9 de diciembre de 2023

Ricardo Gotta

La investidura de Pedro Sánchez conlleva una amnistía a los independentistas catalanes, rechazada por la derecha y la ultraderecha. La agenda que viene de un Gobierno con mayoría de mujeres.

Cuando el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) hizo caer al presidente Mariano Rajoy, del Partido Popular (PP), en 2018, con una moción de censura, se instaló la presunción de que la izquierda solo gobernaría una transición breve. No fue así y consiguió sostenerse en el poder (aún con dos gobiernos interrumpidos por sendas crisis que requirieron del voto popular para la continuidad). Ahora, el presidente Pedro Sánchez, del PSOE, fue nuevamente investido gracias al apoyo de varios partidos regionales, entre ellos los independentistas catalanes. Fue su resurrección tras unas elecciones municipales en las que arrasó la derecha, en mayo; luego, en julio, el PSOE quedó segundo en las parlamentarias, aunque en mejores condiciones que la derecha y ultraderecha para formar Gobierno. Así fue. Sánchez obtuvo 179 votos de ocho grupos políticos diferentes, contra los 171 de la oposición.
«Es por lejos el político más perspicaz. El único que sabe reinventarse. Un socialista del siglo XXI al que nunca le falta un as en la manga», sentenció la socióloga española Lola Vacuenca.
Pedro Sánchez Pérez-Castejón, el joven que asumió a los 46 y, ahora, a los 51, logra volver a ser investido lleva cinco años en el poder. Quiere llegar, al menos, a nueve. Su principal desafío será gobernar a una España partida, con la grieta más profunda de su etapa democrática. La mecha, el verdadero nudo gordiano, es el acuerdo para una amnistía de los independentistas catalanes.
Cuando la presidenta de Diputados, Francina Armengol, el jueves 16 de noviembre validó la votación que le permitió a Sánchez seguir habitando el Palacio de la Moncloa, la victoria fue festejada de un modo exuberante por un sector importante de la sociedad. Sin embargo, a las pocas horas, impactaron las imágenes de mareas humanas que desbordaron Cibeles, el Prado, Recoletos, hasta la Puerta de Alcalá: la convocatoria superó a PP y Vox. Se habló de un millón de personas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya lanzó una convocatoria «para defender la Constitución» del 78, que el 29 de diciembre cumplirá 45 años de su promulgación. Mientras, sin remilgos, la derecha instó a la Unión Europea para que intervenga y sancione a España, como lo hizo con Polonia, Hungría y Rumania.
Al mismo tiempo, como si nada, Sánchez constituyó un nuevo gabinete con un notorio perfil femenino (ver recuadro).

Mayoría
Los 121 escaños propios no le bastaban al PSOE. Tampoco con apoyo de Sumar y Podemos, dos partidos de izquierda. Alineó, por tanto, a partidos regionales, con concesiones fuertes como, por caso, una millonaria condonación de deuda a la Generalitat de Catalunya para enfriar su cuadro financiero calamitoso y el traspaso de Rodalíes, el sistema de transporte público. Como se señalara en otra nota, tras las legislativas de julio, los separatistas catalanes jugaron un rol clave («El árbitro no es Vox sino Junt», se dijo) a pesar de su escueto bagaje de votos. Los hicieron valer. 
Celebró unos de sus líderes, Carles Puigdemont i Casamajón. No pisa España, amenazado de marchar preso como sus compañeros que participaron en la revuelta secesionista de 2017. Se plantó en la amnistía. La logró. Eso costó los siete votos de Junts para apoyar al PSOE.
En ese plano, poco se conoce aún de la letra del pacto. Sí que incluirá la posibilidad de un referéndum en Cataluña y el riesgo que se replique en otras regiones: cuando estallaron disidencias nada nimias en el interior del PSOE con quienes consideraron que se superaba el límite, Sánchez justificó: «Hemos hecho de la necesidad, virtud».
También recordó otros ejemplos de referéndums emblemáticos: Quebec-Canadá o Escocia-Reino Unido, que no habilitaron independencia alguna. Le recordaron el controversial 90,81% de la compulsa del 2017 ante la pregunta «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?». Aquella iniciativa, que desencadenó en un proceso judicial contra los líderes independentistas, motivó el exilio de Puigdemont, quien siempre tuvo como objetivo regresar a España y a la actividad política en su tierra.
La historia española desde tiempos de Primo de Rivera, y por supuesto la más reciente, está regada de amnistías e indultos. Sánchez, en su discurso tras la investidura, no olvidó siquiera a Javier Milei a quien le endilgó tener un «delirante discurso reaccionario». Lo acusó: «Le hemos escuchado decir “La justicia social es una aberración y es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley”. Algo de lo que en España estamos, en fin, curados de espanto. No nos sorprende, si no fuese porque ya lo había dicho antes la líder intelectual del PP, la señora (Isabel Díaz) Ayuso, cuando afirmó, señorías, no es broma, que la justicia social es un invento de la izquierda para promover la cultura de la envidia». Tiró munición gruesa contra la ultraderecha y recordó los variopintos 898 indultados de Rajoy. No lo hizo con los 5.948 de José María Aznar (otro PP): tampoco con los 5.944 de Felipe González y 3.381 de José Luis Rodríguez Zapatero.
Vascos, gallegos, catalanes, la mitad de España, o toda, debe digerir el intrincado pacto. 
El escritor y polítogo Jaime Pastor Verdú advierte que «con la ley de amnistía, lo que emerge es una radicalización de las derechas que se encolumnan en la agenda de Vox», lo que puede significar una dificultad para el Gobierno que puso «en primer plano el eje del conflicto territorial». Resalta que «la situación económica no es tan grave como la del entorno europeo», aunque admite que hay distintos focos que generan «malestar social». Marca, como ejemplo, el «precio de la vivienda».
Los medios españoles, más allá de las tendencias, hablan de deuda pública 2024; crisis de precios (en inflación anual del 3,5%), subvención al transporte y salud pública; reducción progresiva de la jornada laboral hasta 37,5 horas en 2025 sin merma salarial; la crisis energética derivada de la guerra del Este y el reto del cambio ambiental; una profunda reforma fiscal y del sistema de financiación autonómica. Nadie subestima lo clave que será la postura del Gobierno ante el auge de la ultraderecha en distintas partes del mundo. Sánchez tal vez mire al sur americano para analizar la grieta que se ahonda en la sociedad que gobierna. Incluso en las Fuerzas Armadas, aunque no haya picado el brote rebelde surgido de la Asociación de Militares Españoles, los mandos retirados que se despacharon en las redes, exigiendo a los activos que destituyeran a Sánchez y que convocasen a nuevas elecciones generales. Como si fuera poco: el diario La Vanguardia se hizo eco de que un sector de generales de división, de brigada, coroneles, tenientes coroneles, comandantes y capitanes bajaron una línea vindicatoria de la dictadura franquista. Con un corolario que estremece: «Habría que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta».
Otro capítulo de un país en el que las heridas siguen abiertas. En ese terreno de locura, el gran desafío para Sánchez es tratar de acortar los términos de la grieta.