2 de abril de 2026
La política sobre Malvinas, tras décadas de cierta continuidad institucional, hoy se redefine en clave económica. Cuando la memoria se convierte en un estorbo.
Ushuaia. El Monumento a los Héroes de Malvinas fue inaugurado en 1994.
Foto: Shutterstock
Hay un modo de mirar el mapa que no es el de la cartografía escolar, el que muestra las provincias con colores parejos y líneas de puntos que indican divisiones. Hay otra mirada, más incómoda, que revela qué partes del territorio son de interés para el Gobierno de turno y cuáles quedan en sombras. En los primeros meses de la gestión de Javier Milei, esa oscuridad se ha vuelto más espesa sobre la Patagonia, el Atlántico Sur y, de manera más ominosa, sobre las islas Malvinas. No porque el nuevo Gobierno haya inventado el abandono, sino porque ha elevado a principio filosófico lo que antes era negligencia o falta de interés. La política sobre Malvinas, que durante décadas tuvo al menos el ropaje de la continuidad institucional, hoy es un campo donde la soberanía se redefine en clave económica y la memoria se convierte en un estorbo.
Para entender la magnitud del cambio, conviene recordar que el Atlántico Sur y la Patagonia no son solo un escenario geográfico. Es el lugar donde confluyen la historia más dolorosa de la guerra, la explotación de recursos estratégicos y una proyección geopolítica que ningún país serio puede tratar con liviandad. Durante las décadas posteriores a 1982, el Estado argentino ‒con gobiernos radicales, peronistas y macristas‒ sostuvo una política de Estado que combinaba el reclamo diplomático con acciones concretas de presencia: vuelos a las islas para familiares de caídos, acuerdos de explotación de hidrocarburos en la cuenca Malvinas, la creación de la Secretaría de Malvinas, y un discurso que, con diferencias, jamás abandonó la premisa de que la soberanía se construía desde la persistencia.
Esa necesaria continuidad no existe en la visión del actual Gobierno. No es que se haya renunciado al reclamo en términos formales, pero hay una diferencia sustancial entre la letra y el espíritu. El Gobierno de Milei ha señalado que su prioridad en política exterior es la alianza con Estados Unidos y el alineamiento con las potencias occidentales, y que las cuestiones de soberanía deben subordinarse a esa estrategia. En la práctica, esto ha significado un silenciamiento de las iniciativas de proyección argentina en el Atlántico Sur, un desguace de las estructuras administrativas y un discurso sobre la cuestión Malvinas de supina ignorancia y desinterés.
Frontera geográfica y simbólica
El problema no es menor. El Atlántico Sur es una de las zonas más codiciadas del planeta en términos de recursos pesqueros, energéticos y conectividad marítima. El lecho marino, cuya plataforma continental fue reconocida por la ONU en 2016 con una extensión que duplica el territorio continental argentino, esconde reservas de hidrocarburos y minerales clave para la transición energética global. Mientras Argentina discute si el Estado debe intervenir en la economía, el Reino Unido profundiza su presencia militar en las islas y consolida a Malvinas como un bastión de la OTAN en el Atlántico Sur.
Las provincias patagónicas han sido históricamente una frontera geográfica y simbólica. La política del actual Gobierno nacional hacia la región se ha caracterizado por una combinación explosiva de ajuste fiscal que castiga las economías regionales, una desregulación de la pesca y la actividad hidrocarburífera que prioriza la rentabilidad inmediata sobre el control estatal, y un desinterés por las infraestructuras críticas. Cuando el Gobierno habla de «motosierra» y la aplica a las obras públicas, paraliza rutas en zonas donde la conectividad es precaria, desfinancia los puertos patagónicos y elimina subsidios al transporte.
Hay otro aspecto más peligroso, que tiene que ver con la concepción misma de la soberanía. Para el Gobierno de Milei, el Estado es un obstáculo. Esta premisa, trasladada al plano territorial, implica que la presencia estatal en la frontera, el mar y las islas es no solo un gasto innecesario, sino una interferencia. La defensa de la soberanía, bajo esta lógica, se privatiza: son las empresas las que deben explotar los recursos. En una región donde el adversario geopolítico es una potencia nuclear con asiento permanente en el Consejo de Seguridad, la delegación de la soberanía en manos de corporaciones es una ingenuidad peligrosa.
El contraste con Gobiernos anteriores es revelador. Durante los años noventa, el menemismo sostuvo una política de acercamiento con Londres, pero siempre con la soberanía en salvaguarda. Los gobiernos kirchneristas profundizaron la política de presencia con acciones como el control de vuelos charter y una narrativa que colocaba a Malvinas en el centro de la agenda. Incluso el gobierno macrista, criticado por los acuerdos de 2016, mantuvo intactas las estructuras burocráticas y no abandonó la centralidad del reclamo.
Hoy asistimos al desmantelamiento de décadas de esfuerzos. La Secretaría de Malvinas fue degradada y el discurso presidencial evita cuidadosamente cualquier referencia que pueda ser interpretada como un gesto de soberanía que incomode a inversores extranjeros. En su lugar, se habla de «libertad económica» y de «abrir la economía al mundo», como si la presencia británica en el Atlántico Sur fuera apenas una cuestión de libre mercado y no el resultado de una situación colonial. El Reino Unido ha reforzado su presencia militar, ha anunciado nuevas inversiones y ha interpretado el cambio de actitud argentina como una señal de debilidad. Probablemente el daño solo sea comparable al que produjo la guerra de 1982.
Retórica vacía
Ante este panorama han resurgido discursos irredentistas duros en algunos sectores de la oposición que, curiosamente, son similares a los de algunos sectores que apoyan a los libertarios, sobre todo aquellos cercanos a Victoria Villarruel. Hay allí una peligrosa afinidad que habrá que ver qué derivas internas tiene en el futuro.
Pero la retórica, sin acciones concretas, es apenas una ficción para consumo interno. La ficción, en política exterior, se paga cara. Las Malvinas son un territorio ocupado ilegalmente, un enclave colonial en pleno siglo XXI que viola resoluciones de Naciones Unidas, y una pieza clave en la disputa por los recursos del futuro. La Patagonia es la puerta de entrada al Atlántico Sur y a la Antártida, otra zona donde Argentina corre el riesgo de diluir su presencia en favor de intereses privados extranjeros.
Así como en 1982 un ejército represor no podía encabezar una guerra antiimperialista, en 2026 un Gobierno que concibe el Estado como el enemigo no puede sostener una política de defensa de la soberanía, porque esa defensa requiere precisamente de un Estado fuerte, presente, que planifique, que invierta en infraestructura, en defensa, que garantice la conectividad territorial y que mantenga viva la memoria como herramienta de identidad.
El sur argentino merece algo más que esa indiferencia calculada. Lo que queda a la vista es una política que, por acción u omisión, está debilitando la posición argentina en una de las zonas más sensibles del planeta. Y cuando se debilita la posición, no se pierde solo una disputa diplomática: se pierde la capacidad de decidir sobre los propios recursos, sobre la propia identidad, sobre el futuro.
En un mundo que vuelve a mirar con codicia cada rincón del planeta, el sur argentino no puede quedar en manos de la indiferencia. Porque la indiferencia, en política, es siempre una forma de la entrega.
