31 de enero de 2026
La directora ejecutiva del CELS advierte sobre los riesgos del DNU con el que el Gobierno dotó de mayores facultades a la Secretaría de Inteligencia. Espionaje a ciudadanos y persecución a la disidencia.
Paula Litvachky estudia desde hace tiempo cómo funciona el sistema de inteligencia en la Argentina. Es, además, la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el organismo de derechos humanos que lanzó una señal de alerta frente al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941 con el que el Gobierno de Javier Milei dotó de mayores facultades a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), incluidas las de detener personas o convocar a las Fuerzas Armadas a hacer tareas de seguridad interior, vedadas por ley.
En su oficina de la calle Piedras, Litvachky conversó con Acción acerca de los peligros que entraña esta reforma de espaldas al Congreso, la falta de reacción judicial y la necesidad de que el sistema político ponga límites a lo que podría representar la resurrección de la teoría del enemigo interno.
«Algunas definiciones del Gobierno tienen puntos de contacto con lo que fue la Doctrina de Seguridad Nacional, donde el enemigo interno también estaba en el centro.»
–¿Qué es lo que más le inquieta del DNU 941?
–Creo que lo más preocupante es el cambio de eje que están queriendo darle al sistema de inteligencia argentino al poner a la contrainteligencia en el centro. La contrainteligencia es, en realidad, el conjunto de capacidades que tiene el propio sistema para evitar ser infiltrado.
–Además, no es lo mismo hacer inteligencia que contrainteligencia.
–Hacer inteligencia es desarrollar u obtener información relevante para distintos temas, de acuerdo con lo que se fija en el plan de inteligencia, que tiene que servir para la toma de decisiones de los responsables políticos, vinculadas con la agenda estratégica de la Nación y con los riesgos estratégicos también. Hubo una discusión sobre inteligencia durante los años 90 y los 2000, con la agenda contra el terrorismo; pero la contrainteligencia, en realidad, es una parte de eso y tiene que ver con el esquema de protección del propio sistema de inteligencia.
–¿Cuál es el riesgo que ve en que todo gravite en torno a la contrainteligencia?
–Ahí hay una ampliación muy complicada de la definición de contrainteligencia que tiene como riesgo que, en realidad, el enemigo que te pueda infiltrar o poner en riesgo a tu propio sistema –o, en este caso, a tu propio régimen, al Estado– empiece a ser mucho más difuso y termine siendo cualquier posible enemigo interno. Ese, para mí, es el punto más claro, porque esto hay que leerlo junto con las definiciones que viene haciendo el Gobierno desde que asumió, respecto de que hay enemigos internos a los que hay que combatir. Tiene algunos puntos de contacto con lo que fue la inteligencia vinculada con la Doctrina de Seguridad Nacional, donde el enemigo interno también estaba en el centro, y tiene, obviamente, puntos de contacto con lo que se conoció en el plan de inteligencia filtrado.
«Hay dos discusiones para el Congreso: si queremos que nuestro sistema de inteligencia sea una policía secreta, y que por DNU no se puedan otorgar facultades de detención a un organismo.»
–¿Qué pasa con la facultad que se le da a la SIDE para detener personas?
–Es la idea de que, en realidad, no es necesaria una agencia de analistas o de productores de información, sino una agencia que tenga facultades policiales. Es una tensión que viene desde hace tiempo en la inteligencia argentina, y ahora se resuelve a través de un DNU.
–En el amparo contra el DNU, ustedes señalan que la SIDE, con esta ampliación de la contrainteligencia, quedaría facultada a interceptar comunicaciones.
–La interceptación de comunicaciones era algo que la inteligencia ya podía hacer. El decreto 614/2024 ya había ampliado las facultades de intervención en el ámbito digital. No estaba claro si se iba a necesitar orden judicial, porque lo que se estaba planteando era, en realidad, una vigilancia masiva de datos, que es un poco lo que hacen estas agencias de ciberinteligencia. Hay que prestar atención a esta nueva agencia de ciberinteligencia porque, en principio, es la que desarrollaría las herramientas tecnológicas para hacer esta vigilancia masiva, que no es la interceptación individual de comunicaciones como la conocíamos. Esto es un poco lo que se discutió a partir de lo que denunció Edward Snowden.
–¿Qué implica que todas las actividades sean encubiertas?
–No se termina de entender el término «encubierto». Pareciera que lo que quieren decir es que se amplía el régimen del secreto. Lo que eso significa es que toda la actividad y el funcionamiento del sistema de inteligencia queda bajo secreto, excepto algunas cuestiones muy excepcionales. La regla debería ser al revés: funcionar bajo publicidad, salvo en cuestiones muy específicas. Esto fue parte de una pelea muy fuerte que tuvimos en el caso AMIA. Allí se pagó al principal acusado del atentado con dólares de la vieja SIDE. Durante mucho tiempo se trabajó muy fuerte para romper ese secreto y para que los gastos reservados tuvieran un registro específico que permitiera un control posterior.
–¿Qué pasa con el control de la actividad de inteligencia a partir del diseño actual?
–El sistema de control que se establece es la inspectoría, que no sacó ni un solo informe. No está mal que haya una inspectoría, pero estos sistemas necesitan controles externos.
–El Gobierno tuvo un escenario perfecto a la hora de sacar el DNU: receso en el Congreso, feria judicial y una bicameral sin conformar. ¿Se podría haber hecho algo más frente a esta situación?
–El Gobierno lo hizo a propósito, está claro. Hay cosas para hacer, lo que pasa es que se requiere un volumen político para hacerlo. El Congreso puede rechazar el DNU. Puede tratarlo en extraordinarias. Después de diez días de ingresado el decreto, si la bicameral de trámite legislativo no se pone en funcionamiento, cualquiera de las dos Cámaras tiene la posibilidad de tratarlo y rechazarlo con mayoría simple. Ahí va a estar toda la pelea parlamentaria para ver si se conforma la mayoría necesaria para rechazar el DNU. Me dio la sensación de que este decreto generó más rechazo que el DNU 614, el que eliminó la AFI y repuso la SIDE. Hay un problema político: el sistema político, en general, no ha querido meterse del todo en los temas de inteligencia. La bicameral del Congreso nunca funcionó todo lo bien que debería.
–El Gobierno dice que está trabajando en una reforma más extensa por ley…
–Es posible que lo haga. A mí lo que me parece interesante es toda la cuestión de la inteligencia política. Tuvimos una historia larguísima de la SIDE haciendo inteligencia política y social. El personaje principal de la contrainteligencia era (Antonio «Jaime») Stiuso, que tenía una capacidad enorme de acopiar información para los famosos carpetazos. El propio sistema político funcionó con ese engranaje. Me llama la atención que la contrainteligencia esté puesta en el centro. No me queda claro quién fue definiendo estas líneas de intervención.
–Por definición, parece que no hay nadie haciendo inteligencia.
–La hacen las policías y la inteligencia militar. Hay una división de funciones con las inteligencias policiales y parece haber una habilitación a la Policía Federal para meterse en la inteligencia vinculada a las cuestiones de crimen organizado, que plantea Patricia Bullrich. El tema del terrorismo le queda en parte a la SIDE y a Defensa. Ahí es donde, en general, los sistemas de inteligencia de otros países también tienen la contrainteligencia integrada a la idea de estar advertidos frente a otras potencias con capacidad de infiltración. Acá parece más bien lo contrario: parece el armado de un sistema de inteligencia al servicio de agencias extranjeras.
–Entonces aparece la lógica del enemigo interno.
–Va a ser, en realidad, un sistema interno vinculado a los riesgos políticos, y eso, en nuestro sistema, está prohibido. El plan de inteligencia filtrado, de alguna manera, lo plantea para todos aquellos que quieran generar campañas de opinión pública contrarias al Gobierno, para quienes se opongan al desarrollo económico o pongan en juego el sistema económico que plantea el Gobierno, para los mapuches, los anarquistas.
–¿Alcanzan los protocolos que pide el PRO para sostener la reforma por DNU?
–No, porque lo que ellos reclaman son protocolos para detener personas. No importan los protocolos: si es una facultad prohibida, el protocolo deja de tener importancia. Es una fuga hacia adelante lo que están haciendo. Acá hay dos discusiones para el Congreso: por un lado, si queremos que nuestro sistema de inteligencia sea una policía secreta; por otro, que por DNU no se pueden otorgar facultades de detención a un organismo.
«Lo que se ve es una respuesta judicial temerosa frente a los casos de inteligencia ilegal, o directamente favorable y permisiva. Uno de los casos paradigmáticos es el del ARA San Juan.»
–¿Qué pasa con el control judicial?
–Viene siendo muy débil. Lo que se ve es una respuesta judicial temerosa frente a los casos de inteligencia ilegal, o directamente favorable y permisiva. Uno de los casos paradigmáticos es el del ARA San Juan: estaba claro que había existido una situación de inteligencia ilegal sobre los familiares. Estaba toda la prueba, no había discusión ahí. Lo único que hubo fue una interpretación judicial diciendo que no era inteligencia ilegal. Por eso es muy importante el rol del sistema político. Esto no lo va a resolver el Poder Judicial.
–¿Cómo definiría al Gobierno de Milei teniendo en cuenta el uso que hace de la inteligencia y la seguridad?
–Es difícil hacer una definición única. En muchos de sus aspectos, es un Gobierno antidemocrático e iliberal, de persecución a la disidencia. En este sentido, es muy preocupante que, con esta centralidad de la contrainteligencia, todo el resto de la administración pública pase a ser sujeto activo y deba controlar o aportar la información que la SIDE solicite.
–¿Se podría decir que hay una ruptura de los consensos democráticos?
–En estas transformaciones hay un corrimiento mayor hacia la idea de que los militares puedan hacer seguridad interior. Dicen que pueden intervenir sobre organismos no estatales. Es una forma de ir debilitando el trípode de leyes que había armado nuestro sistema: la ley de Defensa, la ley de Seguridad Interior y la ley de Inteligencia.
