17 de julio de 2023

Jorgelina Hiba

La crisis hídrica en Montevideo va más allá del cambio climático: pone en escena la falta de políticas ambientales que hoy deriva en un grave problema de salud pública.

Montevideo se está quedando sin agua para beber. Una sequía pocas veces vista, la gestión ineficiente del recurso y un grado importante de ceguera ambiental a la hora de pensar las políticas públicas ayudan a entender cómo puede pasar esto en un país de verdes y fértiles praderas y rodeado de ríos, uno de los cuales incluso comparte nombre con el país: Uruguay.
La situación que desde hace meses padecen los montevideanos (alrededor de 1,4 millones) es inédita: el agua de la canilla sale salada y con fuerte gusto a cloro y hace rato no tiene los parámetros de calidad para ser considerada «potable», sino apenas «bebible», como se esfuerza en repetir el Gobierno del conservador Luis Lacalle Pou.
Con los ríos de agua dulce y los embalses casi vacíos por la falta de lluvias de los últimos tres años, la empresa estatal de aguas (OSE) toma recursos del río de la Plata, muy salobre en esa geografía. Para poder seguir brindando el servicio, desde el Gobierno optaron por modificar –a la baja– los criterios de calidad y aumentar los niveles de sodio y de cloro, que pasaron de 200 a 440 miligramos y 700 miligramos por litro, respectivamente. Un número que, para el sodio, más que duplica lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que son 200 miligramos.
En 2004, Uruguay incorporó a su Constitución un artículo que establece que el agua es un recurso natural esencial para la vida, lo que lo convirtió en el primer país del mundo en declarar el acceso al agua como un derecho humano.

Detrás de la emergencia
Como en toda controversia, las palabras no son neutras y su elección y uso buscan minimizar o bien aumentar los hechos, sus causas y sus consecuencias. Así lo consigna el biólogo y experto en temas de desarrollo Eduardo Gudynas, para quien cuando el Gobierno habla de «emergencia hídrica» se refiere solamente a una medida administrativa que le permite flexibilizar normas y gastos. «La administración no alude a una “emergencia” en el sentido convencional de la palabra, porque la sigue concibiendo como acotada al suministro de agua». Desde su reflexión, la situación «es mucho más dramática y tiene impactos más allá de la propia distribución de agua», ya que hay efectos sanitarios al ser el agua más salobre. También se suman impactos económicos, por el costo que significa para las familias comprar agua dulce embotellada a las empresas que tienen problemas de funcionamiento. «Son evidentes los efectos sociales y ente ellos los más pobres son los más afectados. Además, los instrumentos de compensación económica dados por el Gobierno son insuficientes». Finalmente, para Gudynas –un referente del pensamiento socioambiental sudamericano– todo esto es en realidad «un colapso ecológico» dado por la sequía, pero también por las medidas de emergencia en la cuenca del río Santa Lucía como los nuevos represamientos, que tienen a su vez impactos ambientales.

Riesgo sanitario
En mayo pasado, desde el Ministerio de Salud Pública y desde diferentes ámbitos médicos como Colegios y facultades se pidió a la población de Montevideo que, en la medida de los posible, se redujera al máximo el agregado de sal en los alimentos, sobre todo en franjas etarias sensibles (bebés, niños, ancianos) y en personas con situaciones de salud particulares (embarazadas, hipertensos, pacientes cardíacos).
También se recomendó que las embarazadas y las personas con enfermedad renal o problemas cardíacos se abstengan de tomar agua de la canilla, y que aquellas personas con problemas de hipertensión consuman agua embotellada.
En tanto que desde la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular de Uruguay advirtieron sobre el riesgo que supone este aumento de sodio en el agua para la población al informar que «el 37% de los uruguayos tienen presión arterial elevada» de los cuales un tercio no lo «sabe».

Los usos del territorio
La crisis del agua potable que padece la capital uruguaya está inmersa en una crisis que es hídrica en un sentido más amplio, según detalló Gudynas, quien agregó que la cuenca que nutre a Montevideo –la del río Santa Lucía– está contaminada, en particular por fuentes difusas asociadas a usos intensivos de agroquímicos. «La cuenca está repleta de obras como diques, represamientos, embalses de todo tipo y tamaño, sin ningún ordenamiento ambiental y territorial. Se llevan adelante acciones, como minería de arena y áridos sin el adecuado monitoreo y regulación, y a veces en forma ilegal». Desde su punto de vista, se trata de una crisis que tiene rasgos estructurales y que no son adecuadamente encaradas por este Gobierno, «pero tampoco lo fueron por los anteriores», ya que las alertas sobre los riesgos que se enfrentan en el río Santa Lucía «tienen más de veinte años».
A lo largo de su recorrido, la cuenca tiene múltiples usos, sobre todo del tipo urbanos/industriales (efluentes, descargas, líquidos servidos, residuos) y también agropecuarios, ya que en muchas regiones hay cultivos de soja, así como producción ganadera, actores a los que el experto identifica como «los responsables de las principales presiones sobre esas aguas».

Otros enfoques
Cada semana, datos científicos difundidos desde universidades u organismos internacionales como la Organización Meteorológica Mundial (OMM) dan cuenta de que el cambio climático no solo es una realidad que golpea en todo el planeta, sino que sus impactos se aceleran. 
Crisis hídricas «a la uruguaya» pueden ser «más frecuentes y más extremas bajo el cambio climático», según Gudynas, quien de igual manera alertó sobre el truco de usar esto como una excusa para rendirse ante lo que parece inevitable.
«Una vez reconocido eso, es necesaria una advertencia: no es aceptable que se diga desde un Gobierno que estos problemas son consecuencia del cambio climático como medio de justificar una gestión pobre o ineficiente. Dicho de otro modo, observo en Uruguay como en otros países, que repentinamente los políticos cada vez con más frecuencia pasan en escudarse en el cambio climático para así desligarse de sus responsabilidades ante eventos climáticos extremos».
Lo que ocurre en Uruguay ya pasó antes y sigue pasando, con distintas intensidades, en varios países. Esto sirve como prueba –según razonó Gudynas– de que Gobiernos y actores políticos muy diferentes entre si pueden fallar si persisten en una «mirada convencional» de estos problemas y «no logran incorporar la gestión ambiental y carecen de políticas ambientales vigorosas e innovadoras». 
«Estamos ante un serio problema sobre cómo la política que conocemos, propia del siglo XXI, sigue atada y restringida a la vieja política del siglo pasado, e incluso del siglo XIX, en sus limitaciones, contradicciones e incluso cegueras para entender las urgencias ecológicas», concluyó el experto.