2 de enero de 2026
Con un proyecto que favorece exclusivamente a la minería, el Ejecutivo envió al Congreso una reforma a la Ley de Glaciares que pone en riesgo ecosistemas vitales y el patrimonio hídrico de los argentinos.
En retroceso. Muchos glaciares del país están perdiendo agua por el cambio climático. Eliminar la protección automática de la ley actual sería abrir la puerta a su pérdida.
Foto: NA
La obsesión libertaria por roer las bases institucionales de protección del ambiente en Argentina viene desde el minuto cero, desde antes incluso del acceso formal al poder de esta fuerza política. Para Javier Milei, la naturaleza no es solo un recurso a explotar: es, ante todo y más que nada, un negocio fabuloso. Todo lo que se interponga en el camino debe ser eliminado y en ese marco ideológico hay que entender la avanzada contra la Ley de Glaciares, objeto primario de deseo del actual oficialismo nacional.
La novedad es que, en las últimas semanas, esa intención empezó a cristalizarse de manera cada vez más clara: el pasado 15 de diciembre el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación su proyecto de reforma parcial a la Ley N° 26.639 «Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial», algo que, de concretarse, funcionará como precedente peligroso para otras normas de protección ambiental, además de poner en serio riesgo la provisión de agua dulce y la regulación de cuencas hídricas de las provincias cordilleranas.
Durante el cambio de año, el presidente –endulzado por la buena performance electoral del pasado octubre– insistió con el tema, al decir que quiere que ese debate forme parte de las conversaciones legislativas del verano, con tiempos de tratamiento prioritarios. Todo esto encendió luces rojas, tanto en organizaciones socioambientales de alcance nacional, como en abogados ambientalistas y en el ámbito de la ciencia y la investigación.
«Los glaciares son recursos estratégicos particularmente vulnerables, por eso están dentro de las leyes nacionales de presupuestos mínimos», dijo a Acción Romina Araguas, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA). «Este proyecto destruye esa arquitectura y abre las puertas a que pase lo mismo con otros ecosistemas protegidos, como los bosques. Esta iniciativa viola el artículo 41 de la Constitución, es flagrantemente inconstitucional», agregó la especialista.
Límites concretos
La Ley de Glaciares fue sancionada en 2010, tras años de movilizaciones sociales, estudios científicos y debates legislativos.
Esta legislación, que establece un piso mínimo de protección que todas las provincias deben cumplir, había sido previamente vetada por Cristina Fernández en 2008, bajo el argumento de que «afectaría negativamente la economía y las inversiones mineras». Según detallaron desde la AAAA, no se trata de una norma simbólica, ya que establece límites concretos a actividades que destruyen o alteran glaciares y ambientes periglaciales, especialmente la megaminería y la explotación hidrocarburífera en alta montaña.
Senado. El 18 de diciembre se dio dictamen al proyecto del Ejecutivo. Participaron ambientalistas, científicos, gobernadores y empresarios mineros. Se tratará el 10 de febrero.
Foto: Gabriel Cano/ Comunicación Senado
Una de las herramientas más importantes de esta legislación es el Inventario Nacional de Glaciares (ING), cuya primera versión fue presentada en 2018, para luego ser actualizado de manera parcial en 2024. Según este relevamiento, hasta el año 2018 estaban identificados en la cordillera de los Andes 5.769 kilómetros cuadrados de hielo, de los cuales 674 kilómetros cuadrados corresponden a glaciares de escombros. La actualización publicada en 2024, que solo cubre la sección cordillerana de los Andes desérticos (noroeste y norte de San Juan), indica datos alarmantes, ya que en poco más de una década los científicos observaron una reducción del 17% en la superficie con glaciares y del 23% en los manchones de nieve perennes en esa región, lo que muestra cambios significativos en estas reservas estratégicas de agua.
Esta disminución del área de glaciares se explica por el cambio climático, que afecta de manera particular a estos ecosistemas altamente sensibles, así como por un uso desmedido o poco o nada planificado del agua en provincias que utilizan este bien para desarrollos productivos de alto impacto, como vitivinicultura o minería.
Más desprotección
En regiones áridas y semiáridas –que representan buena parte del país–, la existencia misma de comunidades humanas, economías regionales y ecosistemas depende del agua regulada por estos cuerpos de hielo. Según la AAAA, el proyecto de Milei implica abrir la puerta a la destrucción de los glaciares, al eliminar la protección automática que hoy establece la ley, para reemplazarla por un sistema discrecional: tras una simple declaración de una autoridad provincial, un glaciar puede quedar fuera de la protección legal y ser habilitado para actividades extractivas. Además, el proyecto elimina la prohibición expresa de realizar minería sobre el ambiente periglacial.
De manera sintética, el Gobierno nacional busca, en primer lugar, recortar los niveles de protección de la ley, al querer pasar de un concepto amplio que incluye glaciares y ambiente periglacial, a otro restringido que abarca únicamente a los glaciares que cumplen la función de ser reserva de recursos hídricos. También apuntan a cambios metodológicos, ya que habilitaría a las provincias a determinar cuáles serán los glaciares y geoformas periglaciales que cumplen con los requisitos para ser alcanzados por la ley.
Ilegal e inconstitucional
Según Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la propuesta del Gobierno es «ilegal e inconstitucional». En un comunicado difundido desde esa organización, el experto afirma que «reduce la protección de los glaciares y el ambiente periglacial para favorecer al sector minero y atenta contra el concepto de presupuestos mínimos, establecido en nuestra Constitución Nacional para garantizar una tutela común ambiental en todo el territorio nacional».
También recuerda que en 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la constitucionalidad de la Ley de Glaciares en el fallo «Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y otro c/ Estado Nacional». El máximo tribunal del país señala en ese fallo que el poder delegado a la Nación por las provincias de establecer los presupuestos mínimos ambientales no constituye una mera declaración teórica, sino que el Estado Nacional recibió la facultad de instrumentar mediante ese tipo de leyes los medios para lograr el fin constitucional de «un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano» (artículo 41).
Contra la ciencia
Además de ilegal e inconstitucional, la propuesta libertaria va contra el conocimiento científico acumulado en relación con los aportes ecológicos de los glaciares, así como en contra de los organismos estatales que –hasta ahora– los han estudiado y protegido. Por eso, decenas de organizaciones socioambientales firmaron un documento que reconoce el papel del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), cuyo trabajo fue la base para la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares, la herramienta que permite tener una foto actualizada y rigurosa de los miles de cuerpos de hielo y áreas periglaciales de la Argentina.
«Fortalecer al Ianigla –en vez de debilitar las normas que sustentan su trabajo– es una condición mínima para enfrentar la crisis climática con información pública, independiente y confiable», explicaron desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Por su parte, desde el propio Instituto informaron de manera pública que no cumple tareas de autoridad de aplicación ni de autoridad competente de la Ley, sino que su función es tener al día el Inventario. «El objetivo del ING es individualizar los glaciares, los glaciares de escombros y los manchones de nieve perennes que funcionan como reservas hídricas. Su elaboración sigue criterios y metodologías científicas reconocidas internacionalmente», destacaron.
La destrucción de las normas ambientales argentinas no es casual, ni temporal. La construcción de la institución ambiental nacional, con base en las leyes de presupuestos mínimos para bosques, glaciares y cambio climático, llevó décadas de debate, consensos y generación de conocimiento científico. La voluntad libertaria de destruirla es un atentado no solo a la soberanía nacional, sino también a la producción, la salud y la naturaleza del país.
