Violencia institucional

25 de abril de 2014

La situación de marginalidad y desamparo que predomina en las cárceles argentinas es el principal foco de atención del titular del Procuvin, Abel Córdoba. Derechos vulnerados por el propio Estado.

En marzo de 2013, la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, creó la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), con el objetivo de coordinar e impulsar las acciones penales y la orientación de las investigaciones y juzgamientos de los delitos consumados mediante violencia institucional, que tienen como víctimas principalmente a personas en estado de vulnerabilidad. A un año de su llegada del organismo, el abogado Abel Córdoba recibió a Acción en su pequeña oficina desde la que desempeña un rol fundamental en la denuncia y esclarecimiento de hechos de violencia cometidos por agentes del Estado. La situación de las cárceles es el principal foco de atención para la PROCUVIN. Al respecto, elaboró una estadística reveladora de la gravedad de los hechos que ocurren a diario en los establecimientos penales, y que es casi desconocida en la Argentina: un privado de libertad muere cada 38 horas. Si se cumpliera cabalmente con la ley, nadie debería morir en una cárcel porque para estar preso o presa es condición tener un mínimo de 18 años y gozar de buena salud. Si no es así, el preso enfermo deber ir a un hospital, o a un centro adecuado si sufriera un padecimiento terminal. Sin embargo, según Córdoba, unos 300 presos pueden morir este año como producto del ensañamiento y/o el desinterés de las agencias judiciales, policiales y penitenciarias. La experiencia al frente del PROCUVIN, de poco más de un año, lo lleva a no escatimar críticas a la connivencia entre fiscales, jueces, policías y penitenciarios, ya que, en general, sostiene Córdoba, los unos no investigan a los otros como deberían. El procurador estuvo, antes de ejercer este cargo, al frente de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado de Bahía Blanca, desde la cual desarrolló más de un centenar de imputaciones a responsables de crímenes de lesa humanidad, a integrantes de fuerzas armadas, policiales, penitenciarias y también a responsables civiles de tales crímenes.
–¿Por qué aceptó estar al frente de la PROCUVIN?
–Hasta no hace mucho tiempo, cuando yo acusaba crímenes de lesa humanidad como fiscal federal en Bahía Blanca, hice unas 120 imputaciones a militares, policías y penitenciarios. Y sentía una gran tensión entre estar acusando en una audiencia a los peores criminales de la historia de ese lugar y del país, y, al mismo tiempo, saber que a 15 cuadras, en la cárcel, ocurrían cosas similares a las que yo estaba juzgando. Pero no tenía la posibilidad de abordar las dos cuestiones. Tuve que aprovechar el momento para avanzar en esas causas que venían con 30 años de postergación, con los testigos, víctimas y acusados muriéndose. Cuando asumió la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, surgió la propuesta de montar una estructura, en marzo de 2013, para que tome estos casos. Y ahí, ya con los juicios de Bahía Blanca afianzados con condenas firmes, decidí pasar a este tema como parte de una continuidad de trabajo y de un compromiso.
–¿Cómo describiría la situación que encontró?
–La realidad de la cárcel es espeluznante, no es viable vivir ahí. He hecho referencia a que las condiciones son infrazoológicas y que las padecen miles de personas. La biología resiste, porque la mayoría de los presos son jóvenes, pero organismos como nosotros, o la Procuración Penitenciaria o los comités contra la tortura, tenemos que generar múltiples programas contra la muerte y la tortura porque están afectando a una población masiva.
–Con base en su experiencia en los juicios por crímenes de lesa humanidad, ¿existen vínculos entre aquellas prácticas y lo que ocurre en las cárceles?
–Hay hechos delictivos en los sitios de encierro similares a hechos que ocurrieron dentro de los campos de concentración. Son idénticos. Eso me parece que es claro. Pero no le diría campo de concentración a cada cárcel. Creo que el eje tiene que estar puesto no ya en la institución, sino en lo que vive la persona en cualquier lado. Por ejemplo, el año pasado, nosotros tuvimos un caso en Reconquista, Santa Fe. Allí la policía detuvo y torturó a dos jóvenes y les secuestró una escasa cantidad de droga. Cuando imputamos a los jefes policiales y a los que estaban en el operativo, se produjo una gran reacción de la policía provincial. Lo cierto es que pudimos avanzar. Cuando llegamos a la Cámara, se eliminó del proceso a los jefes, los principales responsables. La Cámara emitió uno de los peores fallos posibles, sostuvo que «las personas estas no fueron torturadas porque no pasaron por campo de concentración, porque no hubo elementos de tortura en el hecho y porque el hecho no fue en un ámbito clandestino sino que fue en la calle». Desde ahí creo que no hay que acentuar la identificación entre lo concentracional y la tortura. Es un fenómeno que se puede dar en la calle, en psiquiátricos, en las cárceles o en sede policial.
–¿Es correcto adjudicar esos episodios, o el gatillo fácil, a resabios de la dictadura en las fuerzas de seguridad?
–No, para mí son componentes de las fuerzas democráticas, de las fuerzas policiales y penitenciarias democráticas. Se han mostrado aptas para vivir con estas características en la constitucionalidad y no se puede echar culpas a la pasada dictadura. La gente que hoy encontramos involucrada en estos delitos no viene de la dictadura; tienen 30, 40 años. Pueden estar vigentes elementos de una escuela antigua, pero ya son parte de la constitucionalidad y así debe asumirse. Yo he juzgado a jefes de penales de 1976 y 1977, pero lo que escuché luego, ocurrido ahora, en estos días, es en muchos casos peor que aquello por lo que había pedido 25 años de prisión o perpetua. A fines de diciembre, veíamos en Bahía Blanca el caso de un pibe que iba en una moto y murió al chocar de frente con el patrullero que lo perseguía. Fue una muerte en la madrugada, en un parque, con todos los elementos que deberían originar la inmediata hipótesis de que fue un homicidio y esto no tiene ningún reflejo en las investigaciones. Estamos yendo a una concepción donde los cuerpos de los delincuentes, de los que las agencias policiales y judiciales criminalizan, tienen un tratamiento similar a la basura. Los delitos más criminalizados son el transporte o la tenencia torpe de estupefacientes y algún delito contra la propiedad. La mayoría es flagrante; es decir, son delitos que se detectan en la vereda. Las agencias los recolectan, los clasifican, los seres humanos son quemados, castigados, torturados y muchas veces asesinados. Este esquema de sociedad nos preocupa; se da una asimetría entre la cantidad de muertes y la falta de reacciones inmediatas que debiera disparar en fiscales y jueces.

–Organismos de derechos humanos y familiares de detenidos suelen denunciar connivencia de jueces y fiscales con penitenciarios y policías.
–Es cierto, hasta suelen comer asados todos juntos. Y también este hecho guarda relación con las expectativas que, con mecanismos a veces directos y otros complejos, se activan en la sociedad sobre las agencias que más dolor y muerte causan. Es común escuchar en las campañas políticas la promesa de «más policías y penas más duras». Y esa expectativa no es solamente una transferencia, sino también un lastre para el desarrollo de otras políticas en derechos humanos contra la violencia institucional.
–¿Tiene respaldo para investigar y perseguir la violencia institucional a la luz de la escasa cantidad de penitenciarios juzgados y condenados, pese a que existen muchísimas denuncias?
–El concepto de violencia institucional hoy está por definirse, pero ya engloba a una diversidad de modalidades represivas del Estado. Eso es lo que me parece interesante del caso: va a significar que los que estamos trabajando en estos temas podamos darle sentido social y político en serio, fuera de toda otra cuestión. Por otra parte, debemos tener en cuenta que el juzgamiento de criminales de lesa humanidad involucra estructuras residuales y, en el caso de los policías y penitenciarios de la actualidad, las estructuras están vigentes y los avances no se dan sino es con tensiones internas muy fuertes. Yo te puedo hablar de lo que conozco, de la política interna de la Procuración General de la Nación: hay una voluntad directa y recursos asignados a mejorar la investigación, la acusación y el juzgamiento de todos los crímenes que tengan que ver con violencia institucional, muertes, torturas, causas armadas, corrupción policial y demás. Lo que pasa es que al poner en funcionamiento esto inmediatamente entra en tensión con lo que sostiene toda la estructura, que no está en el aire, que también tiene poder, que es difícil de ir encaminando, aun en un caso en el que esté la voluntad directa, como yo, que estoy en este cargo, y la gente que me acompaña en el equipo con un fuertísimo compromiso. Uno analiza componentes en los crímenes de violencia institucional y vemos que son hechos que están ocurriendo ahora y van a seguir ocurriendo. Se han demostrado compatibles con el estado democrático; es decir, la democracia puede sumar décadas de vigencia y no va a implicar superar esta violación a los derechos humanos en un tiempo breve. Y así ocurre, entre otras causas, porque los operadores judiciales, el sistema judicial, no ven víctimas en las víctimas de violencia institucional.
–Entonces, ¿qué ven un juez, un fiscal, cuando muere un joven o una chica que el Estado debió proteger ya que estaba bajo su tutela?
–Es imposible, o casi, que un juez de clase media alta se identifique con un pibe de 18 años. Con el número de muertos lo que ocurre es que no los consideran: son vidas sin importancia para ellos. Numéricamente son muchísimos; ahora, cualitativamente no tienen ningún interés. La vida de los más vulnerables no tiene importancia para jueces y fiscales. Y lo vemos en lo que me decía un familiar de una víctima de violencia institucional. Él está impulsando una causa en provincia de Buenos Aires para que se investigue la responsabilidad policial en un homicidio y no lo consigue, ha insistido ante fiscales y jueces, y nada. Al mismo tiempo esta persona plantea: «¿Cómo puede ser que en el caso de Ángeles Rawson se investigue hasta la aspiradora, si son dos muertos que deberían valer lo mismo?». Es una cuestión de clase, una mirada de clase que así lo determina, que empieza con la selectividad inicial policial y continúa con el calvario judicial y penitenciario.
–¿Cómo le explica un juez de Ejecución y el servicio penitenciario que un preso que vivía en La Matanza vaya a parar a Chaco o a Rawson?
–La mayoría de los detenidos que están lejos de sus familias son del Gran Buenos Aires. Y van a parar a lugares remotos como un confinamiento. Puedo referir un caso que terminó con la muerte en diciembre pasado, el caso de Cristian Pereira, en la U-6 de Rawson. Él había sido llevado ahí y estaba en tratamiento psiquiátrico. La primera medida que toma el nuevo psiquiatra es quitarle toda la medicación; al mismo tiempo, lo ponen en un pabellón conflictivo, donde fue golpeado, reprimido, y le aplicaron gas pimienta en la boca y en los ojos sin ningún dispositivo de contención que supla lo que venía siendo su tratamiento. Aunque consideramos que las personas no tienen que ser medicadas, hasta llegar a la supresión de esa medicación hay que manejar otro dispositivo. Esa persona confinada, sin ver a su familia, cumpliendo años, quemado en una celda, termina muerta. Ese mecanismo para nosotros es tortuoso y la tortura puede no tener una aplicación en un momento determinado; lo que hay es una violencia constante que desengancha a la persona de su familia, lo desengancha del acceso a la Justicia y en términos más existenciales lo termina desenganchado de la esperanza de vivir. Es tan cruel la aplicación de la ejecución penal que las personas prefieren ahorcarse y morirse antes que pasar un solo día más en ese martirio. Yo viví lo que nunca pensaba que iba a vivir, que una madre llena de dolor sienta alivio con la muerte de su hijo: «Ahora que está muerto, no le van a poder hacer más nada», me dijo. Entonces, todo lo que hagamos para modificar esta realidad va a ser poco, pero no podemos darnos el lujo de no actuar como lo estamos haciendo. Moleste a quien moleste, joda a quien joda, para nosotros se trata de vidas humanas y como tales las defendemos y protegemos. Estamos transitando un camino duro, espinoso, pero ineludible para quienes pretendemos resguardar a las personas de la violencia del Estado.