1 de diciembre de 2025

Tomás Forster

La primera ministra Giorgia Meloni cumplió tres años en el poder y apuesta a profundizar su agenda de ultraderecha. Las claves de un modelo que pone en riesgo la vida democrática.

El 22 de octubre pasado, Giorgia Meloni cumplió tres años al frente del Ejecutivo italiano. En un país que se ha caracterizado por la inestabilidad política, la coalición de derechas encabezada por el partido Fratelli d’Italia, de Meloni, la Lega, de Matteo Salvini, y Forza Italia, referenciada en el extinto Silvio Berlusconi, se convirtió en el tercer Gobierno más duradero desde la instauración de la República, luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Anteriormente, solo Berlusconi, en sus mandatos de 2001-2005 y 2008-2011, había estado más tiempo que Meloni como primer ministro o presidente del Consejo de Ministros, tal como se denomina formalmente, en el país peninsular, a dicho cargo.

Meloni es también la primera mujer que gobierna Italia. Una ironía que lo sea una representante del campo de la ultraderecha, quien desde que asumió con su lema «Dios, patria y familia» pretendió dar marcha atrás con las políticas y derechos conquistados en materia de igualdad de género. Pero, ¿cuáles son los motivos que explican la fortaleza que logró, al menos de momento, esta política romana, de signo posfascista, en un sistema político tan volátil como el italiano? ¿Y hasta dónde avanzó y puede avanzar en su proyecto con objetivos explícitamente reaccionarios, en términos de erosión del Estado de derecho y de la vida democrática?

El inesperado eje Roma-Bruselas
En primer lugar, Meloni logró proyectar una imagen internacional de líder conservadora pero a la vez pragmática y dialoguista. Desde que llegó al Palacio Chigi, Meloni revisó su anterior posición euroescéptica y viró hacia un sostenido acercamiento a la Unión Europea (UE). Este desplazamiento resultó en el apoyo material y discursivo de Bruselas a la restrictiva política inmigratoria del Gobierno italiano, lo que llegó a incluir el financiamiento de un controversial centro de deportación de inmigrantes, situado en Albania, y de cuantiosos fondos a los controles fronterizos en el Mar Mediterráneo. El eslogan «Italia cambia Europa», utilizado por Fratelli d’Italia para las elecciones parlamentarias de la UE en 2024, parece haberse hecho realidad toda vez que Bruselas financia y suscribe al endurecimiento de la política migratoria promovido por Roma.

Además, Meloni consiguió, gracias a su buena sintonía con Ursula von der Leyen –presidenta de la Comisión Europea–, asegurarse la continuidad de los fondos europeos de recuperación postpandémica (acordados anteriormente, durante el gobierno de Giuseppe Conte) del que Italia es el principal país beneficiario del bloque regional.
Su creciente influencia internacional le sirvió también a Meloni para fortalecerse en el ámbito nacional, consolidando su liderazgo entre su base electoral y en detrimento de potenciales competidores como Salvini o Antonio Tajani, de Forza Italia. Además, mientras Meloni unificó en torno de sí a las distintas corrientes y actores de la derecha italiana, la oposición se encuentra dividida, afectada por las tensiones entre los dos partidos que llegaron a conformar coaliciones de gobierno anteriormente y que, como consecuencia de aquellas fallidas experiencias, sufren actualmente el descrédito de la ciudadanía. Se trata del movimiento 5 Estrellas, que surgió en la década anterior como expresión de la «anticasta» y la «antipolítica» con el liderazgo del comediante Beppe Grillo y que es conducido actualmente por el expremier Giuseppe Conte, y la centroizquierda del Partido Democrático, en crisis desde los tiempos de Matteo Renzi y liderado ahora por la diputada Elly Schlein.

Este escenario fue aprovechado por el Gobierno de ultraderecha para desplegar una agenda regresiva en varios frentes que, de no mediar contundentes expresiones de resistencia desde la propia sociedad italiana, es plausible que se intensifique de cara a 2027, cuando finaliza el mandato de Meloni.

En ese marco, entre el domingo 24 y el lunes 25 de noviembre pasado se celebraron unas elecciones en las regiones de Campania, Puglia y Véneto, que no arrojaron grandes novedades: la derecha gobernante mantuvo el control en el norte (Véneto), mientras que la centroizquierda retuvo las dos jurisdicciones del sur. El hecho que sí llamó la atención en los días previos a las comicios, y que contribuyó a tensionar el clima político estuvo marcado por un cruce entre el Gobierno de Meloni y la presidencia encabezada por Sergio Mattarella.

El detonante fue la filtración, publicada en el diario La Verità, cercano a Fratelli d’Italia, de una conversación privada en la que participó un asesor de Mattarella, Francesco Saverio Garofani. En esa circunstancia, según el testimonio de una supuesta fuente anónima citada por dicho medio, Garofani habría hablado de hacer un complot contra el actual Gobierno. Acto seguido, allegados de Meloni, sin prueba alguna, salieron pública y airadamente a cuestionar a una de los dirigentes más cercanos a Mattarella, en lo que puede ser leído como un tiro por elevación al propio presidente, una figura que se pretende distante de los conflictos políticos coyunturales, a sabiendas del carácter eminentemente institucional, no gubernamental, de su investidura.

Economía del ajuste, política del control
Dentro del espectro de las ultraderechas europeas coexisten concepciones que plantean un tipo de Estado de bienestar de signo excluyente, de carácter chauvinista, como es el caso del modelo iliberal de Viktor Orbán en Hungría o la propuesta del lepenismo en Francia, con las apuestas promercado en extremo como las que impulsan Chega o Vox en la península ibérica. Meloni se ubica más cerca de los segundos e impulsó, en palabras de la especialista Francesca De Benedetti en un artículo que publicó en Nueva Sociedad, una «versión bastante radical del laissez-faire». En ese marco, Meloni llevó adelante un plan de reducción impositiva para los más ricos y avanzó en un fuerte ajuste macroeconómico. El déficit se redujo, la inflación está contenida, pero la economía sigue estancada, los salarios depreciados, la industria en caída y solo crece el empleo precarizado entre los jóvenes. La economía italiana, la tercera más grande de la eurozona, registra además un altísimo nivel de deuda pública, que ronda el 140% del PBI.

Con pocos resultados que mostrar en materia de reactivación económica, Meloni puso sus mayores esfuerzos en consolidar su dispositivo de cercenamiento de derechos. Atacó a las disidencias con medidas contra las familias LGTBI+, eliminó el programa Renta Ciudadana, que estaba destinado a las personas desempleadas y de bajos recursos, reprimió la protesta social y avanzó sobre la libertad de prensa con la intervención de la RAI, el emblemático canal de televisión público, como el hecho más preocupante.

Y como si todo esto fuera poco, en diversas oportunidades Meloni esbozó su proyecto de «premierato», que consiste básicamente en reformar la constitución parlamentaria para incluir la elección directa del jefe de Gobierno. Teniendo en cuenta los rasgos que mostró la primera ministra hasta ahora en el ejercicio del poder, es muy posible que, de concretarse semejante reforma, el giro autoritario que amenaza a la vida democrática en Italia termine de consolidarse.