15 de diciembre de 2025
A las apuradas. El Congreso debatirá el presupuesto y otros proyectos que envió el Ejecutivo en sesiones extraordinarias.
Foto: NA
Se avecinan días de alto voltaje político ya que desde el Gobierno del presidente Javier Milei, con un fuerte apoyo de las corporaciones empresarias, del Fondo Monetario Internacional y del Departamento de Estado de EE.UU. se despliega una fuerte iniciativa en el Congreso nacional con el propósito de aprobar en tiempo récord dos cuestiones fundamentales, tanto para la gestión oficial como para la economía del país y la vida de la ciudadanía. Se trata de la Ley de leyes, el presupuesto nacional, y de la controvertida «reforma laboral».
El presupuesto 2026, en caso de aprobarse, llegaría luego de dos años en que esta ley, que debe ser aprobada por el Congreso, fue inexistente, lo que marcó un caso único en nuestra historia acerca de una cuestión que impacta no solo en lo económico, sino en la propia vigencia del rol, establecido por la Constitución nacional, del Parlamento como órgano rector en la distribución de los recursos del Estado.
El sentido que le ha impreso el ministro Luis Caputo al proyecto oficial es el de consolidar el sesgo de ajuste que viene sosteniendo la actual política económica. Se trata de privilegiar el superávit fiscal como elemento excluyente y determinante de la gestión, lo cual implica inevitablemente un fuerte ajuste del gasto social, muy particularmente el que más peso tiene en el presupuesto, el gasto previsional. Aunque también resultan muy afectadas las partidas de salud, educación, seguridad, obra pública y los subsidios a las tarifas de servicios públicos, muy particularmente las de energía eléctrica, gas y transporte.
Resulta obvio que el tratamiento del presupuesto generará tensiones y fuertes debates teniendo en cuenta que allí se definen las políticas impositivas y lo relacionado con los aportes del Estado nacional a las provincias.
Todo indica que el Gobierno sostendrá la política de reducción de gastos del Estado que incluye la intención de seguir reduciendo la dotación de servicios que este presta, entre ellos, salud y educación, afectando a trabajadores y usuarios, como así también el ya menguado presupuesto universitario que está colocando a ese sector al borde de una crisis de funcionamiento.
Es inevitable mencionar en esta cuestión la convivencia de la reducción crítica del gasto social, como el emblemático tema de la discapacidad, en el que el Gobierno se niega a cumplir una ley aprobada por el Congreso y ratificada tras el veto presidencial, a la vez que se toman medidas que afectan los ingresos fiscales, como el caso de la rebaja en las retenciones a las exportaciones agropecuarias. La reciente reducción implica una pérdida de ingresos de 700 millones de dólares para el Estado.
Derechos con historia
Acerca de la denominada reforma laboral, el proyecto oficial reitera los distintos intentos en los últimos 50 años por alterar la matriz de los derechos laborales instituidos en la Argentina desde la jornada laboral de 8 horas diarias, establecida en 1929 durante el segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen, hasta los determinantes avances en materia de derechos sociales del primer gobierno peronista, que fueron luego ampliados por otras administraciones de gobiernos populares y progresistas.
Trabajo. La historia demuestra que con el recorte de derechos laborales no se genera empleo.
Foto: Enrique García Medina
Para avanzar en ese proyecto, el oficialismo ha instrumentado una política argumentativa de carácter ideológico-cultural a los efectos de generar en la opinión pública la convicción de que mediante esta ley se resolvería el problema del empleo. Esta línea de acción propagandística intenta salir al encuentro de la angustia de los trabajadores desocupados, como así también de los millones que tienen empleo, pero temen perderlo.
La experiencia histórica indica que ninguna de estas «reformas» ha generado nuevos puestos de trabajo. El caso del abaratamiento de las indemnizaciones resulta emblemático, ya que las consecuencias de esa medida será que habrá más despidos por la reducción de su costo, y no más empleo. Ningún empresario incorpora trabajadores por el hecho de que algún día el despido será más barato, sino que lo hace exclusivamente por el incremento de la actividad productiva, que le posibilitará facturar más y consecuentemente tener más utilidades.
Entre los muchos puntos del proyecto oficial llama la atención uno, que establece fuertes reducciones a los organismos de gestión de la cultura nacional como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Instituto Nacional del Teatro y el Instituto Nacional de la Música. Si este ajuste se concreta, comprometería la subsistencia de la cultura nacional y afectaría los puestos de trabajo de decenas de miles de trabajadores y trabajadoras que con su esfuerzo, talento y creatividad construyen las políticas culturales que conforman nuestra identidad.
Ante este panorama es previsible que crezca la conflictividad social. Diversos sectores ya anunciaron fuertes reacciones y el próximo jueves se realizará una gran marcha en rechazo de la iniciativa del Gobierno. Si el proyecto libertario implica un recorte de derechos para las grandes mayorías del país, su avance o freno dependerá de la correlación de fuerzas que se expresen en las calles y el Congreso.
