22 de septiembre de 2026
Los nuevos aires nacionalistas libertarios chocan con el alineamiento a la estrategia continental de EE.UU., cuyos mandatos afectan a la seguridad nacional. Una política de compras para defensa que no se enteró del ajuste.
Lamelas. El embajador de los EE.UU. en Argentina junto al jefe de la Fuerza Aérea de nuestro país, Gustavo Valverde, en la ceremonia por el arribo de los F-16.
Foto: Embajada EE.UU.
El Gobierno decidió cambiar su mirada sobre las Islas Malvinas. Javier Milei se había declarado admirador de Margaret Thatcher y había hablado a favor de la autodeterminación de los isleños. La bandera enarbolada por los jugadores en el Mundial y el revés sufrido con la llamada «ley de extranjerización de la tierra» fueron determinantes en su giro discursivo; pero los antecedentes, tras 1.000 días de Gobierno, ponen en duda esa repentina malvinización.
El presidente insiste en el cambio de paradigma en las Fuerzas Armadas (FF.AA.), tanto en la profesionalización de sus cuadros como en el equipamiento. Sin embargo, las directivas de la administración libertaria van en sentido contrario: el alineamiento con la estrategia continental de Estados Unidos y la aceptación de sus pedidos afectan la seguridad nacional. Tras el lanzamiento de la nueva Doctrina Donroe (una conjunción de la vieja Doctrina Monroe y con el nuevo perfil impuesto por Trump), la administración actual de Estados Unidos aumentó su vigilancia activa en el hemisferio y brindó soporte político y económico a sus aliados.
El equipamiento militar adquirido desde el 10 de diciembre de 2023 tiene la bendición de Trump. Tanto los aviones F-16 comprados a Dinamarca como los Stryker 8×8 adquiridos a EE.UU. son material bélico de rezago. Sergio Eissa, profesor de Ciencias Políticas en la UBA, explica: «El proceso del equipamiento militar atraviesa tres etapas: primero la inversión en investigación y desarrollo para su fabricación; luego su utilización, el aprovechamiento del producto; y por último, el costo de rezago, el valor de su conservación tras la baja de servicio».
Venta bajo autorización
Los aviones de combate fueron adquiridos a Dinamarca bajo el visto bueno de Gran Bretaña y EE.UU. Producidos por la norteamericana Lockheed Corporation en la década de 1970, quedaron sujetos a limitaciones de software impuestas por Gran Bretaña que restringen su uso en el Atlántico Sur. La venta autorizada por EE.UU. a Dinamarca no solo ahorró a ambos países el costo de mantenimiento en depósito, sino que significó ingreso de divisas.
La Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional reafirma la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y fija su recuperación como objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Para Francisco Cafiero, exsecretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, la compra de los F-16 va en sentido contrario: no tienen autonomía para volar ida y vuelta a Malvinas ni el país cuenta con aviones cisterna para abastecerlos en vuelo. «No tenemos capacidad de disuasión ni músculo para sentarnos a negociar», afirma Cafiero.
Varios presidentes recorrieron el mismo camino: compras sin previsión ni mirada estratégica. Los A-4AR Fightinghawk, introducidos por Carlos Menem en 1997, fueron dados de baja por antigüedad y falta de repuestos. Los Super Etendard comprados por Mauricio Macri en 2016 nunca pudieron volar por falencias técnicas y el veto británico a los repuestos. Hoy Javier Milei se suma a la lista con sus F-16.
Un especialista en defensa detalló a Acción que el Fondo Nacional para la Defensa (Fondef), creado en 2020 bajo Alberto Fernández, garantizaba previsibilidad con un crecimiento paulatino de recursos por fuera del presupuesto de las FF.AA. Para Luciano Anzellini, profesor de Relaciones Internacionales en la UBA, la Unsam, Quilmes y Di Tella, sin Fondef no hay sostenibilidad, y afirma: «No se puede mantener el adiestramiento ni desarrollar pistas. ¿Cómo van a cuidar de las nuevas incorporaciones?».
Los Stryker 8×8 fueron producidos por EE. UU. para las guerras de Afganistán e Irak. No sirven en ríos ni lagos, no son aptos para la región mesopotámica ni tienen capacidad anfibia. Su velocidad, prestaciones tácticas y mantenimiento son menores que los de vehículos oruga necesarios para nuestra geografía, como lo eran los viejos M113, los VCTP o el Tanque Argentino Mediano (TAM). El Gobierno descartó usar la planta de Iveco en Córdoba para asociarse con Brasil en la fabricación de tanques Guaraní, desistiendo de avanzar en un proyecto soberano.
Costos
Una constante recorre la política de compras actuales: deja de lado el acceso a financiamiento. Al tratarse de equipamiento usado en su mayoría, no hay créditos disponibles para su incorporación, por lo que se paga casi de contado. En un contexto de escasez de divisas y ajuste permanente en educación, salud y obra pública, esto solo genera más cuestionamientos.
También el Ejército esperaba renovar su flota de camiones: la llegada de los Unimog 400 permite actualizar el viejo parque automotor. Se trata de unidades 4×4 confiables, pero con una erogación elevada y cuestionada por su vulnerabilidad frente a drones. El Cnel. (R) Jorge Fernando Durán plantea dudas sobre su conveniencia: «La experiencia de guerra reciente en Ucrania los vuelve obsoletos para el apoyo logístico de primera línea a menos de 25 kilómetros del frente». Agrega también: «Hay camiones nacionales a una cuarta parte del precio de los Unimog, con repuestos más baratos por ser nacionales».
El embajador norteamericano Peter Lamelas anunció que Argentina recibirá helicópteros Black Hawk reacondicionados en entregas escalonadas. Los objetivos de la entrega los fija la propia administración norteamericana en el texto: la venta busca «mejorar la seguridad de un aliado importante no perteneciente a la OTAN que es un factor de estabilidad política y progreso económico en Sudamérica», y equipar al país para «realizar seguridad fronteriza, contrarrestar el crimen transnacional y responder a asistencia humanitaria/desastres».
Eissa planteó sobre los Black Hawk: «No tienen capacidad militar, los venden para realizar operaciones en las fronteras o asistencia humanitaria. Son buenos helicópteros, pero no aumentan la capacidad argentina de defensa y tampoco está claro cómo financian la operación». Por su parte, Anzellini considera: «La cuestión es geopolítica, la discusión es ideológica. El sostenimiento no es simbólico, es por parte de los EE.UU., sin derivaciones hacia sectores productivos nacionales. El nivel de subordinación es total, contrario a nuestros intereses de seguridad nacional».
