3 de agosto de 2026

En estos días asistimos a una suerte de paradoja política, ya que el Gobierno nacional sostiene su ofensiva en el plano parlamentario, a la vez que todos los medios de comunicación, incluyendo los oficialistas, coinciden con las consultoras y encuestadoras en que se va generando una franca caída en la aprobación de la gestión libertaria como consecuencia de sus políticas económicas para la vida cotidiana de la sociedad.

Así las cosas, el jueves próximo se tratará en el Senado el proyecto de ley de extranjerización de tierras. Cabe aclarar en este punto que la denominación oficial del proyecto –Ley de inviolabilidad de la propiedad privada–, cuyo propósito fue correr el eje del debate, ha fracasado en términos culturales, ya que ha crecido en la opinión pública y en los medios de comunicación la sensación de que el gran objetivo del Gobierno es la enajenación de tierras nacionales, muy particularmente las relacionadas con la explotación de recursos energéticos, minerales críticos, la disponibilidad de agua dulce, zonas de frontera –que todos los países cuidan con legislaciones protectivas–, e inclusive zonas de gran riqueza alimentaria.

Lo cierto es que ha crecido la comprensión de la trascendencia que tendría la aprobación de este proyecto para la vida económica y política del país. Económica porque grandes corporaciones internacionales, muy particularmente las mineras, se apropiarían de esa riqueza natural de nuestro país. Y política porque se irían generando zonas geográficas que de hecho serían administradas por corporaciones extranjeras en las que, además, se va constituyendo una identidad autónoma, con fuerzas de seguridad propias y autonomizadas de los poderes provinciales y nacionales. En suma, este aspecto agrava la pérdida de recursos naturales y económicos, ya que nos iríamos deslizando hacia una fractura de la república y de la identidad nacional.

Las generaciones venideras
Queda por ver cómo resulta la votación en el Parlamento, tras las arduas negociaciones que llevan adelante representantes del oficialismo para conseguir las voluntades necesarias para la aprobación, y en el marco de una movilización de rechazo con la presencia de diversas organizaciones sindicales, sociales, políticas y culturales.

En ese dispositivo crítico de oposición a la ley de extranjerización de tierras viene jugando un rol determinante la Iglesia católica, a través de diversos pronunciamientos que comenzaron a principios de junio. Su posición es contundente y comprometida, incluyendo un accionar político y cultural muy claro. Desde diversos niveles de su conducción, la Pastoral Social, Cáritas y la Pastoral Aborigen, los obispos declararon que el proyecto de ley «atenta contra la soberanía de nuestra tierra y nuestros alimentos, los bienes comunes y el derecho de los pueblos a autodeterminarse». Además, convocan a los senadores a que «sus decisiones estén guiadas por el bien común y el futuro de las generaciones venideras antes que por intereses particulares».

Campaña a contramano
En estos días, el presidente de la Nación, Javier Milei, presentó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). Esta medida, que no tiene tanta repercusión popular como la anterior, implica un cambio copernicano, ya que elimina la definición del compromiso del organismo con el trabajo y la equidad social, escindiendo a la política monetaria del proyecto económico y social de país.

Se propone, además, que el directorio del BCRA que se designe en este Gobierno sea inmutable frente a los otros poderes del Estado, siguiendo el modelo peruano, cuyo presidente del Central lleva 20 años en el cargo más allá de la fenomenal inestabilidad política que se ha vivido en ese país durante ese período.

En estos días también es importante remarcar que el Gobierno desplegó una ofensiva mediática y cultural contra los extranjeros en el marco de una supuesta «campaña antiargentina», que no ha tenido ninguna entidad.

La campaña contra los extranjeros, plasmada en el DNU firmado por el presidente, al igual que el arancelamiento a los estudiantes venidos del exterior, especialmente de los países hermanos de América Latina, choca con las fuertes tradiciones democráticas de nuestro país.

A lo largo del siglo XX Argentina ha sido una nación abierta a la llegada de inmigrantes de todo el mundo, a los que se les brindaron los mismos derechos que el conjunto de los ciudadanos en materia de salud y educación, entre otros.

Es dable señalar también el impacto político de la denuncia ante organizaciones internacionales de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuestionando la legitimidad de los fallos en su contra y reclamando que finalice su proscripción y consecuentemente se restablezca su derecho a participar de la vida política.

No hay duda de que en términos políticos es una semana trascendente tanto en el plano parlamentario como en el de la creciente protesta social. Al paro nacional docente que abre la semana se suman dos grandes movilizaciones que vislumbran una presencia masiva en calles y plazas. Como ya mencionamos, el jueves está convocada una marcha contra el proyecto de extranjerización de tierras, y el viernes 7, día de San Cayetano, se prevé una multitud en las adyacencias del templo de Liniers, ya que el desempleo y la falta de trabajo, así como la creciente precarización del empleo, se han transformado en uno de los problemas más severos que afectan a nuestro pueblo.

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