5 de diciembre de 2023

Daniel Plotinsky

Un recorrido por la evolución del cooperativismo durante las últimas cuatro décadas. Altibajos y oscilaciones de un movimiento que consolidó su fortaleza y diversidad.

Un reciente documento de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar, afirma que el movimiento cooperativo argentino es el más diversificado del mundo. Esto refiere a su presencia en casi todas las actividades económicas y regiones del país, a la heterogeneidad en el volumen operativo y el número de asociados de las entidades, a la diversidad  de su composición social, y a la pluralidad de miradas sobre la propia concepción del cooperativismo. 
A eso le suma tener un siglo y medio de presencia en el país, por lo que a la diversidad de origen se le fueron sumando las relacionadas con los vaivenes socioeconómicos y políticos. Es que el desarrollo de las cooperativas –en tanto empresas y movimientos sociales– está ligado al contexto en el que deben desenvolverse, al mismo tiempo que operan modificando ese contexto en tanto asumen una función transformadora o reformadora de la sociedad. 
Por eso, la evolución del cooperativismo durante los últimos 40 años tiene los mismos altibajos, matices y oscilaciones que la propia democracia.

Auge neoliberal 
La relación existente entre el Estado y el movimiento cooperativo había sufrido un quiebre a partir del golpe de Estado de 1976, punto de partida de un nuevo modelo económico que provocó la erosión del entramado económico interno, incrementó el desempleo, generó una creciente desindustrialización y orientó los capitales a la actividad financiera y especulativa, alejándose de emprendimientos productivos. Este deterioro económico afectó a gran parte de las pequeñas y medianas empresas nacionales y cooperativas, muchas de las cuales no sobrevivieron. 
La presidencia de Raúl Alfonsín mostró matices diferenciales en medio de la hegemonía neoliberal, ya que se proponía el restablecimiento de los lazos sociales rotos durante el terrorismo de Estado y visualizaba al cooperativismo como uno de los sostenes necesarios para el fortalecimiento de la sociedad civil, dada su naturaleza participativa y su poder democratizador. A poco de asumir creó la Secretaría de Acción Cooperativa en el ámbito del Ministerio de Economía, y en 1986 se sancionó la ley que creaba un fondo para educación y promoción cooperativa en todos los niveles de enseñanza. 

En 1983, cuando la dictadura cívico-militar había comenzado su retirada, Cooperar y Coninagro realizaron un Congreso Argentino de la Cooperación (CAC) con el objetivo de reconstruir lazos institucionales, evaluar la situación y planificar el futuro. En sintonía con la recuperación democrática, se vivía un clima de optimismo y esperanza, y los documentos elaborados muestran apoyo a la intervención del Estado en la economía, destacan la necesidad de consolidar el sistema democrático como condición necesaria de cualquier proyecto de prosperidad económica, y proponen avanzar hacia procesos de integración regional latinoamericana. Seis años después volvió a reunirse el Congreso, y la diferencia con el espíritu predominante en el anterior es notable. El documento final del CAC 1989 manifiesta un tono general de promoción de políticas privatistas y neoliberales, adelantándose a las medidas gubernamentales que protagonizarían la década de 1990. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) expresó su fuerte oposición a la declaración aprobada.
El Gobierno de Carlos Menem significó una honda profundización de la hegemonía neoliberal en lo económico, político, ideológico y cultural. Más allá de las políticas macroeconómicas, el Gobierno desarrolló propuestas específicas que afectaron negativamente al movimiento cooperativo. En 1990, se rebajó la categoría institucional de la autoridad de aplicación, que se trasladó nuevamente al INAC, dependencia subalterna del Ministerio del Interior, y en 1996 se unificaron los Institutos de Acción Cooperativa y de Acción Mutual, creándose el Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual INACyM bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social. Cuatro años más tarde, cambiaría su nombre por el actual: Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES.
Entre las negativas políticas estatales hacia el cooperativismo se destaca el decreto de 1994 que restringía notoriamente la actividad de las cooperativas de trabajo, sector que había comenzado un paulatino proceso de crecimiento vinculado con las políticas neoliberales que destruyeron una estructura social en la cual el trabajo ocupaba un lugar central y originaron la aparición de nuevas experiencias relacionadas con la generación o defensa del trabajo: recicladores urbanos, provisión de servicios, medios de comunicación, nuevas tecnologías, y las llamadas «empresas recuperadas».
Simultáneamente se producía una crisis en gran parte de las experiencias tradicionales del cooperativismo, de la que el proceso que culminó con el concurso de acreedores de El Hogar Obrero en 1991, y la paulatina desaparición de gran parte de los bancos cooperativos, son un claro ejemplo.

Después del estallido
La nueva situación abierta luego del estallido social de diciembre de 2001 se expresó en un aumento de la participación popular y en el restablecimiento de lazos solidarios entre distintos sectores de la sociedad.
El Gobierno de Néstor Kirchner inició una etapa de reconstrucción social y económica, logrando una recuperación en muchos indicadores socioeconómicos que continuó durante las presidencias de Cristina Fernández. En este contexto, ideológicamente favorable para la revitalización de la economía social, el movimiento cooperativo comenzó a transitar un proceso de crecimiento generalizado, particularmente notable en el sector de trabajo. 
La inclusión del cooperativismo en el diseño de políticas públicas se propuso aportar al abandono del enfoque asistencial individual de las políticas sociales que había caracterizado a la década de 1990, e incorporar una lógica centrada en la participación social colectiva y el empleo como medio de acceso a los bienes y servicios básicos a través de la promoción de cooperativas de trabajo. Esta elección aparecía como una auspiciosa expresión del cambio en la actitud del Estado hacia la economía social. 

Al mismo tiempo creció el número de empresas recuperadas por sus trabajadores, aunque su influencia excede su número y volumen. Al respecto, y en el marco de políticas públicas proactivas, una modificación de la Ley de Quiebras (2011) allanó el camino para que las empresas pasen a manos de sus trabajadores, tomando como pago todos los créditos laborales. El Registro Nacional de Empresas Recuperadas (Renacer) creado en 2021 en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social tiene actualmente 227 entidades inscriptas. 
Simbólicamente, Mauricio Macri vetó en 2016 la ley que declaraba de utilidad pública y sujetos a expropiación el inmueble e instalaciones del Hotel Bauen, en manos de sus trabajadores desde 2003. Por otra parte, intentó reiteradamente que algunas cooperativas y mutuales pagarán el Impuesto a las Ganancias, lo que fue impedido por la movilización del conjunto de las entidades.

Una radiografía del movimiento
El análisis de la actividad de las 16.576 cooperativas registradas en el INAES en 2022 muestra la importancia que fue adquiriendo el cooperativismo de trabajo, que creció exponencialmente de 400 entidades en 1984 a casi 13.000, pero también el impacto de las políticas estatales en las de provisión y de vivienda. Por otra parte, expone significativos cambios en el cooperativismo agropecuario, ya que la mitad de las cooperativas del sector en actividad,se crearon en los últimos 40 años. Esto se explica por el proceso de desaparición de pymes agropecuarias por la implementación de un nuevo modelo productivo, y por la generación de políticas estatales de promoción y estímulo de nuevas actividades y de desarrollo de economías regionales, a partir de 2003. 
La nueva conformación se manifestó en la creación de tres nuevas entidades confederativas,que se sumaron a las preexistentes Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) y Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar): la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo CNCT (2009), la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos CONAICE (2010), y la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados CONARCOOP (2017). 
Finalmente, en lo que hace a la actividad institucional, se realizaron dos nuevas ediciones del Congreso Argentino de la Cooperación. En línea con el nuevo contexto político y social, la consigna del CAC 2004 fue «De cara al nuevo milenio: por el desarrollo nacional con inclusión social», mientras que el CAC 2012 coincidió con el Año Internacional de las Cooperativas proclamado por la ONU, por lo que su consigna fue «Las empresas cooperativas argentinas ayudan a construir un país mejor».