4 de octubre de 2022
Foto: NA
Luego del resultado positivo en materia de recomposición de reservas a partir de la decisión forzada de otorgar el denominado «dólar soja» a 200 pesos a los agroexportadores, mecanismo que impulsó una liquidación de más de 8.000 millones de dólares, emerge con más fuerza la disputa por la distribución del ingreso, teniendo en cuenta que los guarismos de inflación se sostienen altos, lo cual continúa generando un impacto negativo en los sectores de ingresos fijos y de las clases medias, y muy particularmente en los sectores más humildes.
Una vez más el epicentro es el tema de los alimentos. En ese sentido aparecieron nuevas informaciones que demuestran que los aumentos de precios por parte de las corporaciones monopólicas, en definitiva, terminan expresándose en balances con grandes ganancias en esas empresas.
Hay algunos ejemplos de estos días que generan una particular irritación. Un caso elocuente es el de Mastellone, que controla el 85% del mercado lácteo y el 90% en la leche en sachet. Esta compañía envió listas con aumentos del 10% y ya había subido un 7% recientemente. También, las gaseosas de Pepsico aumentaron un 10%, al igual que las aguas de la francesa Danone. El titular de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, señaló en una nota publicada en Página/12, que el aceite Natura, que produce Aceitera General Deheza, fue vendido por los supermercados mayoristas y distribuidores a principios del mes pasado a 360 pesos, luego a 724 pesos y terminó el mes en 899 pesos.
No podemos dejar de recordar que el propio ministro de Economía, Sergio Massa, intentó consensuar el 14 de septiembre con las seis empresas más grandes de alimentos y bebidas, advirtiéndoles que no hagan locuras. Todo indica que la invocación fue infructuosa una vez más.
Seguramente como resultado de este cuadro que se agudiza, la vicepresidenta Cristina Fernández, si bien resaltó la gestión de Massa, advirtió que la línea de indigencia creció y en tal sentido señaló que resulta necesaria una política más precisa y efectiva por parte del Estado para controlar a las empresas del sector y al mismo tiempo diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria.
Los indicadores de pobreza e indigencia siguen mostrando que millones de argentinos y argentinas, entre ellos el 50% de las y los menores de 14 años, están en situación de pobreza, algunos de ellos, extrema. Así es que el problema número uno del Gobierno continúa siendo la deuda social.
En tal sentido se espera el otorgamiento de un bono para los sectores más dañados por la inflación. Sin embargo, el problema de fondo sigue siendo la conducta insensible de los grandes formadores de precios, como ya señalamos, más allá de las otras causales concurrentes.
En el contexto de la puja distributiva, algunos gremios obtuvieron importantes logros en sus negociaciones paritarias en defensa de los ingresos de sus trabajadores. Sin embargo, es conocido que hay millones de trabajadores y trabajadoras fuera de convenio e informales, y está claro que en el tema de la puja de salarios y el control de precios se definirá la situación social y del propio mercado interno en los próximos tiempos, que es como decir que se irá definiendo la perspectiva electoral con vistas al año que viene.
