21 de mayo de 2026
El resonante y fallido operativo de Seguridad, en el que 1.500 policías invadieron por la noche 15 barrios populares, puso en evidencia la intención del jefe de Gobierno de sintonizar con la política represiva de la gestión libertaria.
Puesta en escena. El jefe de Gobierno hace marketing político sin que le preocupe la suspensión de los derechos de la población más vulnerable.
Foto: buenosaires.gob.ar
La parte visible de esta trama comenzó durante la tarde del 27 de diciembre de 2023, a dos semanas y media de que Javier Milei llegara al sillón de Rivadavia, mientras Jorge Macri se convertía en el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires. Ese miércoles, la CGT había convocado a una multitudinaria protesta en Plaza Congreso contra el Gobierno nacional. Y fue la oportunidad propicia para que Patricia Bullrich, ya entronizada en el Ministerio de Seguridad libertario, ejecutara una sinfonía de palazos, balas de goma y gases lacrimógenos sobre la concurrencia. Pero aún faltaba la frutilla del postre.
Junto con las fuerzas federales había un centenar de efectivos pertenecientes a la Policía de la Ciudad, todos vestidos de civil, comandados por el secretario de Seguridad porteño y jefe operativo de dicha mazorca, Diego Kravetz.
La cuestión es que, en el transcurso de la desconcentración, mientras los manifestantes huían en diferentes direcciones, aquel hombre tuvo la mala suerte de que se viralizara en los medios el audio de una orden impartida por él a través de la frecuencia policial; a saber: «¡No se me vayan las brigadas!¡Tiene que haber detenidos!».
Fue cuando comenzó la cacería, con un saldo de 38 arrestos «al voleo».
Claro que Kravetz cumplía con una precisa directiva.
Es que, durante la tarde anterior a este jubileo disciplinante, el ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff, había sido citado con suma urgencia al Palacio de la Ciudad, cuyo despacho principal está ocupado por la máxima autoridad capitalina. Este, en referencia a la movilización en ciernes, solo dijo: «Mañana tiene que haber detenidos». Se trataba, obviamente, de Jorge Macri.
Ahora, casi 29 meses después, el alcalde acaba de dar la nota anunciando un aquelarre punitivo al que bautizó operativo «Tormenta negra». Un nombre, por demás, criterioso como para que no hubiera dudas de su gesta a favor de lo que él entiende por «higiene social».
Bien vale, entonces, reparar en este personaje, poniendo en foco, a modo de caso testigo, su última estocada.
La operación se desarrolló en 15 barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires con más de 1.500 policías, decenas de patrulleros, tres carros hidrantes y hasta un helicóptero. Los uniformados, sin orden judicial, irrumpieron con violencia en casas y comercios; hostigaron sin miramientos a vecinos que volvían del trabajo, además de tirar al piso a mujeres y niños durante los procedimientos. Pero los resultados fueron inversamente proporcionales a tamaño despliegue; hubo apenas 27 detenidos al azar (después, todos fueron puestos en libertad) y, en cuanto al propósito de localizar cuevas abocadas al narcomenudeo, solo se clausuró una rotisería y una carnicería del barrio de Fátima. Un virulento papelón.
Cabe destacar que entre esa ya olvidada ratonera realizada en diciembre de 2023 y la coreografía de la «Tormenta negra», los desbordes (por lo general, de naturaleza policíaca) consumados desde la jefatura de Gobierno de la Ciudad contra sectores vulnerables de la población no son fáciles de contabilizar. Pero, en todos los casos, su factótum era nada menos que él.
Casi siempre sonriente, sereno y gentil, Jorge Macri –al que el periodista Horacio Verbitsky define como «el primo inteligente de Mauricio»– no deja de ser un tipo con suerte. Porque la cuota más picante de la etapa política en curso corre por cuenta del presidente Milei y su entorno. Eso, justamente, hace que él hasta parezca la reencarnación de Winston Churchill. Eso, para colmo, potencia su peligrosidad. La disimulada peligrosidad de quien tiene el privilegio de ser la cara amable de un proceso distópico.
El Macri de al lado
Nacido a principios de 1965 en la ciudad de Tandil, fruto del matrimonio entre Alicia Boga y Antonio Macri (a) «Tonino» (el hermano menor de Franco), Jorge tuvo una niñez acomodada, mientras su padre se dedicaba a las empresas familiares, aunque sin el nivel de exposición del progenitor de Mauricio.
Después cursaría estudios incompletos de Arquitectura y Administración de Empresas en universidades privadas, siendo a continuación asimilado por los quehaceres de Socma (Sociedades Macri).
Recién en 2001 se volcó a la política, participando junto a Mauricio en la Fundación Creer y Crecer, ideada por ambos. Años después, aquella experiencia derivaría en la génesis del partido Propuesta Republicana (PRO).
En este punto cabe advertir que en su vínculo con Mauricio existió cierta similitud con la que Tonino mantuvo con Franco, dado que ambos caminaban a la par, pero no juntos, en el estricto sentido de la palabra. Y así fue que Jorge supo labrarse su propio espacio dentro del PRO, aunque no sin pasar por alto la cuota de recelo que le dispensaba su primo.
Así, mientras Mauricio accedía a la alcaldía porteña, Jorge disfrutaba de una banca en la Cámara Baja por la provincia de Buenos Aires. A continuación, entre 2011 y 2023, fue intendente de Vicente López, sin que el arribo de Mauricio a la Casa Rosada lo alejara de allí. Pero, en 2021, aceptó ser ministro de Gobierno del intendente Horacio Rodríguez Larreta en la CABA. Ese fue el trampolín al cargo que ocupa actualmente.
En todo ese extenso recorrido, supo suavizar con destreza sus apetencias y fobias más atávicas. Estas recién aflorarían con toda su potencia una vez ya instalado en el Palacio de la Ciudad. Y –como ya se vio– de manera silenciosa, aunque contundente.
No está de más explorar este aspecto de su ser.
El restaurador
El bueno de Jorge cifra su modo de interpretar el mundo en un concepto bélico: la identificación del enemigo. Eso incluso se desliza en un spot institucional de reciente data, donde se intercalan planos de operativos policiales con una frase de su cuño: «Para proteger a las personas de lo peor del Conurbano, ley y orden». Toda una declaración de principios.
Ante esa meta, la Policía de la Ciudad es su herramienta más preciada.
En este punto, una digresión: a diferencia de otras fuerzas policiales que actúan en el país, esta es una milicia partidaria; es decir, la falange del PRO. Un recurso indispensable para quien hizo de la seguridad el eje de su gestión.
Pero la suya es al respecto una escalada de contramarchas. Y lo cierto es que la dupla Wolff-Kravetz no colmó sus expectativas porque, pese al empeño de aplicar una política de mano dura, tuvieron que vérselas con ciertas situaciones imprevistas. De hecho, solamente entre el 31 de marzo y el 8 de abril de 2024, una veintena de presos se les «piantaron» de comisarías bajo su autoridad, en cuatro fugas no sincronizadas entre sí.
Ello determinó el reemplazo de ambos por Horacio Giménez, un policía de pura cepa que integró la Federal hasta que fue puesto por Mauricio Macri al frente de la efímera Metropolitana. Ahora es el hombre en quien el alcalde más confía. Y, desde luego, razones no le faltan: «Es tiempo de policías», supo decir en tal sentido.
Eso, por otra parte, lo saben las personas que diariamente son desalojadas de viviendas flojas de papeles; eso también lo sabe la gente en situación de calle que, en medio de la noche, es ahuyentada de los sitios en los que pernoctan para terminar, contra su voluntad, en los paradores municipales que son, en realidad, depósitos de indigentes. Y ni hablar de los manteros y vendedores ambulantes, a quienes se les decomisan sus mercaderías. Todos ellos, según el alcalde, cometen el terrible delito de afear la ciudad.
Claro que él tampoco está libre de pecados. Porque, junto a las denuncias por sus «excesos» de gestión, debió enfrentar varias causas penales ya desde su época de intendente en Vicente López, como cuando compró sin licitación unas diez camionetas Toyota Hilux, siendo su hermana parte de esa firma automotriz. O cuando, también en Vicente López, su gran amigo, el secretario de Desarrollo Económico, Leopoldo Fernández, fue beneficiado con un contrato millonario. O cuando, ya en 2017, la jueza Sandra Arroyo Salgado le hizo un embargo por ocho millones de pesos mientras lo investigaba por la adquisición sospechosa de un departamento en Miami. O cuando, en esa misma época, la Procuraduría de Criminalidad Económica (Procelac) lo tenía en la mira por lavado de activos. O, ya al año siguiente, cuando puso a varios beneficiarios de planes sociales como falsos aportantes a la campaña del PRO.
Hay que reconocer que de todos estos entuertos él salió bien librado. Aún así, la pregunta es: ¿está Jorge Macri en condiciones de tirar la primera piedra?
