15 de febrero de 2025

Organizaciones civiles y pacientes con fibromialgia, cáncer, epilepsia, problemas motrices y con insomnio expresaron su preocupación y critican el anuncio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de dar de baja 300.000 permisos del REPROCANN que autorizan al cultivo de cannabis para fines terapéuticos. Las ONG y los usuarios señalan que el registro forma parte de la política pública de salud y no de seguridad. Además, valoraron el rol del autocultivo como forma de combate al narcotráfico y advirtieron que, a partir de la baja de los permisos, se profundizaría la criminalización de los consumidores, consignó diario Perfil.
“El cannabis medicinal es un derecho y una herramienta de salud pública” sostuvo el club social y terapéutico Mamá Cultiva en un comunicado, y añadió: “No es función del Ministerio de Seguridad definir su regulación ni generar incertidumbre en la población”.
Por su parte, Laura Caldentey, cofundadora de Cannabis Medicinal Río Negro y Neuquén, sostuvo en diálogo con el Diario de Río Negro: “Uno ya tiene permiso para poder realizar acciones que están tipificadas por el Código Penal”.
“Si se dan de baja todos los permisos, se lanzan todas estas personas a que sean perseguidas por la ley penal”, añadió la asesora legal, quien opinó: “Escuchar a la ministra asociar el cannabis medicinal con el narcotráfico nos hace sentir que se está volviendo a criminalizar”.