7 de noviembre de 2025

El proyecto de Presupuesto de la Administración Pública Nacional para 2026 incluye una serie de inconsistencias, ocultamientos y proyecciones macroeconómicas sin sustentos sólidos, a la vez que ratifica el propósito de continuar el actual rumbo regresivo y anticipa un mayor impacto sobre los sectores medios y más vulnerables de la sociedad.

Pude expresar durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados –el martes 4 de noviembre– las objeciones del espacio del que formo parte al texto enviado por el Poder Ejecutivo. 

Por ejemplo, señalé que la inflación proyectada por el Gobierno para el año próximo supone un promedio de menos del 0,9% mensual durante todo el año. Pronóstico arriesgado, teniendo en cuenta que los valores actuales están más cerca del 2% que del 1% mensual.

Tampoco parece razonable calcular gastos e ingresos con un dólar de $1.300 a diciembre próximo y $1.426 en igual mes de 2026, considerando que la cotización actual ronda este último valor.

En un plano más estructural cuestionamos algunos artículos de la iniciativa, como el número 30, que proponen eliminar normas vigentes que garantizan el financiamiento, o fijan un piso de recursos presupuestario para programas esenciales en materia educativa, del sistema nacional de Ciencia y Tecnología y de defensa nacional.

También mencionamos la intención de dejar sin efecto el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, por el cual la inversión en el área –tal fue en su momento el compromiso federal– debe tener una tendencia creciente hasta alcanzar un mínimo de 6% del PIB.

A la vez, el artículo 72 del proyecto oficial deroga la ampliación del beneficio otorgado por la ley de Zonas Frías, consistente en descuentos en la factura de gas en favor de cientos de miles de hogares, mientras el 73 pretende dejar sin efecto la actualización automática de las asignaciones familiares.

Déficit fiscal
Como un dato adicional en mi intervención señalé que se oculta el nivel real del déficit fiscal. Esto es así porque no se tienen en cuenta los intereses de una enorme parte de la deuda del Estado Nacional («capitalizable»), que se suman como mayor deuda y no pasan por el cuadro de resultados.

Se desconocen así las normas contables que plantea hasta el propio Fondo Monetario Internacional en la materia. El informe del «staff» del organismo de agosto pasado es claro: «Incluir todos los pagos de intereses capitalizados al sector privado por encima de la línea implicaría un déficit fiscal financiero de aproximadamente 1,2% del PIB».

Vale recordar que la proclamada necesidad de equilibrio fiscal sirvió para justificar la parálisis de la obra pública y el incumplimiento de las leyes de emergencia nacional en discapacidad y de salud pediátrica, así como la de educación universitaria, a la vez que se descartó la recomposición del salario docente.

Es a su vez inaceptable para las instituciones de la democracia, que en el proyecto de Presupuesto no esté contemplada la incidencia del reciente swap con Estados Unidos, ni el crédito que un grupo de bancos concedería al país, en condiciones que por cierto no se conocen.

Al respecto, en el dictamen de Unión por la Patria se reafirman «las atribuciones exclusivas del Congreso de la Nación en materia de arreglo de deuda establecidas en el artículo 75 de la Constitución Nacional, en particular las previstas en el inciso 4 (contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación), inciso 7 (arreglar el pago de la deuda exterior de la Nación) e inciso 22 (aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales)».

Necesidades
En contraposición al proyecto oficial, nuestra convicción es que debe avanzarse con un Presupuesto que apunte a un país diferente, con un Estado presente y a la vez eficiente que atienda las necesidades de la ciudadanía, en particular las de los sectores más débiles, que cuide la ciencia, la educación, la cultura, y propicie el desarrollo productivo, defendiendo el federalismo y la autonomía nacional.

Es decir, un país con inclusión, con derechos y con soberanía. Remarco esto último a pocos días de cumplirse 20 años de la histórica Cumbre de las Américas que se llevó a cabo en Mar del Plata en noviembre de 2005 y en donde los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela rechazaron el proyecto estadounidense del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 

Muchos países se encuentran ahora ante una avanzada hegemónica neoliberal sin precedentes por parte de Estados Unidos, que está tratando de reinstalar aquel proyecto con diversas estrategias y herramientas (financiera, militar, arancelaria, etcétera). Lo que la resistencia popular pudo detener entonces se presenta hoy como un desafío renovado, con miras a mantener la soberanía, ahora que el reciente «auxilio» de Washington a la gestión libertaria difícilmente se desligue de fuertes condicionamientos, geopolíticos, de entrega de parte del patrimonio nacional y apropiación de nuestros recursos naturales. 

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