29 de diciembre de 2025
El Gobierno ajustó el presupuesto destinado a infraestructura hospitalaria. Una situación que también afecta a todas las instituciones provinciales que dependen de financiamiento mixto. Casos testigo.
El Bolsón. En el hospital rionegrino, el ajuste se siente en la baja de medicamentos para los centros de salud primaria y en la ausencia de aportes para gastos de funcionamiento.
Foto: Sandra Rojo
Desde que Javier Milei asumió la presidencia, el ajuste en infraestructura hospitalaria asciende al 90%. Eso se deduce del análisis del presupuesto ejecutado en los dos primeros años de gestión libertaria con respecto al de 2023. Una reducción que comprende fondos para la construcción y mejoras edilicias de hospitales nacionales, además de las transferencias de capital a provincias y municipios en lo que respecta a hospitales con financiamiento mixto.
En el análisis de la ejecución presupuestaria hecho por la web Chequeado.com, se desprende que no hay nuevos proyectos de reformas, y que solo se mantuvieron cuatro de períodos anteriores, de los cuales apenas uno ha avanzado en más de un 50% (azoteas y hall central del Hospital Garrahan).
Cabe destacar que, si bien el análisis apunta principalmente a las instituciones nacionales del AMBA, en las provincias la situación es igual o más grave aún. Por ejemplo, analizando el presupuesto que la provincia de Córdoba destinará para la obra social provincial (Apross) y obras en el sector, el legislador del Frente Cívico por Río Tercero, Juan Pablo Peirone, quien además es médico cardiólogo, aseguró que: «El aumento del 1,27% al 1,3% no es una actualización, es un ajuste, una burla. Los que estamos día a día con los pacientes sentimos que nos han dejado de lado en este presupuesto».
Andrés Dimitri, administrador y auditor de tres servicios de enfermería en Córdoba capital, confirma estos datos y explica lo importante que es el mantenimiento de la infraestructura hospitalaria: «Lo edilicio no es lujo: es control de infecciones, continuidad eléctrica, agua segura, gases medicinales, áreas críticas operativas. No podés trabajar si tenés que estar evacuando pacientes críticos con el agua en la cintura». Sobre lo hecho por Nación, destaca la necesidad de una auditoria para transparentar los gastos «para que una provincia pobre no tenga hospitales más inseguros por ser pobre. Esto es el corazón ético del debate. El ajuste nacional tiende a ampliar brechas. Las provincias con mayor espalda fiscal pueden sostener obras; otras quedan en modo supervivencia y priorizan salarios e insumos, postergando ladrillo, mantenimiento y equipamiento, hasta que ocurran las tragedias».
En Misiones, las falencias en este tema también son la principal preocupación, según lo ilustra Lucila Coronel, oncóloga del Hospital Pediátrico de Posadas: «Se observa un deterioro importante en el edificio en general y en las habitaciones. Paredes con humedad, grietas, pintura en mal estado, aire acondicionado con pérdidas de agua que cae en el piso de la habitación, baños en mal estado, puertas y ventanas que no cierran», toda una situación que afecta las largas internaciones que deben afrontar tanto los niños como las familias.
Sin embargo, la reducción en el sector se extiende más allá de lo edilicio. Por ejemplo, sigue sin ejecución la Ley de Emergencia Pediátrica, que actualiza partidas y sueldos, vigente desde este año luego de que el Congreso revirtiera el veto de Javier Milei. También un estudio del Centro de Economía y Política Argentina (CEPA) revela recortes en general en el área de salud que alcanzan, por ejemplo, al Instituto Nacional contra el Cáncer, en un 53,6%.
Sin techo. En el Hospital Dr. José Penna, de Bahía Blanca, se observa claramente la reducción de fondos para mejoras edilicias, incluso para aquellos hospitales que sobrevivieron catástrofes.
Foto: Horacio Culaciatti
Despidos
También en esta línea, Eduardo Arellano, emergentólogo, profesor universitario y director de RCP Argentina, aporta dos datos objetivos que demuestran la no actualización de los recursos desde 2023 y no solo en el plano de infraestructura: «Por ejemplo, al haber despedido gente, desde Nación mandaron cinco personas nada más a cubrir la inundación de Bahía Blanca. Y además no se compró ninguna partida de vacunas. Se sigue aplicando lo comprado en la gestión anterior». La gravedad de esto último reside no solo en el incumplimiento la ley nacional 27.491 que establece al Estado como garante de la vacunación, sino que pone una alarma extra: «Esto va a empeorar porque hay una epidemia de gripe en Europa y tarde o temprano va a venir para acá. Así que, si no se compran vacunas para marzo, van a haber miles de afectados en nuestro país».
De esta manera, con despidos en el Ministerio de Salud que ascienden a las 2.600 personas, se vacían programas como el materno infantil y las áreas de inmunización o de salud sexual y reproductiva donde se redujo el presupuesto en un 70%, desvinculando a más de 600 agentes territoriales que cumplían funciones en las provincias más perjudicadas, como Jujuy, Tucumán y Chaco. También cayó un 64% la distribución de insumos de salud sexual y reproductiva. El mismo camino siguieron programas y direcciones encargadas de garantizar la prevención en materia de VIH, hepatitis y tuberculosis.
Sobre la situacion en Jujuy, María José Carreras, odontóloga del primer nivel de atención en San Salvador, explica: «En materia de salud bucal, ha disminuido la cantidad de insumos y materiales para la atención, como en el resto de las áreas. También se observa un aumento de la demanda en el servicio público incluso en usuarios que cuentan con obra social. Ya que los costos de bolsillo aún con cobertura aumentan y los salarios no alcanzan o algunos pierden el trabajo registrado y la cobertura de salud». Y agrega cómo la situación laboral de sus colegas es un agravante de la crisis: «Los profesionales se van por los bajos salarios, no se reponen los cargos de la gente que se jubila. Y eso recarga los servicios en contextos cada vez más complejos ante el retiro del Estado de lo público y sus consecuencias sanitarias, sociales, económicas».
En la misma línea, Luis Albornoz, integrante del Concejo Federal de Enfermería de Argentina (Cofen), asegura que, en el hospital de El Bolsón, Río Negro, el ajuste se siente en «la baja de programas como el Remediar, que daba medicamentos a los centros de salud primaria. O el Plan Sumar, por el que los centros de salud de las provincias recibían un aporte para gastos de funcionamiento. Tampoco aparecen los fondos de las obras sociales. Eso hace que todo caiga en el hospital público». Además, señala la falta de personal tanto médico como enfermeros y de equipamiento: «Se inauguran obras faraónicas, como el Hospital Zonal de Bariloche, que es un cascarón vacío. No tiene financiamiento. Porque, además, la gente que se va jubilando ya no es renovada».
Finalmente, Laura Bogado, médica del Hospital Posadas e integrante del sindicato Cicop, agrega otro factor sensible: «La realidad es que el deterioro en el día a día se nota en los pacientes y en los compañeros. En la gente. Ya no damos abasto con las miles de tragedias individuales que vienen todos los días buscando una mano. A la condición médica se le suma la social, en todos los casos. Y eso deteriora más la salud y es un círculo vicioso. Sí, la infraestructura está mal y cada vez peor, lo vivimos en los ascensores, en la limpieza, en los pisos de internación; pero lo más doloroso es el aspecto humano de ese deterioro».
