24 de febrero de 2016

Las víctimas de las esterilizaciones forzadas durante el fujimorismo no quieren esperar más. Consideraron que la decisión judicial de ampliar la investigación por 150 días es «innecesaria y peligrosa» y señalaron que «podría perpetuar la impunidad que rodea el caso desde hace más de 14 años» en Perú. Jessenia Casani, directora de la organización femenina Demus, advirtió que ya se hicieron «de conocimiento público los documentos que prueban la existencia de metas y cuotas, así como de falta de garantías y violaciones al consentimiento informado», por lo que «existen medios probatorios necesarios para que la fiscal se pronuncie y establezca la denuncia penal de estos casos como delitos de lesa humanidad».