20 de mayo de 2021

Diego Pietrafesa

Alineado con Estados Unidos, el Gobierno de Guatemala impide el paso de una nueva caravana proveniente de Honduras. Los derechos vulnerados y la dramática situación de la niñez La política de deportación continúa con Joseph Biden.

Lo llaman el Triángulo del Norte pero bien pudieran rebautizarlo como el Triángulo de las Bermudas: hombres, mujeres y niños deambulan por Centroamérica como fantasmas en caravanas que parten desde Honduras, El Salvador y Guatemala para llegar a Estados Unidos vía México. En Guatemala la crisis migratoria se exhibe de modo descarnado.
La situación en esa parte del continente es dramática: los amenazan con desalentarlos a tiros en sus propios países de origen, no les prometen asilo por donde transitan y la bienvenida en el paraíso que anhelan no es la que imaginan. El cambio de inquilino en el Salón Oval pareció emitir señales favorables a los migrantes y era lógico: nada podría ser peor para ellos que Donald Trump. La realidad es otra, desde Washington buscan diferenciarse de la gestión anterior, pero sostienen todavía una de sus armas más eficaces contra los recién llegados: el Título 42. Se trata de un artículo del Código estadounidense impulsado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y rubricado por Trump, que decreta la deportación de toda persona que represente «un alto riesgo de salud pública» durante la pandemia.
Por tercera vez en el año, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, decretó el Estado de Prevención en algunas regiones, un anclaje legal que lo autoriza a «disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública que se llevare a cabo sin la debida autorización». El Gobierno se había enterado por redes sociales de que un nuevo contingente de salvadoreños y hondureños se aprestaba a ingresar a su territorio para seguir viaje y buscó frenar ese impulso con la sola amenaza de lo que ya había hecho. En enero, policías y soldados atacaron a balazos, golpes de bastón y gas pimienta a un centenar de personas que se preparaban para continuar camino.
La herida abierta de Guatemala (y sus vecinos de continente) puede graficarse en un nombre: Izabal. Es uno de los departamentos sobre el que Giammattei dictó el Estado de Prevención y es el distrito de Guatemala donde más castiga la desnutrición infantil: uno de cada dos menores de 7 años se va a dormir cada noche sin haber tenido en el día un plato de comida enfrente. El dato navega por las aguas del golfo de México, pisa tierra azteca y al cruzar el río Bravo se vuelve aún más doloroso: en los últimos meses 16.000 niños llegaron a Estados Unidos sin compañía de mayores.

A la intemperie
No es que la infancia sea la única castigada en Guatemala, donde el 60% de la población es pobre y se registran, según el Banco Interamericano, los peores índices regionales de formalidad laboral, igualdad de género y cobertura de salud pública. Pero ser chico, chica, y no tener más que lo puesto es la hendija por la cual entrar al «gran sueño americano». La Casa Blanca mantiene vigentes leyes de protección a la niñez que obligan a recibir a los migrantes menores de edad. Por eso, el presidente norteamericano Joe Biden sostuvo que honraría esas normas porque «la situación es inaceptable». Lo hizo luego de que se difundieran imágenes de instalaciones del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras en Texas. En un lugar habilitado para 250 personas viven 4.100; 3.400 de ellas menores no acompañados. Pese a que el plazo de estadía hasta que se les permita a los niños ingresar formalmente y con papeles a Estados Unidos es de 72 horas, muchos de ellos llevan alojados allí más de una quincena.
«No vengan, la frontera no está abierta», suplicó Juan González, asistente de Seguridad para el Hemisferio Occidental del Gobierno demócrata. El funcionario salió al cruce de lo que muchos interpretaron (o mal interpretaron) cuando Biden terminó con algunas medidas restrictivas hacia los inmigrantes que había ordenado Trump. Canceló por 100 días las deportaciones de indocumentados y permitió que los que huían de sus países pudieran ingresar a Estados Unidos para tramitar allí su asilo cuando antes debían intentarlo en México.
«No me disculpo por poner fin a programas que no existían antes de que Trump fuera elegido presidente y que tienen un impacto increíblemente negativo en la ley, el derecho internacional y la dignidad humana», señaló Biden. Esas palabras afilaron en Guatemala los colmillos de los «coyotes», traficantes de personas que cobran entre 5.000 y 10.000 dólares por embarcar en precarios botes a sus presas. Es muy peligroso: se calcula que un tercio de los que se lanzan al mar mueren en el intento, otro tercio es apresado en tierra antes de partir y solo el resto logra terminar la travesía. En tiempos de COVID-19, la enorme mayoría de los migrantes que Estados Unidos rechaza son víctimas del Título 42. Biden no modificó esa barrera y en la actualidad el Título 42 justifica la expulsión de nueve de cada diez rechazados.
Amigo del poder económico y los militares, opositor al matrimonio igualitario y al aborto seguro, legal y gratuito, Giammattei busca sacar a Guatemala de una larga crisis. Corre contra el tiempo y contra el espanto de sus compatriotas más olvidados, esos que prefieren irse a ninguna parte con tal de no quedarse allí.