6 de abril de 2023

El departamento de Justicia de Estados Unidos aceptó pagar U$S 144,5 millones a las familias de las 26 víctimas mortales de un tiroteo ocurrido en 2017 en una iglesia del estado de Texas. Más de 75 sobrevivientes del tiroteo, que dejó también 22 heridos, habían denunciado civilmente al gobierno federal, acusándolo de no haber impedido que el autor de la masacre comprara el arma pese a las señales de alerta sobre su peligrosidad. Los antecedentes de Devin Kelley, el asaltante, deberían haber bastado para activar las alertas, y de hecho lo hicieron, pero falló la cadena de transmisión entre administraciones. Exmilitar de 26 años, había sido condenado en 2012 por un tribunal castrense por violencia doméstica y estuvo internado en una clínica psiquiátrica tras amenazar de muerte a sus superiores. La ley federal estadounidense prohíbe que las personas condenadas por violencia doméstica adquieran armas de fuego, pero los mandos militares no trasladaron el expediente de Kelley a la policía federal, la autoridad competente para verificar los antecedentes penales. La verificación es una condición obligatoria para la compra de armas. un armamento de combate, Kelley irrumpió durante la misa en una iglesia de la pequeña localidad de Sutherland Springs, en Texas, el domingo 5 de noviembre de 2017, abriendo fuego contra los fieles que asistían al oficio, niños incluidos.