2 de abril de 2024

Ulises Rodríguez

La desregulación total del sector yerbatero dispuesta por el Gobierno nacional beneficia a las grandes empresas. Preocupación de las cooperativas.

El 21 de febrero de 2002, después de la crisis que sacudió al país, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 25.564 de creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que se promulgó el 14 de marzo de ese año. Un organismo no estatal que tiene como objetivos promover, fomentar y fortalecer el desarrollo de la producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de la yerba mate. Y así fue durante más de 20 años, permitiéndoles a los pequeños y medianos productores y a las cooperativas yerbateras disponer de una protección ante las grandes empresas del sector.
Pero el DNU del presidente Javier Milei trastocó el orden conseguido y mantenido a lo largo de dos décadas, ya que le quitó la facultad de regular el precio del producto. Por eso, los productores del sector en Misiones están en alerta desde fines del año pasado. La primera muestra de ello fue el tractorazo simbólico en defensa del INYM que realizaron a principios de enero frente a la Casa de Gobierno provincial en Posadas. Otra acción fue un recurso de amparo que presentaron asociaciones de productores ante la Justicia de Misiones, que mediante una cautelar suspendió los efectos del decreto en lo referido a la desregulación de la actividad yerbatera.
Por su parte, el gobierno de Misiones, a través del diputado provincial Carlos Rovira (exgobernador y fundador del Frente Renovador de la Concordia, que gobierna la provincia desde 2003), anunció a través de su cuenta de X que impulsará la creación del Instituto Misionero de la Yerba Mate (IMYM), un organismo que, según sus palabras, nacerá con «el objetivo de defender y proteger la economía de los pequeños y medianos productores».

Marco de protección
El Instituto Nacional cumplió hasta ahora muchas funciones que apuntaron a salvaguardar a los pequeños productores. El primer eje que abordó fue una lucha histórica de los productores: el precio de la hoja. «A partir de la creación del INYM, existió siempre una mesa de negociación de precio de la yerba mate, en la cual se juntaron los referentes de los diferentes sectores industriales, cooperativas, organizaciones de productores para discutir el precio más adecuado, y con algunas dificultades, siempre se pudo fijar un precio bastante justo», dice Salvador Torres, secretario general del Movimiento Agrario de Misiones (MAM) y presidente de la Cooperativa Agrícola Río Paraná.

La competencia entre pequeños y medianos productores y las grandes empresas también se dio por la regulación del cultivo que impulsaba el organismo, «ya que al momento hay un cupo de cultivo parejo para todo el mundo en cinco hectáreas por productor. Y también se regulaba la producción y hacía que el mercado no se sature. Nosotros en los 90 tuvimos la situación de que se saturó el mercado con yerba mate y cayeron los precios. Entonces la regulación del cultivo hizo que el precio se sostuviera».
Todas esas cuestiones fueron haciendo que el INYM tuviera una enorme importancia para el sector no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social, teniendo en cuenta que son miles de familias de productores las que están involucradas.

Cooperativas y mujeres a la deriva
La situación se agrava aún más cuando las que toman la voz son las cooperativistas de las distintas yerbateras misioneras, que además de sufrir lo que el DNU trae a nivel económico, sienten que las afecta en otras esferas que a simple vista no se vislumbran. La productora y campesina Mabel Acosta, integrante de la Cooperativa Río Paraná, que comercializa la yerba mate Titrayju, cuenta que «hoy por hoy no tenemos dónde resguardarnos de la violencia machista que va a venir con este megadecreto donde sacan todos los derechos de las mujeres y los divorcios, todos los derechos adquiridos donde nosotros políticamente podíamos progresar. La economía no va a resolverse sacándoles derechos a las mujeres, sacando derechos a las familias».
Acosta tiene una preocupación similar a la expresada por Torres en lo que refiere al precio de la hoja si no se puede contar con la intervención del INYM. «Es un retroceso enorme a todos los derechos conquistados en estos últimos 20 años, donde la yerba mate es el sostén de nuestras familias y donde uno puede proyectar el producto de renta, ¿cuánto me va a quedar por kilo?, saber que puedo comprarles a mis hijos, que puedo mejorar de la calidad de vida de la familia».
El precio de la yerba es, a las claras, una preocupación del sector tanto para campesinos y cooperativistas como también para productores. Hugo Sand, presidente de APAM (Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones), hace notar que la ley de 2002 trajo, además del INYM, «un marco con el que trabajar, porque es muy difícil que nos pongamos de acuerdo con los grandes molineros, que son los compradores de yerba canchada, por eso la ley exige que sea el Estado nacional quien rige el precio, que contemple los costos laborales y previsionales».
Respecto de la creación del Instituto Misionero de la Yerba Mate, Sand considera que «eso está muy mal» y sostiene que «lo que tendríamos que hacer es que todas las fuerzas políticas de la provincia se tienen que encolumnar detrás de Hugo Passalacqua (actual gobernador) para lograr que el INYM no sea destruido», porque «creando un instituto provincial le está dando la posibilidad a Milei de que diga “que los misioneros se arreglen con un instituto provincial”».
Ante la entrada en vigencia de la desregulación, los integrantes de las cooperativas no piensan quedarse quietos. Mabel Acosta adelanta que con «las compañeras estamos en alerta, viendo hacia dónde va esta economía». Por su parte, Salvador Torres señala que «los pequeños productores se están movilizando, las organizaciones, las cooperativas, y tenemos un plan que pensamos directamente en la calles».

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