4 de abril de 2025

Ricardo Gotta

El expresidente ultraderechista será juzgado por el intento de golpe de Estado de 2023 y podría recibir una condena de hasta 40 años. Las alternativas que se abren y su impacto político.

El pasado 30 de marzo, una masiva movilización en Río de Janeiro recordó el aniversario del golpe de Estado de 1964 que instauró más de dos décadas de dictadura en Brasil. Ese día, tanto en Río como en Brasilia y otras ciudades, miles y miles también reclamaron justicia por los hechos ocurridos el fatídico 8 de enero de 2023, cuando una muchedumbre asaltó la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia e intentó tomar los edificios, instigada por el expresidente Jair Messias Bolsonaro, junto a miembros de su extinguido Gobierno y de las Fuerzas Armadas. Fue tras perder las presidenciales de 2022 y días después de la asunción de Luiz Inácio Lula Da Silva.

Dos años después de la asonada golpista, Brasil parece otro. Y la lucha por la memoria y la justicia tuvo un espaldarazo relevante, recientemente, cuando por unanimidad el Supremo Tribunal Federal (STF) resolvió enviar a juicio a Bolsonaro por el intento de golpe de Estado a poco de dejar el poder.

Una paradoja, las dos caras de Brasil en la calle. Una segunda paradoja: En 2019, Bolsonaro fue electo y Lula estaba proscripto, entre rejas. ¿En 2026 será al revés?

Dos presidentes en la palestra. Uno que asumió tras las elecciones de 2018 (Bolsonaro), en las que el otro estaba proscripto (Lula) y trascurría 580 días en prisión por un evidente episodio de lawfare, acusado de delitos de corrupción y lavado de dinero, en un proceso pergeñado por el entonces juez Sergio Moro, y avalado (STF), luego enmendado ante la falsedad de la acusación. Aquel Bolsonaro que perdió su reelección en 2022 ante el retornado Lula hoy es acusado junto a su excandidato a vice, el general Walter Braga Netto, y una treintena de militares, en el marco de la actuación del juez Alexandre de Moraes (en consenso con sus cuatro conjueces). Es denunciado, a diferencia de Lula, por delitos graves y probados: intento de golpe de Estado; intento de abolición violenta del Estado democrático; organización criminal armada y daño calificado de patrimonio protegido o público. Les podría corresponder una pena de hasta 40 años.

Una nueva paradoja: Lula no tuvo un juicio justo; Bolsonaro lo tendrá: tal vez antes de fin de año acabe tras las rejas y no pueda presentarse en las presidenciales del 4 de octubre de 2026 (ya tiene una proscripción). Siempre en caso de que no lo beneficie una amnistía. 

Punto de inflexión
Consultado por Acción, Adão Villaverde, exdiputado por Río Grande del Sur y profesor de gestión del conocimiento, señala sobre el inminente juicio: «El apuro viene porque el STF quiere que haya sentencia para no llegar al 2026, año electoral. La acusación es muy fuerte, casi irrefutable. Un dato concluyente: ningún abogado defensor apeló la existencia de tentativa de golpe. Todos sí, dicen que su cliente no participó del proceso». Define: «Desde el punto de vista democrático, es clave que haya un fallo contundente».

El politólogo Ricardo Romero, por su parte, reafirma ante la requisitoria de Acción: «La política brasileña vive un punto de inflexión. Requiere que el expresidente vaya a prisión para salvaguardar la salud de la democracia, aun cuando él intente mantenerse en un liderazgo de bolsonarismo sin Jair». Es complejo: ya se prueban su traje. Por caso, el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, confeso admirador de Javier Milei. 

«Estamos viviendo una época con muchas luces y sombras. El conservadurismo sigue instalado en los tres poderes. Hay una presencia importante en el Congreso y tiene como pieza de articulación el propio Partido Liberal de Bolsonaro. Claro que Lula logra, con esfuerzo, el rescate de la mejor tradición de programas sociales de sus anteriores gobiernos a partir de una intrincada negociación», le dice a Acción el analista político Féliz Sánchez. 

A la vez, paradójicamente, admite que «el gobierno de Bolsonaro generó muchas tensiones en el seno del poder. Provocó muchos ataques a derechos fundamentales, políticos y sociales, y exacerbó la fuerza del sector militar más retrógrado. Además, el intento de golpe generó el gran temor de una vuelta a los tiempos de la dictadura. El STF tomó una línea mucho más positiva. Ya no responde a los sectores conservadores». 

A su vez, y de cara a un nuevo proceso electoral (en 2026 habrá comicios presidenciales), los tres entrevistados señalan que el único con chances de derrotar al bolsonarismo es Lula, dado que la oposición no tiene un candidato claro.

Rejas, amnistía, fuga
Los seguidores de Bolsonaro vienen convocando movilizaciones –algunas muy numerosas– para reclamar «amnistía» contra su líder. Sin embargo, el pedido no cuenta con el apoyo mayoritario de la sociedad, por caso, la consultora Datafolha difundió que el 62% de los brasileños rechaza la amnistía. En ese sentido, se abren interrogantes: ¿Aceptará Bolsonaro ir a prisión, como lo hizo Lula? El juicio se realizará si no prevalece la amnistía que impulsa un amplio sector de la derecha, sobre hechos acontecidos durante las elecciones del 2022 y en enero del 2023: limpiaría a los 376 ya condenados con penas de entre 17 y 3 años de cárcel y a decenas de prófugos: en Argentina hay más de medio centenar, incluso con pedido de captura de Interpol. Huyeron, como «el Indio Leo», Leonardo Rodrígues de Jesús, hijo de Rosemeire Nantes (una cuñada de Bolsonaro), exconsejero de Cascavel en el estado de Paraná, que escapó a Buenos Aires y pidió asilo político. O como Roberto, el hijo mayor del expresidente, el mismo que estuvo en la asunción de Javier Milei: hace un año abrió Braz Global Holding LLC, una empresa que se dedica a propagar falsedades en Brasil. La creó en Texas, Estados Unidos, hacia donde escapó para hacer lobby con Donald Trump.

Bolsonaro niega una posible fuga, mientras en su entorno se habla de «persecución política» de parte de la «dictadura comunista», una estrategia de sus asesores para fabricar olas de rumores y mensajes en las redes. Un terreno propicio para denostar a Lula, al vice Geraldo Alckmin y al magistrado Alexandre de Moraes. 

Los próximos meses serán decisivos en un proceso judicial que puede marcar un quiebre en la historia reciente del país. Habrá que tener en cuenta, en ese sentido, los testimonios. Cabe recordar que según el arrepentido teniente coronel Mauro Cid, el plan golpista que comandó Jair Bolsonaro empezó a urdirse en 2021, con Lula ya libre y potencial candidato e implicaba una masacre institucional: el asesinato de los dos políticos y el magistrado.