10 de noviembre de 2020
Donald Trump comenzó a activar los recursos del gobierno federal de Estados Unidos para tratar de invalidar los resultados de las elecciones presidenciales. Así, el fiscal general, William Barr, que también ejerce como ministro de Justicia, ordenó al ministerio público que investigue con los recursos a su alcance si hubo fraude en la votación del 3 de noviembre, algo que sostiene el presidente y por lo que presentó demandas en estados que ganó Joe Biden, como Míchigan, Wisconsin, Pensilvania o Georgia. Barr escribió el lunes una misiva a los fiscales dándoles luz verde para investigar «acusaciones sustanciales de irregularidades en la tabulación de votos y en las votaciones», antes de que se certifiquen los resultados de las elecciones presidenciales en sus diferentes jurisdicciones. El fiscal general admite en la misiva que este es un movimiento sin precedentes, pero afirma que en este momento el ministerio público no puede actuar de forma «pasiva y lenta». Los resultados deben quedar certificados en los próximos días, pero aún están contando votos en Georgia, Arizona y Carolina del Norte, entre otros. El nuevo presidente toma posesión del cargo el 20 de enero.
