17 de diciembre de 2023
La Asociación Madres de Plaza de Mayo manifestó este sábado su repudio al protocolo sobre las protestas que anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por considerarlo “violento, inconstitucional y fascista” y advirtió que se trata de un conjunto de directivas que violan “las garantías mínimas que distinguen a un sistema democrático de una dictadura”. No fueron las únicas, la Asociación de Magistrados firmó una declaración expresando que es deber del Estado “evitar actos de violencia” y hasta un alto funcionario de Naciones Unidas admitió su “preocupación”.
En un comunicado titulado “Pará la mano, Milei”, Madres repudió el protocolo anunciado por la ministra y sostuvo que recuerda al “comunicado N°1 de la Junta Militar del 24 de marzo de 1976”.
“Con la medida, el Gobierno asume para sí facultades que son propias del Poder Judicial, violando las garantías mínimas que distinguen a un sistema democrático de una dictadura. Además, consagra el espionaje contras las organizaciones sociales, políticas y sindicales con el pretexto de la seguridad pública”, expresaron las Madres.
“Las Madres llevamos 2383 marchas pacíficas, pero profundamente políticas, en la Plaza de Mayo, cada jueves. Seguiremos allí hasta que el pueblo sea feliz como querían nuestros hijos. Hoy más que nunca, decimos: ¡Pará la mano, Milei! ¡Ni un paso atrás!”, cierra el comunicado que también lleva la firma de las filiales de Mar del Plata, Mendoza y Tucumán.
En tanto, desde la Asociación de Magistrados señalaron: “El derecho a la protesta pacífica juega un rol primordial en el desarrollo y el fortalecimiento de los sistemas democráticos y que se encuentra resguardada por los instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos. De la misma forma, puede contribuir al pleno disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Los Estados tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para evitar actos de violencia, garantizar la seguridad de las personas y el orden público. Sin embargo, al hacer uso de la fuerza en estos contextos los Estados deben adoptar medidas proporcionales al logro de estos objetivos y no obstaculizar de manera arbitraria el ejercicio de los derechos en juego en las protestas. El derecho a la protesta debe ser considerada la regla general, y las limitaciones a este derecho deben ser la excepción”, escribieron.
A este rechazo local, se sumó también Clément Nyaletsossi Voule, oriundo de Togo, que se desempeña como Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación desde el 2018, quien realizó una publicación en la red social X adjuntando el protocolo antipiquetes anunciado por Bullrich.
“Estoy recibiendo informes muy preocupantes sobre un anuncio presidencial que criminaliza la protesta pacífica y otorga poder ilimitado a las fuerzas del orden para el uso de la fuerza. Silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales”, señaló Nyaletsossi Voule, quien aseguró que “sigue de cerca la situación en Argentina”.
