10 de noviembre de 2025

Los ministros de Producción de Mendoza y San Juan, consideran «riesgosa» la decisión del Gobierno de derogar 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura para reducir la intervención del Estado en la cadena productiva. Las provincias productoras piden que se siga controlando el origen de las uvas y el vino. A partir de ahora, el INV dejará de fiscalizar las etapas productivas y se enfocará solo en garantizar la calidad del vino embotellado. Ya no habrá controles en la finca y la bodega, la norma menciona la fiscalización del vino en góndola, un punto en el que no coinciden los Gobiernos de las principales provincias productoras. El INV, con sede central en Mendoza y 420 empleados, dejará de intervenir en las etapas iniciales del proceso productivo –como la cosecha, la elaboración o el transporte– para concentrarse únicamente en el control de los productos finales embotellados, garantizando su aptitud para el consumo. Los controles de trazabilidad (certificación de origen, añada y varietal) pasarán a ser optativos, a elección de los productores, menciona la resolución.