22 de julio de 2021
El cannabis puede ser utilizado con fines industriales y en horticultura, para fabricar distintos derivados, así como alimentos, bebidas e infusiones.
Plan piloto. Jujuy es la primera provincia en elaborar aceite de cannabis para uso medicinal. Proyecta hacerlo este año sobre 35 hectáreas. (Télam)
El Gobierno impulsa un proyecto para regular el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo, sumando así un nuevo sector dentro del entramado productivo nacional. La iniciativa oficial, que ya cuenta con media sanción del Senado, busca establecer un marco normativo para el desarrollo industrial del cannabis medicinal e incentivar el desarrollo de pymes y cooperativas, así como establecer la regulación de la cadena de producción y comercialización nacional con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y productos derivados, con fines medicinales.
A nivel mundial, más de 50 países tienen algún tipo de legalización de su uso medicinal e industrial. Israel, Canadá y Estados Unidos son líderes a nivel global y en la región avanzan Uruguay y Colombia. La producción de cannabis medicinal llegó a 1,4 toneladas en el año 2000 mientras que en 2019 alcanzó las 468 toneladas y el mercado internacional proyecta un movimiento de 42.700 millones de dólares para 2024. El Gobierno apunta a una producción potencial inicial de 10.000 toneladas anuales, para lo cual es necesario crear un mercado interno que habilite la comercialización de flor seca, fito-preparados y el uso de cannabinoides en cosméticos, alimentos, bebidas y productos veterinarios, así como la transformación de su biomasa en diversas formas de utilización industrial, como fibras textiles, bioplásticos, celulosa de papel y materiales de construcción, entre otros destinos. «Nuestra industria puede convertirse en una apuesta estratégica para el país. Estamos convencidos de que este proyecto es la puerta para que eso suceda, si lo hacemos de la mano de los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas nacionales, que son, además, los principales generadores de empleo de nuestra economía», sostuvo el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, durante la presentación del proyecto de ley.
La iniciativa contempla la legalización de la producción y desarrollo de la cadena productiva del cannabis y el cáñamo con una visión productiva, sujeto a ciertas regulaciones, basado en recomendaciones internacionales (ONU) y en estudios realizados en los países pioneros a nivel global y regional. Las regulaciones establecidas apuntan a evitar desvíos al mercado ilegal y garantizar la trazabilidad de procesos y productos con destino medicinal, de acuerdo con el proyecto presentado. La actividad que se puede desplegar en muchas provincias del país incluye el desarrollo de proveedores, del avance del agro 4.0 y del equipamiento tecnológico, conocimiento y derivados productivos.
La ley, con media sanción en el Senado, contempla no solamente el cáñamo industrial sino también el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal. Ambas dimensiones de la industria del cannabis le dan a emprendedores nacionales la oportunidad de producir derivados destinados a la salud, alimentación, veterinaria, insumos para la construcción, para industrias textiles y papeleras, entre otras posibilidades que esta planta brinda.
Entre los principales ejes del proyecto se destaca la autorización del desarrollo de la industria del cáñamo, que es una variedad específica con baja concentración de THC (no es psicoactivo); el impulso de su uso como insumo para varios sectores productivos: fibras textiles, ropa y calzado, cosmético, materiales para construcción, papel, entre otros; la legalización de su producción, excluyéndolo del listado de estupefacientes (admitido en 1977), y la inclusión del cáñamo en la ley (en particular para regular y controlar la actividad y evitar que en los cultivares de cáñamo se oculten cultivos ilegales de cannabis psicoactivo).
Oportunidades y cadena de valor
Las oportunidades inmediatas para el país estarían en el área medicinal, tanto con productos bajo prescripción como eventualmente otros que puedan ser autorizados para su venta, como suplementos dietarios u otras variantes, y se concentrarían en el mercado doméstico y de países de la región. Otra vía que puede presentar una ventana de oportunidades está asociada al cáñamo (plantas que presentan muy bajos componentes psicoactivos), del cual se pueden obtener una extensa serie de derivados.
La cadena de valor del cannabis incluye una larga serie de procesos y actores que van desde el desarrollo de insumos críticos –genética en semillas, fitosanitarios, equipamientos, etcétera–, pasando por la producción propiamente agrícola, seguida de la cosecha, hasta la transformación de la biomasa según los usos que se le quiera dar (medicinal, recreativo o industrial). De acuerdo con un informe de la cartera de Desarrollo Productivo, hasta el momento, en los mercados donde el negocio tuvo un mayor desarrollo relativo no existe una clara predominancia de las empresas integradas frente a las que venden la biomasa por mayor. Sin embargo, el hecho de que en la actualidad el comercio mundial de cannabis y sus derivados se encuentre muy restringido por razones regulatorias podría desalentar la división del trabajo, lo que llevaría a una mayor integración vertical.
El ente regulatorio del nuevo sector productivo estará bajo la órbita de la Agencia Regulatoria de la Industria del cáñamo y del cannabis medicinal. En relación con la producción, la ley posiciona al CONICET y al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) como los dos organismos facultados para garantizar el aprovisionamiento necesario de cannabis, ya sea para investigación científica o para uso medicinal. A su vez, se menciona explícitamente el fomento a la producción a través de los laboratorios públicos nucleados en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP). Por último, el proyecto aclara que habrá una fuerte y temprana articulación con reguladores financieros, como el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera «en pos de minimizar las restricciones de acceso al financiamiento, una de las principales limitaciones al crecimiento relevadas a nivel internacional». La constitución de la agencia reguladora tendrá un costo fiscal estimado en 159,1 millones de pesos anuales, de acuerdo con estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Parte de los recursos con los que se financiará el nuevo organismo provendrá de la percepción de tasas de control y fiscalización, así como del cobro de multas, pero, según la información provista por el Ministerio de Desarrollo Productivo, «en base a las experiencias de Uruguay y Colombia, la puesta en marcha de la agencia, junto con sistema de trazabilidad y lo vinculado con licencias y autorizaciones, demorará más de un año».
