10 de octubre de 2026

Como ya ocurrió en sucesivas experiencias neoliberales del pasado, con negativas consecuencias para la economía nacional y la mayor parte de la población, desde el Fondo Monetario Internacional insisten en recomendar políticas de ajuste fiscal y reformas privatizadoras como receta permanente.

Al igual que en los análisis realizados de modo habitual por el Banco Mundial (BM), las sugerencias de mayores esfuerzos realizadas a los Gobiernos de países emergentes vienen acompañadas por promesas de bonanza futura, que finalmente nunca llega.

En esta oportunidad, los elevados precios de la energía relacionados con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán dieron pie a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, para una nueva apelación al ajuste fiscal.

La titular del organismo consideró que las economías emergentes «deberían esforzarse por ampliar su espacio fiscal», aunque reconoció que esa será una «ardua tarea», dado que «la población se ha acostumbrado al apoyo estatal».

Reformas
Georgieva también propició «reformas estructurales», que completen el menú compuesto por «la mejora de la cualificación de la mano de obra, unos mercados laborales más flexibles y una mayor facilidad para la creación y el cierre de empresas».

Lo novedoso, esta vez, es que el mayor sacrificio es demandado para compensar en parte las recientes alzas en las tasas de interés y el aumento del costo del endeudamiento.

De este modo, el FMI exhibe una supuesta preocupación por la suba de tasas, pero a la vez las aplica a los países deudores del organismo y tampoco recomienda políticas para reducirlas.

En el caso de la Argentina, con un altísimo endeudamiento, en especial con el propio Fondo, afrontar las altas tasas con ajuste fiscal resultará extremadamente oneroso.

Situación que se ve agravada por los altos sobrecostos que impone el organismo, sea por el elevado monto prestado como por los plazos concedido en las operaciones respectivas.

Con una visión compartida, el Banco Mundial destacó en su reciente informe «Panorama económico de América Latina y el Caribe» que Argentina se encuentra en medio de reformas sustanciales y se proyecta que se expanda durante tres años consecutivos (2025-2027).

El impulso, según el BM, provendría «del ajuste fiscal, reformas tributarias y laborales, una economía más abierta y su Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI)».

La expectativa favorable en cuanto a la aplicación de esa fórmula, curiosamente, coincide con una corrección en el pronóstico del propio organismo, que redujo su estimación sobre el crecimiento del producto bruto argentino para este año: ahora se prevé un repunte de solo 2,1% cuando en junio último se esperaba un 3,6%.

Una corrección similar se verificó en los vaticinios de consultoras, centros de investigación y entidades financieras, cuyas previsiones son recogidas por el Banco Central en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM).

En este caso, lo esperado para 2026 es una expansión de tan solo el 1,5%, un guarismo inferior en 2 puntos porcentuales a lo que preveían a fines de 2025 los participantes de esa misma encuesta.

Lo que está a la vista es que las proyecciones se van corrigiendo a la baja, y mucho, en una economía ya en recesión técnica y que no parece en condiciones de despegar.

Por lo pronto, si bien la actividad industrial registró en agosto un alza del 1,9% mensual, esa variación no alcanzó a compensar la caída de algo más del 5% de julio.

Además, en el acumulado de los primeros ocho meses del año la industria se retrajo un 2,7% interanual, y si se compara con el mismo período de 2023 se encuentra un 11,7% por debajo.

También la construcción muestra una tendencia descendente, con caídas aún más pronunciadas que las del segmento fabril.

El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) publicado por el INDEC da cuenta de una práctica paralización de la actividad, mientras el acumulado de enero-agosto de 2026 se encuentra un 24% por debajo de igual período de 2023.

Aguas
En este contexto se confirmó la venta del 90% de las acciones de AySA, en medio de críticas que se enfocaron en la falta de transparencia del proceso y en la ausencia de un precio base: de dos ofertas se aceptó la mayor (por unos 340 millones de dólares).

El rechazo a esta operación, desde mi perspectiva, debe ir más allá de cuestiones de forma, procedimientos o de los ingresos generados con la venta.

Cabe recordar que se trata de la segunda privatización de la empresa. La primera fue revertida en 2006 por el Gobierno de Néstor Kirchner, luego de una mala experiencia en la que la original OSN (Obras Sanitarias de la Nación, creada para brindar un servicio público de agua y cloacas) fue transferida a una empresa extranjera cuyo fin era obtener beneficios, supuestamente, haciendo lo mismo.

Se transfirió así el control de una empresa originariamente estatal, creada en 1912, y que tuvo un paréntesis en su administración con las privatizaciones de los años 90 del siglo pasado.

Fueron apenas trece años de gestión privada (1993-2006) contra casi un siglo de provisión estatal. Y es inocultable que la empresa concesionaria tuvo que ser desplazada porque incumplió compromisos en materia de inversión y expansión de las redes hacia los sectores más postergados, además de encarecer y empeorar los servicios a sus usuarias y usuarios.

No parece un buen camino generar espacios de negocios particulares en áreas que deben ser de prestación de servicios básicos a millones de usuarios, en este caso del Area Metropolitana de Buenos Aires.

Se trata, en síntesis, de redefinir prioridades y de plantear el necesario reemplazo de un modelo que busca profundizar el ajuste del gasto y la desinversión estatal e impulsa reformas presentadas como promercado, cuando son en realidad claramente beneficiosas para grupos concentrados y en muchos casos perjudiciales para trabajadores y pymes.

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