20 de mayo de 2021
Una niña fue víctima de reiterados abusos sexuales por parte de su hermanastro y quedó embarazada y, aunque el hecho ocurrió antes de la despenalización del aborto, pudo interrumpir la gestación amparándose en el derecho al aborto no punible establecido en el Código Penal para casos de violación. En un fallo que podría integrar el compendio de los más misóginos y reaccionarios de la historia, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº8 condenó al violador, pero también ordenó investigar si se había cometido un «homicidio prenatal» con la interrupción del embarazo. Los jueces Javier Anzoátegui y José María Rizzi, en efecto, no solo denunciaron a los funcionarios que garantizaron la atención de la víctima sino que calificaron como «sicarios» y «asesinos a sueldo» a los médicos que atendieron a la niña. A raíz de esta sentencia, la titular de la Defensoría General de la Nación, Stella Maris Martínez, solicitó el juicio político de ambos magistrados para que se analicen sus conductas como un caso de «mal desempeño». De este modo, sus nombres inauguraron el registro público de jueces denunciados por situaciones vinculadas con violencia de género creado el 8 de marzo.
