6 de junio de 2024

Pablo Uncos (Desde Bogotá)

El presidente Petro enfrenta el rechazo de la derecha a su agenda de reformas sociales y económicas. Los avances y los errores no forzados. Los acuerdos de paz como oportunidad.

A poco de cumplir dos años en el poder, y en un clima de alta polarización, el presidente colombiano Gustavo Petro enfrenta rechazos a su programa de reformas progresistas, muchas de ellas de cambio estructural en la política y la economía del país. A eso se suma que crece la desaprobación a su gestión, según la última medición de la consultora Invamer. En diálogo con Acción, el reconocido politólogo y director de la fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, explicó que «como el Gobierno carece de mayoría parlamentaria para impulsar los cambios, recurre constantemente a la movilización social». Por todo ello, «Colombia atraviesa un momento de incertidumbre y de duras tensiones en donde el Gobierno anuncia cambios que aún no aparecen», concluyó Valencia.

Frente a una derecha que no le da respiro y busca desestabilizar, Petro responde con anuncios en redes sociales que avivan polémicas, pero que a la vez enredan a sus propios voceros y partidarios, como la propuesta de una Asamblea Constituyente –algo que Petro descartó en la campaña electoral–, o el anuncio de que irá ante la ONU a denunciar al propio Estado colombiano por no cumplir los Acuerdos de Paz firmados con las exguerrillas de las FARC en 2016. 

¿Cambios insuficientes?
En 2022, Petro llegó a la Casa de Nariño como el presidente más votado en la historia Colombia. Al principio consiguió que el Congreso apruebe dos de sus grandes herramientas de gestión: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Plan de Paz Total. Sobre el primero, Aura Rodríguez, coordinadora nacional de Derechos Humanos de la Corporación «Viva la Ciudadanía», explicó que el PND incorpora gran parte de las reivindicaciones históricas de los movimientos sociales colombianos, como el ordenamiento territorial en torno del agua, el derecho a la alimentación y la sostenibilidad ambiental en armonía con la naturaleza. En diálogo con Acción, Rodríguez destacó que «este Plan emplea una concepción de “seguridad humana”, que reemplaza a la tradicional concepción militarista de las épocas de guerra, y esto es una gran innovación, porque se pone en el centro del debate sobre la seguridad a las condiciones de vida de la población y su ejercicio pleno de derechos, como salud y la educación».

Por su parte, la directora de las investigaciones ambientales del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad Dejusticia, Laura Santacoloma, destacó los límites que impulsa el Gobierno al modelo extractivista y minero. En diálogo con Acción, Santacoloma defendió «la buena disposición del Gobierno para implementar los acuerdos de paz, especialmente el punto de reforma rural integral, que involucra un manejo sostenible de los bosques y la revisión de estructuras ambientales que presionan la vulnerabilidad de los campesinos». Sin embargo, advirtió sobre la preeminencia de sesgos promercado: «Los esquemas de protección de bosques basados en principios éticos son insuficientes y terminan acudiendo a fórmulas basadas en productividad, de modo que si no son productivos no hay manera de garantizar derechos territoriales a las poblaciones que allí habitan», concluyó la especialista. 

Sobre el resto de las reformas ya se aprobó la Tributaria, y se siguen discutiendo los proyectos de reforma Pensional, Educativa y Laboral, mientras que ya se cayeron la reforma de Salud y la reforma Política. 

Partido al medio
El debate político se lleva a cabo en un escenario de alta polarización. Líderes opositores como el excandidato de derecha Federico Gutiérrez –rival de Petro en las últimas presidenciales– exigen la renuncia del presidente casi desde el día en que asumió el cargo, mientras que figuras del uribismo impulsan desde comienzos de este año un juicio político por denuncias de supuesto financiamiento ilegal de la campaña del ahora presidente, que hasta ahora solo involucran directamente a su hijo Nicolás Petro. 

Por su parte, algunos medios tradicionales mantienen una guerra sistemática a la que Petro y varios de sus ministros responden por redes sociales, contribuyendo al escalamiento de la polémica. En diálogo con Acción, el director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Jonathan Bock, explicó que «según la Corte IDH, los jefes de Estado deben seguir unas reglas de mayor tolerancia frente al trabajo periodístico». Bock señaló que la llegada de Gustavo Petro a la presidencia generó un cambio de paradigma en la relación gobierno/medios: «Los grupos económico-mediáticos más concentrados eran mucho más cercanas a los Gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque, pero ahora tienen el desafío de cubrir un Gobierno con códigos distintos». En ese marco, señaló Bock, «en algunos medios ha primado más la opinión que la información; es que en Colombia no existen asociaciones de la sociedad civil o de la academia que hagan de contrapesos y le hablen al sector mediático para fomentar una autoregulación».

La polarización en medios y redes sociales tienen su correlato en las calles. Como respuesta a proyecto de reforma pensional de finales de abril, los derechistas Partido de Centro Democrático (uribismo) y Cambio Radical, junto a militares retirados y jubilados de las fuerzas armadas y de la policía, impulsaron marchas masivas en Bogotá y varias ciudades importantes. Ello encendió las alarmas en el Gobierno que convocó a una contramarcha para el 1 de mayo, a la que asistieron sindicatos, movimientos sociales y miles de autoconvocados que defienden al Gobierno. En una plaza colmada, el presidente retomó la iniciativa y anunció la suspensión de relaciones diplomáticas con Israel: «No puede volver la época del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra humanidad. Si muere Palestina, muere la humanidad», enfatizó. 

El reto de profundizar la democracia
El Gobierno aún cuenta con una chance de revertir la situación, pero dependerá de terceros actores. El ambicioso proyecto de Paz Total sería la coronación de la pacificación completa del país. Ello requiere convencer a una multiplicidad de actores armados ilegales –Ejército de Liberación Nacional (ELN), ramanentes paramilitares y disidencias de FARC– para que cesen sus acciones, en muchos casos alimentadas por redes internacionales de narcotráfico. 

Sobre este punto, Leon Valencia es contundente: «Lo único que podría darle un nuevo impulso al gobierno de Petro es un acuerdo de paz». Sobre este punto explicó que la pacificación profundiza la democracia: «La desmovilización del M-19, de donde proviene Petro, permitió la Constitución de 1991. En esa línea, la llegada de Petro a la presidencia en 2022 cerró un ciclo de 60 años de violencia política por la inclusión de la izquierda y la democratización completa». Valencia es optimista respecto de las actuales negociaciones de paz: «Yo no le veo futuro a la guerra. Los comandantes del ELN son inteligentes y están ante un Gobierno de izquierdas que los necesita para el cambio». Habla con conocimiento de causa porque él mismo integró esa guerrilla, pero dejó las armas con los acuerdos de paz de 1994, y ahora alienta a sus excompañeros: «Si firman la paz, jalonarían a los demás grupos para que también firmen, como un efecto dominó». Ese sería un éxito importante para el primer Gobierno de izquierda de la historia de Colombia.