24 de mayo de 2022

María Carolina Stegman

Tras sucesivos fracasos, este año volvió a presentarse un proyecto que apunta a proteger estos ecosistemas imprescindibles para la vida. Presiones y desacuerdos.

Pajonales, mallines, esteros o bañados: hasta no hace mucho tiempo, los humedales eran designados por distintas denominaciones locales. Se pensaba en ellos como una suerte de bordes que no terminaban de constituir ni sistemas terrestres ni acuáticos. Sin entidad, su identificación sin dudas era un problema, ya que el conjunto de ecosistemas que hoy se denominan humedales incluye lugares que visiblemente son muy diferentes: pastizales inundables, lagunas de aguas abiertas o salares. En países como Estados Unidos, ya en la década de 1950 se reconoció su interés y su función dentro de la naturaleza y por varias décadas se trabajó en inventariarlos. En la Argentina, esto ocurrió recién a principios de la década del 90, en consonancia con la ratificación por ley del tratado internacional de Ramsar, que tiene como objetivo conservar y hacer un uso racional de estos sitios mediante acciones locales, nacionales y de cooperación internacional.
Lo que es claro es que la definición es funcional. Son los procesos y no las estructuras los que los definen, es decir que estos ecosistemas cumplen funciones importantísimas para la vida en el planeta: retienen agua dulce en la superficie antes de cumplir su camino hacia el mar, ofrecen hábitats para la vida silvestre, forraje para la ganadería, protegen la costa de la erosión, purifican el agua, crean más diversidad mediante su dinámica temporal del agua, lo cual enriquece la vida, y proveen de agua en períodos de sequía o la retienen en períodos de inundaciones.
Actualmente no hay números precisos sobre qué cantidad de humedales existen en todo el territorio argentino. El primer mapa que se hizo, en base a la cartografía de suelos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con una escala de baja resolución espacial, concluyó que el 23% aproximadamente de la superficie del país estaría ocupada potencialmente por humedales. Otro estudio más reciente, aún en revisión, realizado a partir de diversas bases de datos geográficos, sostiene que el número ronda un 13%.
Más allá de la cifra exacta, hay algo que ya nadie puede desconocer y es que la condición de anegabilidad temporal que poseen los humedales brinda todo un conjunto de funciones ecosistémicas que benefician a las comunidades vinculadas, lo que se suele denominar como «bienes y servicios» de la naturaleza. Recientemente, la necesidad de sancionar una norma de protección de estos sitios volvió a la agenda tras los incendios ocurridos en la provincia de Corrientes, que implicaron la pérdida de casi un millón de hectáreas, entre las cuales están las pertenecientes a los Esteros del Iberá, considerado el segundo humedal más grande del mundo.

Desde hace una década, se vienen presentando, sin resultados, proyectos de ley (ver recuadro) en la Cámara baja. A fines de 2020 se presentó una iniciativa unificada que reunía todo el trabajo realizado hasta el momento, con el aval y la labor de organizaciones socioambientales y científicas, pero perdió estado parlamentario. El último intento fue a inicios de marzo, de la mano del diputado Leonardo Grosso (Frente de Todos), quien hasta 2021 presidía la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Consultado por el diario Página/12 respecto a los motivos por los cuales el proyecto había perdido estado parlamentario en 2021, Grosso fue contundente: «En Agricultura siempre hay lobby. Es la comisión que no da paso a esta ley y no la trata. Los diputados no quieren asistir a ese temario, se rehúsan a ponerlo, los presionan en sus provincias los diarios y cada grupo concentrado instalando la idea de que esto frena la producción. El lobby más oculto es el de la minería, que usa otras estrategias».

Intervenciones humanas
Según señala en diálogo con Acción Patricia Pintos, geógrafa e integrante de la Red Nacional de Humedales, las formas de afectación de los humedales son varias y se fueron complejizando a lo largo de los últimos años. «Hay un proceso rápido y creciente de deterioro de estos ecosistemas en todo al país, debido fundamentalmente al uso muy desaprensivo de los mismos o de su incorporación a sistemas productivos que son absolutamente ajenos a sus dinámicas. Podemos identificar prácticas extractivistas ligadas con el agronegocio que buscan ampliar la frontera agropecuaria incorporando áreas de humedales, para lo cual se rellenan y transforman en ecosistemas terrestres, perdiendo su condición de anegabilidad. Por otro lado, está la megaminería, específicamente la destinada a la explotación del litio en los salares de altura, y una tercera intervención que se relaciona con la producción forestal, esto quedó muy en evidencia con los últimos incendios en las provincias de Corrientes y Misiones. La cuarta intervención es el avance de los procesos de urbanización sobre áreas de humedales, un hecho absolutamente extraño para estos sitios», sostiene.

Los humedales, explica Pintos, son áreas inundables per se, por lo tanto no son aptas para el desarrollo de una urbanización. El proceso mediante el cual un humedal se desnaturaliza para hacerlo habitable implica movimientos de suelo muy importantes para rellenar las áreas donde se van a localizar calles y viviendas. «El material que se saca para producir el relleno es el que produce las lagunas artificiales; el paisaje previo desaparece por completo, se va la flora, la fauna, o entran en colisión, como pasó con los carpinchos en Nordelta en 2021», recuerda.
Cuando desaparece el humedal se pierde la capacidad del terreno de comportarse como esponja natural y por lo tanto los excedentes hídricos ya no pueden ser regulados y las inundaciones empiezan a afectar áreas que normalmente no lo eran, por ejemplo, los barrios ubicados alrededor de estas grandes urbanizaciones, muchas veces barrios populares.

Lógica binaria
«Asistimos a un proceso de transformación masiva, porque hablamos de grandes superficies. Nordelta, por ejemplo, tiene 1.600 hectáreas y así otras tantas urbanizaciones en Escobar, Tigre, no bajan de las 1.400 hectáreas, son enormes superficies que pasan a estar subordinadas a una lógica privada, de transformación rotunda», subraya Pintos, quien es además subdirectora del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata.
Para la bióloga Patricia Kandus, quien es además investigadora del Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín, la tendencia general del desarrollo es a la homogeneización del planeta, «en una lógica binaria, en el sentido ecofeminista del término», sostiene.
«Se mira a las actividades humanas como de tierra o de agua. En la tierra hay toda una lógica hegemónica de producción que en los últimos años exacerbó su mirada homogeneizante, el caso más evidente es la producción agroindustrial, donde se busca hacer actividades del mismo modo en cualquier lado y si no se puede, se fuerza al territorio a comportarse según lo que se quiere. Alcanza con ver la expansión de la frontera agrícola sobre Chaco: se llevó un modelo pampeano a una región distinta, se avasallaron a los bosques de madera dura locales, irrecuperables, para hacer lo mismo que se hacía en la región pampeana», indica la investigadora en una charla con Acción.

En la misma línea, señala que los humedales vienen a interpelar ese paradigma binario, porque son diversos y dependientes de las características locales del emplazamiento geomorfológico, es decir, de la forma de la superficie que da posibilidad a que el agua quede retenida por algún tiempo. «Los humedales tienen distintos regímenes hidrológicos, a veces tienen agua en forma permanente, como el caso de un estero, pero otras veces tienen agua temporaria, como en bañados, áreas bajas submeridionales, el caso extremo son las salinas», asegura Kandus, una de las investigadoras que dio los primeros pasos en los inventarios de humedales en el país, un proceso que está previsto en la ley presentada en marzo de 2022.

GUIDO PIOTRKOWSKI

«La ley no viene a prohibir nada, lo que trata de establecer son las condiciones para llevar adelante actividades productivas sin poner en riesgo la sostenibilidad de estos ecosistemas. Armónicamente, se pueden desarrollar todo un conjunto de actividades económicas ligadas con la pesca artesanal, la producción forestal, la producción frutícola, de juncos para hacer productos, como ocurre en el Delta del Paraná. Lo que no es posible es rellenar humedales y transformar radicalmente sus condiciones ecosistémicas para llevarlos a condiciones de pampeanización –concluye Pintos–, porque además estos sitios son bienes comunes, son activos de la naturaleza con interés colectivo, pensar los humedales a partir de este concepto los aleja de la idea de mercancía».