30 de septiembre de 2025

Adriana Meyer

Mientras la Cámara Alta decide si rechaza –como ya lo hizo Diputados– el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, docentes, alumnos y gremios se pronuncian en defensa de la educación pública.

La comunidad universitaria festejó el miércoles 17 de septiembre, pero a las pocas horas hubo que ponerse la pechera otra vez y volver a la lucha. Ganó en la «calle» con enormes movilizaciones en todo el país –dignas de una tercera marcha federal– y en el «palacio», con el rechazo al veto presidencial a la ley de financiamiento, con el voto afirmativo de 174 diputados y diputadas, pero en cada facultad, instituto, laboratorio y campus todavía sigue el ahogamiento presupuestario.

En CABA, la movilización había sido impresionante en términos de cantidad de personas que rodearon el Congreso, y de la amplitud de organizaciones que estuvieron presentes, incluido un sector de la CGT, pero las ciudades de las provincias no se quedaron atrás en cuanto a la masividad que tuvo la convocatoria.

Las acciones del estudiantado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) fueron veloces, con la ocupación de facultades, como la de Filosofía y Letras, y cortes de calles, como en Psicología y en Sociales, ante el anuncio del veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso con una amplia mayoría el 22 de agosto, a modo de salvataje financiero de todas las casas de estudios públicas del país. Sus autoridades dieron la nota con la baja del campus virtual y la colocación de una placa negra que rezaba en letras blancas «No al veto». Lo mismo puede leerse en las banderas desplegadas en la mayoría de las facultades. También las sedes del CBC (Ciclo Básico Común) fueron escenarios de asambleas.

La caída del acceso al sitio web de la UBA motivó el exabrupto del secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien en un programa de televisión amenazó con «allanar» sus servidores. Más tarde, el Gobierno hizo una denuncia penal con poco sustento jurídico al respecto.

El jueves 25 Álvarez fue increpado en una charla en la UBA cuando un grupo de estudiantes le preguntó qué pensaba hacer el Gobierno con la ley de financiamiento universitario y con las becas Progresar. «Nos estamos quedando afuera de la cursada», le dijo una chica, mientras el funcionario abandonaba el lugar por las escaleras.

Todo indicaba que la reacción iba a ser aún más contundente que el año pasado, cuando el 9 de octubre el Congreso convalidó el veto presidencial a una ley muy similar. En las provincias también se notaba el revuelo y las federaciones estudiantiles, tanto la FUA como la FUBA, se pusieron a la cabeza de la organización de la protesta. Así, cuando el sol comenzaba a caer, las imágenes de los drones con la gente en las plazas, calles y avenidas se intercalaban con el abrazo y el festejo de los rectores en el palco en plaza Congreso. Todavía resta que el Senado siga los pasos de Diputados para que la ley sea ratificada, pero incluso cuando esto suceda, algunas señales del Poder Ejecutivo generan preocupación por estas horas, por su reticencia a cumplir con la voluntad del Parlamento. Por caso, negarse a implementar las leyes de emergencia pediátrica y de discapacidad aduciendo por escrito que quienes las necesitan deben asegurar la fuente de financiamiento. Esta actitud es tomada por los universitarios casi como un semáforo, otra vez, en rojo.

Recuperar salarios
Por eso, la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) volvió a exigir «el aumento salarial ya y el presupuesto para funcionar». Su secretaria general, Ileana Celotto, dijo a Acción que «tras la aprobación en Diputados, aún falta que el veto sea rechazado en el Senado y, sobre todo, que la ley se implemente para que finalmente podamos recuperar el 41,26% de nuestro salario. Tenemos un preocupante antecedente con la Ley de Emergencia en Discapacidad que el Gobierno aún se niega a aplicar. Por eso tenemos que reforzar todas las acciones de cara a la nueva instancia».

En ese sentido, anunciaron paros activos con asambleas, clases públicas, cortes, abrazos y aplausos para el lunes 29, martes 30 de septiembre y miércoles 1 de octubre, con una marcha al Congreso para el jueves 2, cuando la Cámara de Senadores trate la corroboración de la ley. «Nos merecemos el festejo, ahora hay que seguirla», sintetizaron.

El rector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Víctor Moriñigo, había dicho recientemente a Acción que «las universidades nacionales vemos la misma película del año pasado, cuando fuimos el primer colectivo que se enfrentó a estas políticas del Gobierno nacional y luego de dos grandes e históricas marchas pudimos sostenerlas abiertas». En su mirada, «este año hay otro ambiente, otro ánimo porque se han sumado otros dolores y otras luchas como la del Garrahan y la de los discapacitados, jubilados, de los ATN y de los gobernadores, que es lo mismo que planteamos los rectores hace un año». Moriñigo había compartido que «como las universidades somos un sistema bien federal», se iban a tomar el trabajo de contactar «a cada diputado que tenemos en cada una de las provincias para sensibilizarlos». En la previa del debate parlamentario en Diputados, cuando desde el Gobierno empezaron a girar fondos en concepto de ATN (Aportes del Tesoro Nacional), temieron que «billetera» iba a matar a «galán», pero no sucedió.

Solo recortes
El rector de la UNSL, e integrante del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) consideró que «este Gobierno viene cometiendo el mismo error desde hace dos años, no hay una mesa de diálogo, no hay una sola política de educación en general ni de universidades en particular, solo hay un excel que aplica recortes porque el modelo económico no da ingresos para sostener la inversión en salud, educación, industria y comercio. No hay un plan de nada».

Respecto de lo que pueda suceder en el Senado, desde Feduba (Federación Docente de la UBA), Darío Capelli mencionó que «esta ley en sus fundamentos tiene el respaldo presupuestario, es decir que dice de dónde sacar la plata para actualizar los gastos de funcionamiento y recomponer los salarios de docentes y no docentes, con incluso una progresividad hasta 2031 para llegar al 1,5% del PIB. Es una ley incluso mejor fundamentada que la del año pasado».

El referente puso en evidencia la unidad de acción que lograron, de nuevo, para enfrentar al veto de esa ley. «El Frente Sindical Universitario compuesto por todas las federaciones a nivel nacional de trabajadores docentes y no docentes en conjunto con el movimiento estudiantil y con el colectivo de rectores del CIN –detalló Capelli– vamos hacia un plan de lucha en el corto plazo que se tradujo en el paro nacional del viernes 19, cuando no voló ni una mosca en las universidades porque está el acuerdo de todo el frente y de los equipos de gestión de cada facultad, más los estudiantes». Todo indica que esto volverá a ocurrir para que la Cámara Alta complete lo que inició la Cámara Baja.