismo mediante el cual quienes no cumplen los años de aportes necesarios pueden acceder a una jubilación, dejará de ser una opción. El Gobierno ya no renovó la moratoria vigente y, en consecuencia, quienes no reúnan los aportes necesarios para acceder a una jubilación, podrán obtener a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% del haber mínimo. El podio de las modificaciones se completa con la privatización y la puesta en marcha de un sistema de capitalización individual. El planteo de un «sistema mixto» abre la puerta a que los bancos privados y los aportes individuales complementarios asuman un rol mayor, lo que implicaría una transformación del actual modelo de reparto solidario público. La reforma reabre además el camino hacia un sistema mixto o privatizado, similar al de las AFJP, que fracasó en los 90 al reducir haberes y aumentar la desigualdad.
En un mercado laboral donde la mitad de los trabajadores es informal, exigir más años de aportes y subir la edad de retiro equivale, en los hechos, a negar el derecho a jubilarse. Más que una «modernización», la propuesta representa un ajuste estructural que busca bajar el gasto previsional –actualmente del 9% del PIB– a costa de la seguridad social. Argentina correría el riesgo de convertir la vejez en una extensión obligada del trabajo y de transformar la jubilación en un privilegio en lugar de un derecho.
Desde los sindicatos se advierte que no se trata de una reforma técnica para bajar el déficit sino de un «recorte social» que empuja a los trabajadores a sostener financieramente un sistema que los expulsa de los derechos previsionales. Uno de los errores que señalan es pensar que la reforma será «voluntaria»: prolongar la vida laboral hasta los 70 años no es una elección armónica, sino una exigencia impuesta por la necesidad de sostenerse. También alertan que los sectores más vulnerables –como quienes se desempeñaron en la informalidad o tienen empleos discontinuos– perderán la posibilidad de jubilarse o lo harán con haberes mucho más bajos.
