10 de mayo de 2023
Una medida cautelar dictada a cinco días de los comicios frenó la votación para elegir gobernador en San Juan y Tucumán, atendiendo el pedido de dirigentes opositores.
Tribunales. Una cautelar «oportuna» con ganadores y perdedores.
Foto: Jorge Aloy
«Les frenamos las re-reelecciones a Manzur y Uñac. Se creen señores feudales y dueños de sus provincias. Quisieron violar sus propias constituciones y la Corte Suprema los puso en caja. Con nosotros, esto no pasará». La expresión de la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, usando la primera persona del plural, revela quiénes actuaron para frenar el proceso electoral. Justicia y oposición política parecen ir de la mano de una manera cada vez más visible.
El máximo tribunal se pronunció, sin definir el fondo de la causa, contra las candidaturas del actual mandatario sanjuanino, Sergio Uñac, objetada por el candidato a gobernador por Evolución Liberal (integrante de Juntos por el Cambio), Sergio Vallejos. E hizo lo propio con la postulación a vicegobernador de Tucumán del gobernador y exjefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, ante la denuncia de Germán Alfaro, intendente de San Miguel de Tucumán y candidato a vicegobernador de Juntos por el Cambio.
Tanto la celebración de Bullrich y toda la primera plana de la principal alianza opositora como el momento elegido por la Corte ponen de manifiesto la intención política de generar conmoción en el proceso electoral, en este caso, perjudicando al Frente de Todos. Si el fallo se emitía con anterioridad, dando tiempo para recomponer, si hiciera falta, las grillas y celebrar las elecciones según lo previsto, hubiera sido materia de discusión y debate, sin dudas, pero quizás no hubiera causado el impacto que genera al conocerse a días de los comicios, cuando todo está preparado para que la población se pronuncie.
Además, no puede soslayarse que la tríada suprema (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda) dio a conocer el fallo mientras estaba sesionando la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que lleva adelante un proceso contra el máximo tribunal, en el que se están ventilando irregularidades en la administración de la obra social judicial, entre otras cuestiones. Esa misma mañana, Rosatti habló en un evento organizado por la Cámara de Comercio estadounidense y, curiosamente, hizo referencia a la política económica. «Las bases del programa económico que establece la Constitución desde 1853, con todas sus reformas, es el capitalismo: respeto a la propiedad privada, a la iniciativa de los particulares y competencia», dijo el presidente de la Corte ante empresarios.
En definitiva, el domingo 14 se votará en San Juan para todas las categorías menos para gobernador, mientras que Tucumán suspendió los comicios hasta que se determine el destino de la candidatura objetada por la Justicia.
Total interferencia
El presidente Alberto Fernández reclamó a los jueces supremos que «dejen de entrometerse en la institucionalidad de las provincias argentinas y deje a la gente votar». Para el jefe de Estado, «la suspensión de las elecciones en las provincias de San Juan y Tucumán deja a la democracia como rehén de un grupo de jueces que no observan criterios de justicia y que cada día, a la luz de lo que se ve en la investigación que lleva adelante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, están más implicados en severas irregularidades administrativas y en maniobras que sirven a la actual oposición». También se pronunció el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, quien denunció que «estamos frente a una virtual intervención federal de dos provincias: proscribieron a Cristina y ahora quieren proscribir el voto». La mención de la vicepresidenta abona una línea de análisis de la cautelar de la Corte, entendida por algunos sectores del kirchnerismo como una advertencia a la dirigente ante una eventual candidatura.
La Corte Suprema tiene libertad absoluta en el manejo de los tiempos y la usa para jugar al ajedrez con el poder político. No tiene plazos para pronunciarse, por lo que puede frenar, como en este caso, dos elecciones a días de realizarse o tomarse diez años o más para definir otras causas. A casi 40 años de vigencia ininterrumpida del sistema constitucional, la democracia se debe un debate a fondo sobre el funcionamiento de uno de los poderes que integran el Estado.
