23 de septiembre de 2015
En consonancia con la tendencia de las grandes urbes del mundo, la Ciudad de Buenos Aires comenzó en 2007 a instalar cámaras de video en los principales parques, plazas y avenidas. En la actualidad cuenta con 4.200 equipos. 2.500 pertenecen a la Policía Metropolitana y 1.700 a la Federal. El principal objetivo de este costoso sistema –se estima que el valor de cada cámara asciende a 125.000 pesos– es la prevención del delito. Sin embargo, su implementación –alcanza a poco más del 20% del territorio porteño– despertó debates no solo acerca de su efectividad, sino también sobre la vulneración del derecho a la intimidad que implican.
En 2011 un vecino presentó una denuncia ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, donde declaraba que se había instalado una cámara Domo –aquellas que captan imágenes en un radio de 360 grados en línea horizontal y 180 grados en la vertical– en una columna de alumbrado público muy próxima a la ventana del baño de su departamento, en el segundo piso. El reclamo fue corroborado por la Defensoría, que a través de un dictamen, recomendó que se «oculte» o traslade la cámara.
Pese a que la Justicia ordenó al Ejecutivo porteño publicar la ubicación de las cámaras de vigilancia en setiembre de 2013, el gobierno continúa violando la ley 2.602, que regula su instalación y funcionamiento. La norma establece tres pasos a cumplir y que deberían funcionar como garantía para los ciudadanos: la señalización de los lugares donde están instaladas; la publicación de su ubicación en sitios web del gobierno porteño y la posibilidad de que quien aparezca en las imágenes pueda pedir, mediante intervención judicial, que su imagen sea borrada.
Este último paso provoca encendidos debates sobre la posibilidad de que estos avanzados equipos puedan llegar a utilizarse para realizar espionaje. Más aún con un jefe de gobierno y varios exfuncionarios procesados por presunta participación en una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal.
La gestión porteña sostiene que es imposible que sean utilizados con este fin. «En los Centros de Monitoreo Urbano (CMU) existe un software para protección de los espacios privados: si un operario intenta acercar la imagen –hacer zoom– sobre el interior de un domicilio, se activa automáticamente, pixelando la imagen. El sistema solo puede ser desactivado mediante autorización judicial expresa, procedimiento que se encuentra reglamentado por ley y protocolo de actuación», argumentan los encargados de los CMU. Sin embargo, una denuncia fue presentada por vecinos porteños ante la posibilidad de que los canales de televisión tomen la señal de las cámaras de la Ciudad. Si bien desde la jefatura de la Metropolitana argumentan que a los medios solo se les permite el acceso a imágenes panorámicas, casi a diario pueden verse en los noticieros porteños secuencias de hechos delictivos callejeros que, repetidos al infinito, no hacen más que reforzar temores y prejuicios que en nada colaboran para resolver las reales causas del delito.
—Texto y fotos: Kala Moreno Parra
