26 de junio de 2022

Adriana Meyer

Los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán a manos de policías bonaerenses fueron un punto de inflexión para el escenario político poscrisis de 2001.

La real dimensión de lo que sucedió el 26 de junio de 2002 solo puede ser comprendida con el análisis previo de las olas del tsunami ocurrido en diciembre de 2001. En principio, el presidente Eduardo Duhalde no había sido elegido por el voto popular; la estabilidad económica y social estaba apenas contenida con débiles alambres y los movimientos de desocupados, las asambleas barriales e incluso las ramas combativas del sindicalismo se encontraban en pleno auge y movilizadas. Los piqueteros, nucleados en el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) y otras agrupaciones habían decidido que cortarían el Puente Pueyrredón en reclamo de alimentos, trabajo, planes de empleo, aumento de los subsidios (de 150 pesos a 300 pesos); el fin de la represión y el desprocesamiento de militantes por actos de protesta; y el freno al desalojo de la fábrica Zanon.
La antesala del operativo represivo preparado para el 26 en Avellaneda, con el objetivo de evitar que los piqueteros cortaran el puente, fueron declaraciones políticas de alto voltaje, tareas de inteligencia y la decisión de frenar la protesta callejera a como dé lugar por parte del gobernante duhaldismo.
El entonces canciller Carlos Ruckauf dijo que no le temblaría el pulso si tuviera que volver a firmar el decreto de aniquilación de la subversión que suscribió en 1975 cuando fue funcionario del Gobierno de Isabel Perón. Y Juan José Álvarez, exsecretario de Seguridad Interior, declaró que «los intentos de aislar la Capital con bloqueos serán considerados una acción bélica».
En aquellas horas también hubo tareas de espionaje a las organizaciones piqueteras, algo que reconocería el propio exsecretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández. «Sabíamos desde hacía veinte días que iba a suceder una cosa de estas características, en el estadio Gatica se organizó una asamblea de piqueteros en la que se habló de lucha armada, se definió un plan de lucha que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades», dijo Fernández en conferencia de prensa luego de los asesinatos de Kosteki y Santillán. De esa manera admitió que habían hecho inteligencia ilegal en la Asamblea Piquetera Nacional que se hizo el 22 y 23 de junio de ese año en el estadio Gatica de Avellaneda. La excusa era que estaban conspirando contra el Gobierno, el borrador de la denuncia por sedición ya circulaba por los despachos. El plan cerraba con las declaraciones oficiales del mismo día: «Se mataron entre ellos». O como le dijo el gobernador bonaerense Felipe Solá a Nora Cortiñas cuando lo llamó para pedirle explicaciones: «Bueno, mire Nora, ese es un enfrentamiento entre pobres contra pobres, quédese tranquila».
Por eso las víctimas hablan de un plan, e insisten en que quienes dieron las órdenes durante la Masacre de Avellaneda siguen impunes. Según los familiares de los piqueteros asesinados, los responsables son Duhalde y su Gabinete: Juan José Álvarez, Jorge Matzkin, Jorge Vanossi, Alfredo Atanasoff, Carlos Soria, Oscar Rodríguez, Felipe Solá y Luis Genoud. Las aspiraciones presidenciales de Duhalde se volvieron a esfumar, tal como había sucedido a fines de los 90 tras los ecos del asesinato del reportero José Luis Cabezas. Tuvo que adelantar el llamado a unas elecciones que ya no lo tendrían como candidato.
Tras un largo proceso judicial, en enero de 2006 los expolicías Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta fueron condenados a prisión perpetua por el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. A fines de 2011, la Cámara de Casación bonaerense confirmó esas condenas, pero determinó que ninguno de los otros cinco policías que recibieron diversas condenas en el juicio que culminó en 2006 iría preso. A casi dos décadas de los hechos, las familias, amigos y compañeros de las víctimas realizaron actos en Tribunales para rechazar el pedido de la defensa de Fanchiotti y Acosta, que pretenden ser beneficiados por la prisión domiciliaria.

Dos militantes comprometidos
Luego de la condena a los autores materiales, el desafío fue plasmar en una acusación penal la autoría intelectual de aquel operativo represivo que también causó centenares de heridos, y que provocó el final anticipado del interinato duhaldista. En la Justicia federal, Aníbal Fernández fue denunciado junto con Duhalde, Ruckauf y el resto del Gabinete de aquel Gobierno. El primer fiscal del caso concluyó que no había elementos suficientes para acusar a los exfuncionarios y así el expediente fue cerrado. Tras una intensa campaña de la Comisión Independiente Justicia por Darío y Maxi la causa fue reabierta, a cargo de la fiscal Paloma Ochoa. En octubre de 2015 declaró el exintendente de Avellaneda, Oscar Laborde. «Los Gobiernos de Duhalde y (Felipe) Solá están vinculados con este caso, no tengo dudas de que hubo un acuerdo, no digo para provocar asesinatos, pero sí para reprimir de esa manera», dijo el exfuncionario. Habían convencido a Duhalde de que los piqueteros tenían un plan de desestabilización.
Darío y Maxi eran dos militantes que sentían como propios el dolor y la injusticia ajena. Darío era parte de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón. «Me habría gustado que Darío hubiese dejado un hijo, pero creo que cuando le estaba sosteniendo la mano a Maxi estaba pariendo un montón de hijos que nacieron de esa conciencia», dijo una vez su padre, Alberto Santillán. Vanina Kosteki le puso Maxi a uno de sus cinco hijos. «Lo único que le interesaba a Maxi era ayudar a otros, además de su arte, jugar con sus sobrinos y disfrutar de la música», recuerda su hermana. Ella también estaba colaborando con un comedor comunitario, la habían invitado ese día a la marcha y no fue. Su hija de seis años le dijo: «Mirá, mamá, el tío está en la tele». Maxi cumplía años el 3 de julio. «Nos costó mucho con los medios dejar en claro quién era mi hermano, un artista que no era agresivo ni violento, como tampoco lo era Darío; su único delito fue ser solidarios». Las muertes de los jóvenes militantes piqueteros Kosteki y Santillán –que desplegaban su compromiso de manera cotidiana en los barrios del sur del Conurbano– no fueron las primeras ni las últimas ocurridas en el marco de la represión a la protesta social. Antes que ellos estuvieron Víctor Choque, Teresa Rodríguez, Aníbal Verón y los 38 de diciembre de 2001. Luego vendría Carlos Fuentealba, los tres del Parque Indoamericano, Mariano Ferreyra, Rafael Nahuel y Elías Garay, entre otros. Para la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) es una de las modalidades represivas del Estado, junto con el gatillo fácil, los homicidios en lugares de encierro y las desapariciones forzadas de personas.

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